El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que viene a reforzar las lagunas que quedaron pendientes en la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las medidas que contempla la nueva legislación destaca la asunción del Estado de la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo que aún permanecen en cientos de fosas comunes repartidas por todo el territorio. Además, se terminará con la legalidad de aquellas fundaciones que hagan apología del franquismo. Los socialistas destacan que esta Ley significa la “consolidación de un proceso que va mucho más allá de lo que la legislación vigente prevé en cuanto a recuperación de nuestra memoria, a las obligaciones de los poderes públicos para que se puedan recuperar los restos mortales de las víctimas de la represión y consolidar nuestra historia como país”.
La Ley de Historia Democrática inicia este martes el largo proceso parlamentario hasta su aprobación después de que el Consejo de Ministro haya dado luz verde al texto presentado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo. Ahora deberá ser remitido a los órganos consultivos antes de su llegada al Congreso de los Diputados. Aunque desde el Gobierno apuntan a que su intención será que no se alarguen los plazos en exceso.
La nueva norma recoge las reclamaciones de las asociaciones de memoria histórica y las peticiones de organismos internacionales como Naciones Unidas y viene a completar la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de Zapatero.
Entre las medidas que se incluyen en el texto destaca la asunción del Estado de la tarea de exhumación de fosas comunes donde aún están decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Se espera la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones de fosas que se sufragará con dinero público y se activará un Banco Nacional de ADN con el objeto de identificar a la mayor parte de víctimas posibles. Estas medidas no son más que poner en marcha las recomendaciones que lleva años señalando a nuestro país organismos como Naciones Unidas.
Otro de los puntos principales de la ley es prohibición de la existencia de fundaciones y organizaciones que hagan apología del franquismo. La Ley propugna que la apología del franquismo o la incitación al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo es “contraria al interés general”. Así organizaciones como la Fundación Francisco Franco podrán ser ilegalizadas. Se sitúa así España al nivel de legislaciones de otros países europeos como Alemania donde está prohibida cualquier apología del nazismo. Además, el propio Parlamento Europeo ha instado a España a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. En el 2018, la Eurocámara aprobó un texto consensuado por cinco grupos políticos, incluidos los populares (donde se encuentra el PP) y los liberales (donde está Ciudadanos) pidiendo la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo en todas sus formas, y el franquismo fue una de ellas. En aquella resolución, los europarlamentarios instaban a los gobiernos de la UE que persiguieran los delitos de odio ante la proliferación de grupos ultras que ensalzan el fascismo, el racismo y la xenofobia.
La norma declara ilegítimos los tribunales y jurados formados durante la Guerra Civil y, por tanto, también revocará sus sentencias, como por ejemplo la que sentenció a muerte al presidente catalán durante la II República, Lluís Companys. En este punto, se detalla que también son ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra que fueron “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”.
Otro de los puntos de la Ley establece la creación de una nueva Fiscalía que se encargará de la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la dictadura y eso incluye todos los posibles crímenes anteriores a la aprobación y entrada en vigor de la Constitución. Pero aquí hay un límite, solo se investigarán aquellos hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha detallado también todo lo referente al Valle de los Caídos y a la resignificación que quiere darle el Gobierno a este enclave que albergó los restos del dictador Francisco Franco hasta su exhumación el pasado año.
La dirigente socialista ha explicado que la intención es convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional en el que “las 30.000 víctimas de los dos bandos tengan paz y respeto”.
La vicepresidenta ha adelantado, igualmente que la Ley establece dos fechas señaladas, una el 31 de octubre que es el día en el que se aprobó el proyecto de Constitución Española de 1978 y otra el 8 de mayo, que a partir de ahora será un día de reconocimiento a aquellos que lucharon contra el nazismo y el fascismo.
Carmen Calvo ha avanzado que se va a cambiar el nombre del Panteón de los Hombres Ilustres por el de Panteón de España para dar cabida a las mujeres que están “desaparecidas”. En este punto, Calvo ha reivindicado la figura y la memoria de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España.