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La justicia devuelve el pazo de Meirás al Estado y los Franco pierden un proceso judicial histórico
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(Foto: Europa Press)

La justicia devuelve el pazo de Meirás al Estado y los Franco pierden un proceso judicial histórico

miércoles 02 de septiembre de 2020, 14:57h
El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña ha sentenciado esta mañana que el pazo de Meirás es propiedad del Estado, por lo que la familia Franco, demandantes, deberá devolverlo íntegramente sin indemnización alguna.

Este 2 de septiembre, la magistrada Marta Canales ha declarado al Estado propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución íntegra del inmueble, sin compensación por los gastos de manutención de la propiedad.

El juicio, acabado el pasado 9 de julio, ha dado lugar a una sentencia de 400 páginas, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Entre los denunciantes se encontraban seis miembros de la familia Franco, y una sociedad limitada. La postura del Estado fue defendida por la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña, y la Diputación Provincial.

Esta misma mañana, el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña ha sentenciado que el inmueble, situado en Sada, había sido regalado el 5 de agosto de 1938 al jefe del Estado y no a título personal de Francisco Franco, tal y como defendía la familia. La compraventa que tuvo lugar el 24 de mayo de 1941, con la que el dictador consiguió inscribir la propiedad en el registro, fue denominada por la magistrada como una “simulación”.

También ha sido declarada nula la parte de la escritura por la que la propiedad se adjudica a los herederos de Franco, así como la donación de las fincas recogidas en una escritura de 1982.

El pazo, mandado a construir por la escritora Emilia Pardo Bazán, es considerado Bien de Interés Cultural desde 2008. Fue la residencia estival del dictador hasta su muerte, así como de los herederos de su hija Carmen Franco. La disputa con el Estado acerca de su posesión dio lugar a quisieran venderla en 2018.

La magistrada ha justificado la diferencia de los 45 años entre el momento de la muerte del dictador y la sentencia como “un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático”.

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