Fernando Ballestero, en un comentario sobre los recientes premios Nobel de Economía (Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson), nos dice: "La credibilidad en las instituciones sociales y políticas de un país, y la posibilidad de control por los ciudadanos, es la base para la estabilidad y el progreso social y económico. Las sociedades inclusivas son más prósperas y estables".  

Hannah Arendt, una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX, reflexionó profundamente sobre la fragilidad de las instituciones y el riesgo de su descomposición. En Sobre la revolución (1963), Arendt plantea que la desconfianza en las instituciones está relacionada con la incapacidad de las personas para actuar juntas, lo que genera un vacío de poder que solo conduce al caos.  

Cuando se quiebra la institucionalidad, ese artilugio que llamamos Estado, creado por las sociedades modernas para organizar la vida en común y resolver los problemas sin recurrir a la violencia, resurge la expresión "Estado fallido". Este término se utiliza para referirse a países que, a pesar de tener una configuración formal de organización estatal, sufren un colapso de sus instituciones y no pueden cumplir con las funciones básicas del Estado: mantener el orden, proveer servicios esenciales, garantizar derechos y sostener un marco legal funcional.  

Sin embargo, a pesar de la crisis político-institucional que atraviesa España, no puede considerarse ni de lejos un Estado fallido. No lo diré yo, aunque las declaraciones enloquecidas de la presidenta de la Comunidad de Madrid sugieren que ella sí lo piensa. Las instituciones fundamentales siguen funcionando: el agua sigue saliendo de los grifos, el sistema de salud opera, y otros servicios básicos se mantienen. No obstante, como mencionaba Marx, la superestructura comienza a mostrar grietas. Esto nos lleva a cuestionar si las tensiones políticas no acabarán convirtiéndose en tensiones sociales y, finalmente, en crisis económicas que desquebrajen la infraestructura que nos permite vivir como vivimos.  

 

El reto inmediato para los líderes políticos es equilibrar sus intereses partidistas con el interés general del país. En este sentido, reforzar las instituciones y la sociedad civil es vital para combatir las mentiras y medias verdades que predominan en los enfrentamientos políticos. Esta tarea no recae solo en los políticos, sino en todos los ciudadanos.

Uno de los signos más preocupantes en la política española actual es la incapacidad de los líderes (todos) para reducir la polarización, lo que es un principio esencial para cualquier solución. No vamos a engañarnos: no tienen, ninguno, el más mínimo interés en ello.  

La polarización política ha estado presente desde el fin de la transición democrática, que algunos sitúan en la llegada de los socialistas al poder en 1982. Sin embargo, para entender lo que nos ocurre, sería más acertado decir que la transición política realmente terminó cuando los socialistas cedieron el testigo a la derecha en 1996. Durante aquellos años, ciertos ideólogos de derecha pensaban que las reiteradas victorias de Felipe González pondrían en peligro la democracia española, imaginando que los socialistas se resistirían a abandonar el gobierno voluntariamente. Fue un error de cálculo, ya que la democracia española no colapsó en ese momento. Este hecho demuestra la desconfianza mutua en la alternancia entre partidos, un problema que sigue afectando a la política actual.  

El verdadero problema de la fragilidad democrática en España se ha agudizado en la última década con la fragmentación del panorama político. Aunque la pluralidad de partidos pudo verse inicialmente como un síntoma de salud democrática que "aireaba" el bipartidismo, la realidad ha demostrado que muchos de los nuevos partidos no estaban interesados en regenerar la democracia, sino en ocupar el poder. Esto ha creado, además, un caos ideológico tanto en las filas del PSOE como en las del PP: los socialistas han dejado de lado, por ejemplo, su accidentalismo histórico y han abierto debates soterrados, como el de monarquía o república, que creíamos superados. Por su parte, el PP sigue intentando socavar la independencia judicial para ponerla al servicio de sus intereses políticos inmediatos. Estas son pruebas evidentes de irresponsabilidad democrática.