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Edición testing    17 de enero de 2021

Unidas Podemos

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mantendrá el actual esquema de protección a empresas y trabajadores, por lo que ha realizado un llamamiento a la “tranquilidad” de los empresarios por esta medida “muy positiva para la economía”. Asimismo, Díaz se ha mostrado “satisfecha” con el compromiso de los agentes sociales, asegurando que este viernes se cerrará un acuerdo sobre la extensión de los ERTE. A este acuerdo se suma el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que establece que dicho pacto está “muy, muy cerca”.

Además, el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido en esta Legislatura a profundizar en el desarrollo de las energías renovables que harán competencia a las eléctricas obligando a bajar los precios.

La ola de frío polar que sufre España, por el paso de la borrasca ´Filomena´ ha devuelto al debate público el problema del precio de la energía y la pobreza energética que conlleva, lo que hace que muchas familias no tengan recursos para calentar sus viviendas de la forma adecuada. La subida de la demanda ha originado que la energía sufra un pico en su precio. La ministra portavoz, Mª Jesús Montero, ha explicado al detalle las causas de este incremento, recordando que el Gobierno actual ha ido aprobando normativas para modificar un sistema desfasado que viene de lejos, cuando en su 2004, José María Aznar, privatizó las Eléctricas por 31.747 millones de Euros, con Rato como ministro de Economía, lo que supuso la libertad de las mismas para incrementar los precios y por tanto sus beneficios. No obstante, el Gobierno de Sánchez ha solicitado a la Cominsión Nacional del Mercado de la Competencia, que estudie esta subida, para tratar de que no se refleje apenas en el recibo final del consumidor.

La política de pandemias de una oposición de derechas radical, crispaciones entre socios de Gobierno con la reforma de las pensiones, el SMI y los ERTE como protagonistas, la gestión de la pandemia, la vacunación y el futuro del Ministerio de Sanidad con la salida de Illa; el indulto de los presos del procés y la continuidad de la monarquía.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha elaborado un estudio junto a Randstad Research en el que estiman que si se aprueba una subida del SMI como marca el acuerdo del Gobierno de coalición se podrían perder entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo. La patronal mantiene que este momento marcado por la crisis del coronavirus no es el indicado para sacar adelante esta medida que podría perjudicar la recuperación y señala los sectores de hostelería y comercio como los que saldrían más castigados. Prevén que el 52% de esta pérdida de empleo se concentraría en los negocios más dañados por el Covid – 19 y los jóvenes y las personas con menos formación serían las más castigadas. Esta cuestión está causando conflicto dentro de las propias líneas socialistas con un sector de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz que quiere mantener la subida y se enfrenta directamente a las filas económicas lideradas por Nadia Calviño. Díaz se quiere situar en la misma ruta que la Unión Europea que ha optado por este incremento para paliar los efectos económicos de la pandemia mientras que Calviño opta por paralizar la medida, aunque mantiene que esto no supone una ruptura del acuerdo fijado en el Gobierno de coalición de aumentar el SMI hasta un 60%. Por su parte, Pablo Iglesias empuja a que la subida salga adelante y espera que en los próximos Consejos de Ministros se alcance un acuerdo que sería unilateral con la CEOE, que se opone por completo.

En una entrevista a El País, ha bromeado sobre su acento andaluz, ha celebrado la aprobación de los PGE, y sobre todo la llegada de la vacuna, y ha restado importancia a las desavenencias con su socio minoritario en el Gobierno.

Su gran logro como ministra de Hacienda ha sido ver aprobados unos nuevos PGE tras más de dos años de prórrogas del Presupuesto del ministro popular Cristobal Montoro. El pasado martes el Senado ratificó las cuentas públicas del Gobierno lo que significa para España la posibilidad de abordar una crisis nunca vista a partir de un proyecto democrático y social. En este sentido, María Jesús Montero defiende la gestión del Gobierno en plena pandemia y en una entrevista en El País ha abordado cuestiones como los propios presupuestos, los apoyos del Gobierno, los partidos que arremeten contra ellos, el futuro de los salarios y hasta qué hay de verdad y de rumor en una posible candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Habla sobre el indulto a los presos catalanes, el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, las relaciones con el socio de coalición y el falso debate de la Corona, "cuando España tiene que concentrarse en vencer la pandemia y recuperar la Economía".

