El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el Gobierno que lidera sigue manteniendo el respaldo del Congreso de los Diputados en esta grave crisis sanitaria y económica que esta viviendo España. Es la síntesis de la larguísima sesión parlamentaria de este jueves en el Congreso de los Diputados donde los Grupos Parlamentarios debatieron y votaron la aprobación de la segunda prórroga del Estado de Alarma y tres importantes reales decretos-leyes que el Consejo de Ministros aprobó en semanas anteriores para amortiguar la crisis de la pandemia de la Covid-19.

No fue una sesión amable ni mucho menos, es más se vivieron momentos muy tensos con fuertes choques entre el propio Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado (PP); entre la portavoz socialista, Adriana Lastra y el presidente del Partido Popular; o entre las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz y otros representantes de la oposición. Las votaciones no fueron tan holgadas como en anteriores sesiones ya que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox votaron en contra de algunas medidas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no tuvo problemas para sacar adelante sus medidas.

Así el Pleno aprobó la autorización al Gobierno para una segunda prórroga del Estado de Alarma que se extenderá hasta el 26 de abril. El presidente Sánchez subió a la tribuna de oradores para explicar la solicitud de la prórroga donde adelantó que probablemente tendrá que pedir otra nueva prórroga si la lucha contra la Covid-19 aún continúa. A continuación, tomaron la palabra los representantes de los Grupos Parlamentarios Pablo Casado, Santiago Abascal, Pablo Echenique, Íñigo Errejón, Néstor Rego, Joan Baldoví, Edmundo Bal, Aitor Esteban, Oskar Matute, Carlos García Adanero, Mireia Vehí, Isidro Martínez y Tomas Guitarte. Todos ellos defendieron las diferentes posiciones de sus formaciones momento en el que el debate vivió sus más encendidos encontronazos. En la votación, 270 diputados y diputadas optaron por el sí, 54 lo hicieron en contra (Vox y la CUP) y se produjeron 25 abstenciones (de los grupos independentistas catalanes).

Tras este primer debate, se continuó con el debate y votación de tres reales decretos-leyes. Todos ellos contaron con el apoyo mayoritario de la cámara.

Los dos primeros, el 9/2020 y el 10/2020 fueron defendidos en la cámara baja por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ya que trataban temas laborales y medidas para hacer frente a la pandemia.

En lo que consideró como una “situación inédita para nuestro país”, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, definió las medidas aprobadas como una necesidad para “conseguir que nadie se quede atrás”. Yolanda Díaz explicó que “salvar vidas, proteger a las personas, situarlas en el centro mismo de nuestras preocupaciones como Gobierno es el fin de los decretos que hoy traemos a debate”.

En el Real Decreto-Ley 9/2020 se concretan medidas para la protección de las personas trabajadoras y de las empresas que pueden acogerse a los ERTE para suspender la actividad mientras dure este periodo excepcional sin destruir el tejido productivo y laboral de nuestro país. Este real decreto ley prohíbe que se puedan justificar despidos alegando causas relacionadas con el Covid-19 y prevé la protección de los trabajadores temporales, interrumpiendo el cómputo máximo de sus contratos si se suspenden en la pandemia. Además, se agiliza el procedimiento para que los afectados por ERTE perciban su prestación ya que solo será necesaria la solicitud colectiva que ha de presentar la empresa sin hacer necesaria la tramitación individual. El Real Decreto-Ley 9/2020 evita que se puedan aplicar ERTE y, por tanto, cerrar la actividad de los centros sanitarios y de atención a dependientes, considerando estas actividades como esenciales en un momento de emergencia sanitaria.

Este real decreto tuvo el respaldo del PSOE, de Unidas Podemos, de ERC, Ciudadanos, Junts, PNV, UPN, Coalición Canaria y Teruel Existe. Se abstuvieron Bildu, Más País, la CUP y BNG. Y votaron en contra PP, Vox y Foro Asturias.

El Real Decreto-Ley 10/2020 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19, responde a la necesidad de evitar todos los desplazamientos salvo los necesarios para mantener las actividades señaladas como esenciales en un entorno temporal adecuado como la Pascua y en un momento decisivo en la evolución de la pandemia. La vigencia de este permiso retribuido recuperable se ha prolongado entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos días inclusive.

Este real decreto tuvo el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, Más País, CC y Teruel Existe. Se Abstuvieron PNV, Bildu, UPN y BNG. Y votaron en contra PP, Vox, la CUP y Foro Asturias.

El tercer decreto ley, el 11/2020, presentaba el plan de ayudas económicas complementarias para paliar la crisis. Lo defendió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y busca la movilización de más de 900 millones de euros que se destinarán a la puesta en marcha de créditos y ayudas al alquiler.

Se trata de un paquete con unas 50 medidas, que incluye la prohibición de los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma; la articulación de microcréditos para los inquilinos en situación vulnerable; la creación de un subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y trabajadores temporales sin derecho a prestación; la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos; y la prohibición a las empresas cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma.

Quedó aprobado con 171 votos a favor, 174 abstenciones y 2 votos en contra.