En el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marca el camino a seguir y la estrategia de oposición. Así se desprende después de ver la reacción de todo el partido tras la decisión de la administración autonómica de recurrir ante el Tribunal Supremo el reparto de una partida de 9 millones de euros destinada a financiar un programa piloto sobre emprendimiento y que llegará a cuatro comunidades autónomas. Para los dirigentes madrileños la gestión de los fondos europeos se están haciendo de manera arbitraria y atendiendo a motivos políticos. Y esta tesis la ha asumido todo el partido, empezando por su líder, Pablo Casado, que estos días anima a sus presidentes y alcaldes ha presentar más demandas sobre la designación de los programas incluidos en el Plan español. Además, desde el parlamento europeos, sus europarlamentarios han presentado una batería de preguntas a las autoridades comunitarias para que se posicionen sobre este asunto. 

 

Pero la estrategia les puede salir cara porque van en contra de los intereses generales de España y porque desde Europa se tiene la certeza absoluta que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es de una calidad excelente. El Gobierno, no obstante, no quiere que se pueda extender ninguna mancha sobre la llegada de los fondos europeos que, repiten, es "una oportunidad histórica para nuestro país". 

 

Ante la estrategia de los conservadores españoles, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aprovechó su visita de este lunes a Bruselas para tranquilizar a las autoridades europeas. La respuesta ha sido la esperada y desde la Comisión aseguran que los fondos de recuperación se pagan directamente a cada Estado miembro que, en función del plan presentado, distribuye el dinero de acuerdo con sus propias reglas fijadas, que han sido estudiadas y aprobadas por las autoridades comunitarias. No hay margen para el desvío arbitrario de fondos ya que, recuerdan desde Bruselas, después verificarán que se han cumplido las condiciones y los objetivos de los distintos programas. Por eso, la única forma de que se produjera alguna anomalía sería directamente por el incumplimiento de la propia Comisión de su tarea de vigilancia, algo que, obviamente, descartan.

 

Se quiere cortar así, de raíz, las falsas acusaciones del Partido Popular que ha tratado durante los últimos meses de obstaculizar la llegada de los fondos de recuperación. Los de Pablo Casado, primero intentaron que se creara una oficina independiente que gestionara esos fondos pero no lo consiguieron y el Real Decreto por el que se gestionan los fondos estipula que prácticamente todo el Gobierno está involucrado en el despliegue del Plan y de su control. Este decreto obtuvo un amplio respaldo del Congreso de los Diputados, con tan solo el voto en contra del Partido Popular. Ni siquiera Vox tuvo esa posición. 

 

La propia ministra Nadia Calviño ha explicado esta semana que hasta el momento han llegado a España alrededor de 19.000 millones de euros y que se están desarrollando los distintos programas de forma satisfactoria. De esta cantidad, más de la mitad ha ido a parar a las comunidades autónomas que son las que en última instancia gestionan el dinero. La vicepresidenta primera recuerda que precisamente la Comunidad de Madrid es la tercera región que más fondos ha recibido, en total 1.213 millones. La primera ha sido Andalucía, con 1.916 millones, seguida de Cataluña (1.579); la citada Madrid; Valencia (1.055 millones), Castilla y León (742) y Galicia (681). La dirigente socialista añade que este reparto no tiene nada que ver con el color político de cada una de las administraciones autonómicas. 

 

 

Nadia Calviño destaca que "España está abriendo camino en la Unión Europea en el despliegue del Plan de Recuperación, siendo el primer país en recibir en 2021 un pago vinculado con el cumplimiento de los hitos predeterminados". Y añade que "para que el Plan de Recuperación sea un éxito, es imprescindible una buena co-gobernanza de los diferentes niveles de administración pública. Las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen un conocimiento más granular del territorio y de las necesidades de las empresas, autónomos y hogares y unas competencias que permiten un despliegue más eficiente de las inversiones, para garantizar que los recursos se emplean precisamente en los proyectos más estratégicos y con mayor efecto tractor sobre el conjunto del territorio".

 

Además, la ministra de Economía recuerda en un artículo publicado en su perfil de Linkedin que "la mayor parte de los fondos se han distribuido con los criterios acordados en 54 conferencias sectoriales correspondientes a los diferentes ámbitos de política económica, desde la educación a la renovación de edificios, de la movilidad urbana a la digitalización de la administración, de las energías renovables a la I+D, de la formación profesional a las políticas activas de empleo, de las políticas de cuidados al turismo".

 

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también se refirió a este asunto este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y afirmó que "en el Gobierno no entendemos el miedo del PP a algo tan bonito como el desarrollo de nuestro país. El reto que tiene por delante España es inyectar en siete años la misma cantidad que los fondos de cohesión en treinta y cinco. Todos están implicados: las comunidades y los ayuntamientos han presentado masivamente proyectos. No se puede comprender cómo el PP, en lugar de arrimar el hombro, está boicoteando. Al final despertará y se dará cuenta de que se equivocó".