José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se caracteriza por hablar claro y meridiano. Así lo ha hecho en declaraciones al rotativo catalán, La Vanguardia, donde al hilo de las próximas elecciones del 14 de febrero ha manifestado que "se presenta la oportunidad de empezar a soldar la fractura social y política que la unilateralidad provocó” y que el Gobierno de España apoyará cualquier resultado “que permita normalizar la situación política” ante las predicciones de la victoria de ERC. También ha señado que “el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos, y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”. Además, Ábalos aprovechaba para defender al Gobierno de coalición: “La relación entre el PSOE y Unidas Podemos es buena, sólida y positiva para España”. “Tenemos el derecho a disentir, que es algo muy distinto a la jaula de grillos con la que algunos pretenden caricaturizarnos”, zanja sobre los rumores levantados estos últimos meses entre socios. En cambio, sobre el bloqueo de la derecha para la renovación del Consejo General del Poder Judicia Abalos afea a la oposición que “El PP se llena la boca con la Constitución y, al mismo tiempo, no siente empacho al incumplir sus preceptos”. Por último, también aprovechaba para cerrar por el momento el debate abierto sobre la Monarquía tras los escándalos protagonizados por el Rey emérito: “Lo que necesita España en este momento es concentrar todas sus energías en la lucha contra el coronavirus y en la recuperación económica”.

Luchando contra una derecha y ultraderecha asilvestrada y con un partido comunista que ataca de forma desleal por la izquierda, Pedro Sánchez consigue casi todos su objetivos y sale reforzado.

El Presidente del Gobierno de España,Pedro Sánchez presentará el primer informe de rendición de cuentas de la historia de la actual democracia. Este texto ha sido realizado por el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en colaboración con diversos Ministerios y analizado, a su vez, por un grupo de expertos independientes procedentes de distintas universidades públicas del país. Es habitual que cada Ejecutivo presente una valoración del cumplimiento de sus compromisos al finalizar el año, pero esta nunca había sido analizada de forma independiente. Este grupo de expertos ha trabajado en estrecha colaboración con la Presidencia durante los últimos meses para evaluar los datos y el balance presentado desde el Ejecutivo, concretamente “el análisis y contraste de la metodología en la que se asienta el ejercicio”. Con esto, Sánchez quiere que su primer año de legislatura se someta al escrutinio del conjunto de la ciudadanía y de los “agentes de la sociedad civil más especializados e interesados en el ámbito del buen gobierno y la transparencia”. Señalaba como “prioritario” el análisis de los compromisos adquiridos con sus socios en el Gobierno de coalición progresista. El informe se presentará el próximo 29 de diciembre durante la habitual última rueda de prensa que realizan todos los presidentes cada año.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que su partido no tiene nada que ver con el vídeo difundido en redes sociales por Unidas Podemos en el que se compara a la familia real con una banda de narcotraficantes. En este sentido, Ábalos ha establecido que en el PSOE no serían capaces “de hacer algo así”, al mismo tiempo que ha calificado de “inoportunos” e “innecesarios” los planteamientos de sus socios de coalición. La posición de los socialistas es de “máximo respeto, máximo apoyo, no hacer nada que debilite a la institución y no entrar en polémicas sobre ello”, ha sentenciado. Por otro lado, el secretario del PSOE ha insistido en que es necesario que todos los partidos políticos de España sepan superar sus diferencias para “robustecer el Estado de Bienestar y el marco constitucional”, además de tratar el tema de los presupuestos y la agenda social, la polémica formada por un grupo de exmilitares y la situación actual de la pandemia en el país.

PSOE y Unidas Podemos se han reunido este miércoles para ultimar los detalles sobre la comisión de investigación de la ‘Operación Kitchen’, que se celebrará en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios han acordado poner en marcha dicha comisión antes de que finalice el año, aunque aún no han cerrado comparecencias. Asimismo, los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, han solicitado citar a declarar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al excomisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva desde 2017. Junto a estos dos nombres, los de Pablo Iglesias insisten en que también debe prestar declaración el actual líder de los populares, Pablo Casado, aunque el PSOE no considera necesaria su comparecencia.

El Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, consiguió holgadamente la aprobación del poyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 en el Congreso de los Diputados. Con un Congreso más atomizado que nunca, Sáncez consiguió llevarse a su terrono casi doscientos votos (188) provinientes de once diferentes partidos políticos. Ocho diputados más que en la investidura. Con lo cual, Sánchez ha demostrado que sigue generando mayorías para sacar adelante la legislatura hasta 2023. Lo que dificulta la intención de PP y Vox, de tumbar al Gobierno y no permitirle que pase del periodo de la pandemia, la cual llevan aprovechando desde marzo, para desgastar al Presidente Sánchez y su Ejecutivo.

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre, sigue colocando al PSOE como primera fuerza de Gobierno en el barómetro de noviembre y tendría el respaldo del 30,4% de los votantes en unas hipotéticas elecciones generales. Muy por detrás, sigue estandado el Partido Popular del Pablo Casado que no parece verse beneficiado se su ruptura con la ultraderecha. Precisamente Vox, sigue subiendo en intención de voto aunque aún está por debajo de lo conseguido en las pasadas elecciones de noviembre. Ciudadanos recupera terreno poco a poco y está ya cerca del 10% de los apoyos electorales. Y Unidas Podemos mantiene el tipo aunque sigue siendo la cuarta fuerza política. El Gobierno de Sánchez mantiene una ventaja de 11,8 y 17,2 puntos respecto al PP y Vox. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados señalan la crisis sanitaria del coronavirus como principal preocupación actual.

El anuncio de Bildu de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, celebrado con entusiasmo por el vicepresidente Pablo Iglesias, ha creado mucho malestar en el seno de las filas socialistas. Barones como Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara han criticado este ‘peaje’ del Ejecutivo para sacar adelante las cuentas públicas. Pero los números en el parlamento son los que son y hoy por hoy, los ciudadanos decidieron conformar el Congreso más fragmentado de la historia democrática. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha manifestado sobre el asunto destacando que “hemos trabajado mucho en este país por la normalización democrática” y recalca que “con la mentalidad de algunos, la Transición hubiera sido imposible”.

El Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox, Junts, BNG, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias que piden la devolución del anteproyecto de Presupuestos al Gobierno. El Ejecutivo ha salvado holgadamente este primer escollo y los PGE seguirán su tramitación parlamentaria, con un histórico de 198 votos a favor, para que estén listos a primeros del año 2021. Durante el debate parlamentario, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que los ha defendido durante dos jornadas consecutivas, ha dado a conocer medidas concretas como la bajada del IVA de las mascarillas y también el apoyo de Bildu, lo que refuerza la mayoría de la investidura, pero abre cierto malestar en las filas socialistas y que deja a Ciudadanos muy poco espacio para que pueda finalmente sumarse a una amplia mayoría parlamentaria, como quiere Pedro Sánchez.

Las tres formaciones proponen que las Comunidades Autónomas donde existen dos lenguas cooficiales se pueda elegir la lengua vehicular principal en el sistema educativo, aunque señalan que la enseñanza del Castellano está garantizada

El trámite de la nueva Ley de Educación que presentó la ministra Isabel Celaá sigue su curso. Ahora está en proceso de elaboración y de presentación de enmiendas. El PSOE, Unidas Podemos y ERC han presentado una de esas enmiendas de forma conjunta que propone que las Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales elijan dicha lengua vehicular. Se quiere así blindar la inmersión lingüística. Habrá que esperar si esta propuesta cuenta con el suficiente respaldo parlamentario para que salga adelante. Pero la polémica ya está creada ya que PP y Ciudadanos se oponen frontalmente. Desde el Ejecutivo ya se asegura que la educación en castellano estaría garantizada.

El Congreso de los Diputados ha celebrado este martes un acto conmemorativo en honor al presidente de la II República, Manuel Azaña. Con motivo del 80 aniversario de su muerte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha recordado el papel “reconciliador” de Azaña destacando la ausencia de la formación política Vox en este acto.