Este viernes las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad firmaban un importante acuerdo con la implantación de once medidas para intentar frenar la expansión del coronavirus antes de tomar decisiones más drásticas. Se trata de la prohibición de fumar en espacios públicos, el cierre de discotecas y pubs, limitar los horarios de la hostelería, reducción del aforo de las reuniones, etc.

Las primeras en implantar en sus territorios estas medidas han sido La Rioja y Murcia que desde este pasado sábado ya las tenían aprobadas. Se han sumado este domingo otras cuatro: Castilla y León, Cantabria, Andalucía y Galicia. Aunque algunas de ellas ya tenían activadas algunas de las propuestas que después se han extendido a otras zonas, como la prohibición de fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia de seguridad.

A lo largo de esta semana, el resto de comunidades darán luz verde a la nueva legislación. Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares lo harán en estos primeros días.

La Comunidad de Madrid, según ha avanzado el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero, confirman que tienen muy avanzadas las modificaciones para que entren en vigor como mucho el miércoles. La región madrileña es ahora mismo el centro de los rebrotes. Este viernes, los datos de nuevos contactos diarios ya se situaban alrededor de los 800 y en el acumulado de las dos últimas semanas se contabilizaban 11.400 nuevos enfermos de Covid-19. Ante estos datos, la Comunidad de Madrid hará desde este lunes hasta 10.000 pruebas PCR de forma aleatoria, centrándose principalmente en las áreas donde más incidencia está teniendo la enfermedad.

El País Vasco declara este lunes la emergencia sanitaria por lo que el lehendakari Urkullu asumirá el mando único ante la aceleración de los contagios. Y además han anunciado que podrían implantar más medidas que se sumen a las acordadas con el Ejecutivo Central.

Todos los territorios, independientemente de su situación epidemiológica, que es muy desigual, asumen así que deben poner en marcha toda una serie de medidas para cortar esta segunda ola que amenaza de nuevo con una grave crisis sanitaria. Se trata de decisiones como el cierre de discotecas y el ocio nocturno; cribados específicos para personal de centros sociosanitarios y residentes; reducción del aforo de reuniones, limitación de horarios a la hostelería… Pero ahora los juzgados superiores de Justicia de cada autonomía deben avalar estas medidas. Y durante el verano hemos visto cómo hay jueces que tumban en unos lugares las mismas medidas que se aceptan en otros. Las medidas afectan en ocasiones a derechos fundamentales por ello las autoridades deben justificar muy detalladamente las decisiones para que los juzgados puedan valorar si es adecuado el equilibrio entre garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía y la limitación de dichos derechos.

Así, por ejemplo, en Aragón, los tribunales tumbaron la decisión del Gobierno de establecer el cierre de la hostelería a la 1:00 de la mañana; mientras que en Madrid una jueza sí avaló la decisión de cerrar los locales de ocio y las terrazas a la 1:30 de la mañana. En el primer caso, la justicia determinó que no había “una justificación suficiente” de la imposición de dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en plena temporada alta de las vacaciones. Pero en la Comunidad de Madrid, la magistrada encargada de valorar y avalar la medida asumió justo lo contrario que la medida era “adecuada y proporcional dada la situación epidemiológica para disminuir la difusión del virus entre la población”, dijo la jueza.

Por tanto, ahora habrá que esperar qué decisiones se toman en cada una de las regiones. Cabe esperar a que, al ser una decisión consensuada entre todas las administraciones, la Justifica tome también una decisión unitaria y se asuman los mismos criterios.

Pero esto no esconde el profundo debate jurídico que se ha avivado en España tras el final del estado de alarma el pasado mes de marzo. Con la llegada de la ‘nueva normalidad’ han sido las Comunidades Autónomas las encargadas de tomar las decisiones en cada uno de sus territorios. Se trata de medidas de protección sanitaria para la ciudadanía, pero que en muchas ocasiones invade el territorio de las libertades y derechos constitucionales como la libertad de movimiento, de reunión, etc.

Las decisiones se están tomando en base a la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aprobada en 1986. Es una Ley Orgánica que autoriza a las autoridades sanitarias a tomar medidas “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. Por su carácter da base jurídica a determinadas restricciones de derechos fundamentales. Pero algunos juristas apuntan a que es una legislación que no está pensada para situaciones de pandemia como la actual sino que se diseñó más para determinados supuestos individuales. Por ejemplo, para un enfermo al que hay que obligar a estar hospitalizado, aunque pida el alta voluntaria por una patología infecciosa. Pero la situación se complica cuando hay que, por ejemplo, confinar a un municipio entero. Así, en Aranda de Duero el juez desestimó el cierre durante 14 días y lo redujo a 7 prorrogables.

En estos momentos se ve aún con más claridad lo que el PSOE y el Gobierno viene defendiendo desde el mes de marzo, que solo el estado de alarma faculta a las autoridades a tomar medidas determinadas, con todas las garantías jurídicas y con el control parlamentario. Por el contrario, se sigue sin entender la cerrazón del Partido Popular de negar en su momento el voto favorable al estado de alarma o pedir que se legisle en base a leyes ya aprobadas que son manifiestamente insuficientes.