Pedro Sánchez y su gobierno, a pesar de los ataques de la derecha y la ultraderecha, sigue con pie firme una legislatura que está resultando extenuante, pero fructífera en la que están pudiendo sacar gran parte de sus compromisos con la ciudadanía. 

 

Este martes, el pleno del Congreso volvió a respaldar tres decretos ley del Gobierno que se aprobaron en Consejo de Ministros en el mes de diciembre y que debían ser ya convalidados puesto que terminaba el plazo legal de un mes para ello. El primero de los decretos convalidados fue el referente a las medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. La votación fue contundente, con 197 votos a favor, 3 en con otra y 147 abstenciones. Posteriormente se votó de manera afirmativa a que el decreto se tramite como proyecto de ley en su procedimiento de urgencia. 

 

El Partido Popular y Vox fueron los grupos que se abstuvieron en su continuo bloqueo ante absolutamente cualquier asunto. 

 

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió el decreto en la tribuna del Congreso y explicó que se incluían medidas enfocadas a la movilidad eléctrica, el autoconsumo y las energías renovables innovadoras para "la consecución de los objetivos fijados en el marco estratégico de energía y clima. 

 

El decreto prorroga, entre otras medidas,  la aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del IVA a la factura de la luz, así como los descuentos extraordinarios del bono social para los consumidores vulnerables. Por otra parte, y dentro de las medidas de carácter fiscal, la norma mantiene el IVA del 4 por ciento a las mascarillas quirúrgicas.

 

La norma establece medidas de movilidad eléctrica para evitar "la sensación de «ansiedad de autonomía», que detrae a muchos compradores de adquirir y usar vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia".

 

Entre las medidas, las estaciones de combustibles y carburantes deberán contar con al menos una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, cuya potencia variará en función del volumen de ventas registrado en 2019. Además, las concesionarias que realicen reformas deberán instalar al menos una infraestructura de recarga independientemente de su volumen de ventas.

 

Asimismo, los edificios no privados y parkings no adscritos a edificios con más de 20 plazas deberán instalar un número de puntos de recarga proporcional a su número de plazas. También se establecen bonificaciones de hasta el 50 por ciento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros, que los ayuntamientos podrán aplicar por la instalación de infraestructuras de recarga. Para agilizar los procesos de instalación, el texto dispone que la autorización de las instalaciones de servicios de recarga se obtenga mediante una declaración responsable sin necesidad de autorización ambiental.

 

Otra de las motivaciones del real decreto-ley es establecer "las medidas necesarias para un despliegue efectivo" del autoconsumo. Para ello, se elimina el requisito de que el autoconsumo esté conectado a baja tensión. Además, se modifica la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas. En concreto, se permite que determinados proyectos menores de 100 KW queden eximidos de presentar garantías económicas para su tramitación.

 

Por último, se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para obligar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a disponer de un servicio gratuito telefónico y online de atención a los titulares de instalaciones de autoconsumo para atender quejas, reclamaciones, incidencias y solicitudes de información para la óptima instalación de autoconsumo.

 

El decreto que regula las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma fue defendido por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y aprobado por 334 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones. 

 

Y el decreto que modifica el Régimen Económico y Fiscal de Canarias salió adelante con 271 votos a favor, 1 voto en contra y 69 abstenciones. Además, se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 151 votos a favor, 171 en contra y 18 abstenciones.