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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (Foto: Europa Press)

El Gobierno apuesta por endurecer el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional y equiparar los delitos de rebelión y sedición a otros países europeos

martes 01 de diciembre de 2020, 15:01h

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado en qué consistirán las modificaciones previstas desde el Gobierno para el Código Penal. Campo ha defendido que, tras el proceso independentista en Cataluña de 2017, debe endurecerse el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, a la vez que deben “ajustarse” las sanciones sobre los delitos de rebelión y sedición a los ordenamientos jurídicos de los países cercanos. Aunque el plazo previsto para presentar el anteproyecto de reforma del Código Penal era a finales de año, el ministro ha afirmado que “no se sentirá en absoluto incumplidor” si se lleva a cabo más tarde.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aclarado la posición del Ejecutivo sobre los puntos más delicados de la reforma del Código Penal que se llevará a cabo en los próximos meses. El ministro ha explicado que aún está muy presente lo sucedido en el proceso independista catalán de 2017, por lo que una de las principales modificaciones del Código Penal será endurecer el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Es una de las carencias que veo particularmente”, ha comentado Campo. En este sentido, el titular de Justicia ha asegurado que la reforma del Código Penal reforzará este delito de desobediencia al tribunal de garantías, pero no ha dado más detalles. “Le dimos unos cometidos al Tribunal Constitucional, pero no hemos establecido cómo se castiga al que incumple lo que diga el tribunal”, ha declarado.

Asimismo, el titular de Justicia ha comentado que es preciso hacer una reflexión serena” sobre los delitos de rebelión y sedición. Según Campo, hay acontecimientos como la sentencia del Tribunal Constitucional contra los líderes independistas, el caso de Carles Puigdemont y sus exconsejeros en el exilio, que han sido condenados por sedición y malversación y que, a su vez, esta acción ha sido rechazada por tribunales europeos. Para el ministro, estos hechos han hecho “abrir los ojos” al Gobierno ante artículos que chirrían.

Por ello, el ministro piensa que se deben ajustar” las sanciones contempladas a los delitos de rebelión y sedición a los ordenamientos jurídicos de países europeos cercanos, que no fijan condenas de 13 años de prisión para este tipo de penas.

En cuanto al tiempo que tardará en llevarse a cabo la reforma del Código Penal, Campo ha señalado que aunque el plazo previsto para presentar el anteproyecto era a finales de este año, pero que “no se sentirá en absoluto incumplidor” si se lleva a cabo más tarde.

Adecuación a los códigos penales europeos

Campo ha comentado que la reforma de los delitos de sedición y rebelión se adecuará a lo establecido en otros códigos penales europeos como el francés, alemán, italiano o portugués. “Ahora nos ha puesto la realidad de golpe frente a ellos y somos conscientes de que hay que hacer una revisión”, ha establecido el ministro.

En este sentido, el titular de Justicia ha comentado que el Gobierno “abre el debate”, pero que las cámaras parlamentarias son las que tienen la última palabra sobre la aprobación del texto que señalará tales castigos. Aun así, ha recordado que se trata de “ajustar esas conductas muy graves a la proporcionalidad, no solo al resto del Código Penal, sino al resto de ordenamientos jurídicos en lo que nos movemos como referencia”, los cuales, ha apostillado, son “unánimes y no señalan 13 de años” de cárcel.

Indultos a los condenados por el ‘procés’

En referencia a los indultos de los condenados por el ‘procés’, Campo ha explicado que el Ministerio de Justicia se trata de un “mero impulsor, que solo los ha “tramitado” y “remitido al Tribunal Supremo”.

Asimismo, en el caso de que al final se llegue a aprobar la reforma del Código Penal y disminuyan las penas previstas para los delitos de rebelión y sedición, acordes con los ordenamientos jurídicos de otros países del entorno, el ministro de Justicia ha comentado que Puigdemont “podría beneficiarse de esta reforma en caso de que fuera entregado a la justicia española, de cara a una eventual sentencia condenatoria”.

La Constitución establece que si hay una resolución, una modificación legislativa que tiene mayor gravedad no se aplica a nadie, porque los hechos hay que enjuiciarlos conforme al Código que estaba vigente, pero es justo lo contrario cuando es más beneficiosa. Por tanto, si hubiera una adecuación a las penas del Código francés, italiano, alemán o portugués, pues evidentemente el Supremo tendría que entrar a valorar si es revisable la sentencia”, ha declarado Campo.

El Gobierno “no es Pimpinela

El ministro de Justicia también ha querido resaltar que, a pesar de las tensiones internas, el Gobierno de coalición “no es Pimpinela. De esta forma, ha asegurado que el Gobierno español “está unido”.

Todos sabemos que no podemos hacer un 'olvídame y pega la vuelta'”, ha recalcado, explicando que “la aritmética parlamentaria en un Parlamento tan fragmentado es muy caprichosa”.

Además, Campo ha aprovechado para defender que “todos los representantes de la ciudadanía gozan de legitimidad, refiriéndose a los apoyos que el Gobierno ha recabado de Bildu y ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ciudadanos se niega a los cambios en los delitos de rebelión y sedición

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, estima “muy correcto” que Juan Carlos Campo plantee reforzar las penas por desobediencia al Tribunal Constitucional, pero ha criticado “la reforma a la carta” de los delitos de rebelión y sedición.

Bal considera “espeluznantes” las explicaciones que ha dado Campo para justificar las reformas en estos delitos, ya que “no buscan el interés general”, sino que benefician al Gobierno y a los independentistas.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha establecido que preguntarán al Gobierno en un escrito si esta propuesta “inaceptable” sobre la modificación de las penas de rebelión y sedición se debe auna contrapartida” a ERC por votar sí a los Presupuestos, como lo fue también, según Bal, la supresión del castellano como lengua vehicular en la nueva ley educativa.

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