El antecedente de la “cogobernanza” es la Conferencia de Presidentes[1], órgano creado en 2004 con el objetivo de profundizar en los mecanismos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Era el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Era el tiempo de la “geometría variable”, esa “técnica parlamentaria” -que no es sino parlamentarismo en su esencia más pura- y que permitió a los socialistas enlazar, de manera airosa, una legislatura marcada por los avances en libertades y derechos civiles (2004-2008) con otra legislatura que estaba llamada a traer el cambio de modelo económico y que, la crisis financiera internacional de 2008 terminó por truncar un 12 de mayo de 2010.

En España, hasta la llegada de la COVID-19, las administraciones públicas actuaban de acuerdo con los principios de “eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación” (art. 103.1 de la Constitución Española); el SARS-CoV-2 ha puesto a prueba los mecanismos de cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas y ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de adoptar, decididamente, un enfoque multidisciplinar, participativo y poliédrico para problemas complejos.

La pandemia nos ha obligado a pasar de la “geometría variable” a la “cogobernanza”: ¿estamos ante un nuevo palabro o una nueva forma de ejercicio del poder político?

Ya en el Libro Blanco de la Unión Europea (2001) se definía la gobernanza como el sistema de funcionamiento y decisión política sustentado en los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia, que se añadían a los ya clásicos principios de proporcionalidad y subsidiariedad propios del ámbito comunitario. Por definirlo de forma sencilla: la gobernanza es la forma de gestionar la res pública de manera que se reparta el juego -y la responsabilidad- entre los distintos actores políticos y de la sociedad civil.

El concepto de gobernanza se ha ampliado, con matices, al concepto de “gobierno abierto” y, finalmente, a la “gobernanza multinivel” que se recoge en la Carta de 2014 del Comité de las Regiones (UE).

La gobernanza implica reconocer la insuficiencia e ineficacia del ejercicio del poder desde una óptica jerarquizada, monolítica, burocrática y hermética. Este concepto y su versión mejorada, la cogobernanza, nacen de la consciencia de una realidad diversa, dinámica y, sobre todo, interconectada.

Ahora, el poder político es consciente de la necesidad de hacer partícipes, coautores y corresponsables del ejercicio del poder a otros sujetos políticos y sociales, sin por ello renunciar al ejercicio de las competencias propias.

Los objetivos que persigue un sistema de cogobernanza son múltiples. En primer lugar, conseguir la adhesión de otros actores políticos a una medida concreta. Al compartir la autoría de una decisión con otros actores, se reduce la controversia y el potencial uso partidista de la oposición para, finalmente, enriquecer y fortalecer la aplicación de la medida concreta y mejorar su eficacia.

Por parte del Gobierno de Sánchez, asumir esta nueva forma de ejercer el poder es un movimiento muy hábil que demuestra que (i) conoce el entorno en el que se mueve, (ii) la profundidad de los retos que se le presentan tan sólo siete meses después de haber tomado posesión y (iii) que, además, es consciente de su debilidad parlamentaria.

Tras el fracaso de los nuevos Pactos de la Moncloa, por torpeza y miopía de las derechas, el Gobierno contraataca por el flanco más débil de la oposición: el poder territorial, en muchas ocasiones -salvo la Comunidad de Madrid- enfrentado a la estrategia nacional de los partidos (Núñez Feijóo, Moreno Bonilla…).

Al convertir al poder territorial en corresponsable y coautor de las medidas adoptadas por el Gobierno, se mitigan los efectos de la labor de oposición, sino se neutralizan. El nuevo término de “cogobernanza” implica, también, que el Gobierno asume las dificultades para alcanzar consensos ante la fragmentación del arco parlamentario y la diversidad territorial.

Del parlamentarismo de la “geometría variable” de los tiempos de Rodríguez Zapatero a la “cogobernanza” del Presidente Sánchez, la política española transita un nuevo tiempo político con retos globales y de grandes repercusiones para el futuro de España y de Europa: la gestión de la pandemia, el cambio climático que no espera, la brecha de la desigualdad, la gestión ordenada de los flujos migratorios en el respeto a los derechos humanos, el papel de España en la UE, el desarrollo de nuevas tecnologías o el agotamiento del modelo económico-productivo entre otros.

Para poder afrontar los retos que se le plantean a España, dentro del contexto europeo, no cabe sino reivindicar el “arte de pactar”, de ampliar y de abrir el ámbito de decisión política, de cambiar la forma de ejercer el poder.

En un Estado fuertemente descentralizado, en el que se ha producido una notable fragmentación del arco parlamentario, la “cogobernanza” ha venido para quedarse.

Y si no, al tiempo.

[1] Si descontamos los Pactos de la Moncloa (1977) como embrión de la colaboración político-territorial en España.