La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado como el Gobierno está trabajando en medidas con las que reducir el precio de la electricidad "a través de la regulación", pero admite que una bajada en las facturas de las empresas eléctricas "sería un gesto muy apreciado"
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha sido entrevistada en RNE sobre el problema del precio de la electricidad. Ribera ha señalado como el Ejecutivo lleva "meses" trabajando en la forma de paliar la subida de los precios de la energía y cómo reducirlos de cara a los consumidores "a través de la regulación".
"Es obvio que cuando las empresas se sienten compelidas y dan un paso adelante es más sencillo que solamente a través de la regulación, pero no eludimos nuestra resposanbilidad", ha apuntado Ribera, respecto a la posibilidad de que las grandes empresas eléctricas disminuyeran sus tarifas, gesto que sería "muy aprecidado".
El Ejecutivo lleva "meses" trabajando en la forma de paliar la subida de los precios de la energía y cómo reducirlos de cara a los consumidores "a través de la regulación"
Así, la ministra ha remarcado como ni la oferta ni la demanda "han cambiado mucho" y que, de forma general, los costes asociados a "prácticamente todas las tecnologías de generación" continúan en los "mismos niveles" que antes de la guerra en Ucrania y su impacto en el mercado del gas.
"La única referencia que se ha alterado (al alza) son los precios del gas, del combustible fósil, pero no tiene sentido que eso genere beneficios adicionales respecto a las expectativas que podían tener las empresas", ha enfatizado la vicepresidenta tercera.
También, ha querido desatacar como prácticamente el 85% de la electricidad producida en España "está al margen del precio del gas" pero, aún así, es esta la materia que marca el preico en el mercado mayorista.
Ante la posibilidad de introducir impuesto especiales nuevos al sector eléctrico, demanda que han hecho ciertas partidos, Ribera ha determinado que habría que "pensar si cabe dentro del Estado de derecho y si (aplicarlos) a unos sectores sí y a otros no".