Los fiscales del Tribunal Supremo han presentado este martes sus informes sobre las peticiones de indulto a los 12 políticos catalanes condenados por el ‘procés’ independista en Cataluña. En los escritos, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan en contra de conceder la medida de gracia que inició su tramitación el pasado septiembre, al considerar que no existen razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen aplicarlay que sería privilegiar “al gobernante desleal y corrupto”. Asimismo, la Fiscalía alerta de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política” para la obtención de “apoyos parlamentarios”. En algunos sectores judiciales ha sorprendido que el escrito de los fiscales no se limite a argumentos jurídicos y entre a valorar cuestiones políticas que no debería tocar para preservar la separación de poderes. Los informes de los cuatro fiscales han sido remitidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que espera también los preceptivos informes de la Abogacía del Estado para que también emita su propio dictamen.
Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el enjuiciamiento contra los políticos que llevaron adelante un plan de ruptura soberanista, más conocido como ‘procés’, han informado este martes de su posición contraria a indultar a los 12 presos políticos por sus delitos de sedición y malversación (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) y por su delito de desobediencia (Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó). Los representantes del Ministerio Publico, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, consideran que no se dan, en ninguno de los casos, los criterios de justicia, equidad o utilidad pública necesarios para apoyar la medida de gracia, según consta en los informes promovidos por cada uno de los fiscales.
Hay que recordar que el proceso de indultos se puso en marcha con la petición del abogado catalán Francesc de Jufresa hace más de un año, en diciembre del 2019 de esta medida de gracia que debe aceptar o rechazar el Gobierno de España. Además, hay otras peticiones de indulto sobre la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, por parte de UGT; sobre Carme Forcadell por parte de los tres expresidentes del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol. La obligación del Ejecutivo es dar trámite a este expediente de petición de incultos que ha estado paralizado por la pandemia del coronavirus pero que se reanudó el pasado mes de septiembre, como informó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, en el Congreso de los Diputados.
Dentro del procedimiento, se debe incluir informes del tribunal sancionador, en este caso, el Tribunal Supremo, que, a su vez, para completar su informe tiene que solicitar dictámenes a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Este martes fue la Fiscalía la que terminó su dictamen en el que destacan que “las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática”, han establecido.
En este sentido, los cuatro fiscales mantienen que el ‘procés’ atentó con violencia contra el orden constitucional, un argumento que ya proclamaron con la misma contundencia al inicio del caso, cuando en el Gobierno se encontraba el PP presidido por Mariano Rajoy.
Para el Ministerio Público, perdonar las penas de los presos políticos sería una decisión “tan injustificada como arbitraria”. “El ejercicio de responsabilidades públicas como miembros de un Gobierno autonómico conlleva unos especiales deberes de respeto y sujeción a la Constitución y a las leyes, y unas especiales responsabilidades en el cumplimiento de las mismas, cuya aplicación están obligados a garantizar ante la ciudadanía”, han indicado.
Para dejar aún más clara su posición, los fiscales han advertido de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio político en el campo del acopio de apoyos parlamentarios”, refiriéndose a que dos semanas antes el Gobierno tomó el apoyo de ERC, partido de Oriol Junqueras, a los Presupuestos Generales del Estado para 2021. En este punto, sorprende que desde la Fiscalía del Supremo se sientan legitimados a hacer valoraciones política alejadas de argumentos exclusivamente jurídicos, sobre todo cuando desde distintas instancias judiciales siempre se insta a los políticos a que no interfieran en los asuntos jurídicos. Sobre todo, cuando la Fiscalía tiene argumentos de sobra para justificar su rechazo a que se indulte a los políticos condenados.
“Quiebra inadmisible de la legalidad democrática”
En referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras, los representantes del Ministerio Público establecen que “eximir de responsabilidad, por esta vía del indulto, a quienes valiéndose de las funciones públicas de gobierno han quebrantado gravemente las leyes, a través de la ejecución de unos comportamientos delictivos extraordinariamente graves como lo son intentar la liquidación del orden constitucional o los actos de corrupción mediante la disposición de fondos públicos con fines criminales, además de vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias, supone una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley, al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto”.
Estas declaraciones insisten en que los hechos realizados por Junqueras acreditan “un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión”, que es el delito por el que se le acusó en el juicio.
Asimismo, en relación con los delitos de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, establecen que “extinguir total o parcialmente las penas que mereció la gravedad del delito cometido equivaldría a banalizar una grave, por intensa y extensa, sedición que afectó a la democracia representada por la Constitución, a los cauces democráticos de expresión colectiva y a la unidad del Estado”.
Vulneración de la Ley del indulto
Los fiscales estiman que llegar a indultar a los condenados por el ‘procés’ sería una vulneración de la “filosofía o espíritu” de la Ley del indulto. Para explicarlo, se remiten al artículo 102.3 de la Constitución que impide el indulto al presidente u otros miembros del Gobierno “si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
Aunque esta ley en principio hace referencia al Gobierno de España, los fiscales creen conveniente que el veto debe servir para todos los Gobiernos autonómicos: “si se atiende al alto grado de competencias que como Gobierno autonómico tenían conferidas, a que su ejercicio fue totalmente contrario a la ley y a la implicación de todo el Gobierno, se comprende que la distinción a efectos del artículo 102.3 entre el Gobierno de España y el Gobierno de una Comunidad autónoma carece de sentido”.
Tras el informe de los cuatro fiscales encargados del proceso soberanista catalán, la Sala de lo Penal pedirá también la opinión de la Abogacía del Estado, que está obligado a emitir su propio dictamen, al haber sido perjudicada por el delito de malversación. Asimismo, los siete magistrados del Tribunal Supremo que condenaron por sedición a los nueve líderes independentistas procederán después a elaborar sus conclusiones, que servirán al Gobierno para establecer una decisión definitiva.