El Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona ha publicado un informe este jueves en el Senado en el que se explica que la financiación autonómica en España necesita de una renovación urgente. El llamado XXXI Informe de las Comunidades Autónomas analiza la gestión regional durante el pasado año 2020, alertando de la importancia de la dotación de mayores partidas y recursos económicos a los territorios frente al Gobierno central, con el fin de evitar las “desigualdades” nacionales.
Ha sido Javier García Roca, director del estudio, el que ha expuesto las conclusiones del estudio durante la celebración del X Foro de las Autonomías en la Cámara baja, junto con la participación de una treintena de expertos en Derecho. Entre ellos, Jesús Ruiz-Huerta y Francisco Javier Loscos, ponen en el foco en la necesidad de “abordar un nuevo modelo” tras años de “deficiencias” estructurales. Así, entendiendo la dificultad de impulsar reformas en épocas de crisis, explican que se trata de un problema que el Estado sufre actualmente y que requiere de un compromiso político firme.
El documento, de 437 páginas, pone de manifiesto los datos influenciados por la pandemia de coronavirus del año pasado. Según el estudio, las comunidades autónomas han salido fortalecidas de la gestión descentralizada llevada a cabo durante la pandemia, en la que las funciones se derivaron a las diferentes regiones españolas. En este sentido, los expertos respaldan las conferencias sectoriales y recomiendan fortalecer estas herramientas de cara al futuro.
Bajo la opinión de los expertos que han elaborado el estudio, se deben “revisar los desequilibrios entre comunidades autónomas y Gobierno”, recordando que son las regiones las que aplican el estado del bienestar. Además, detallan que es necesario eliminar “las desigualdades entre las comunidades de régimen especial o foral y las de régimen general”, aplicando mecanismos de compensación que corrijan los desequilibrios. Se señala expresamente a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia o Andalucía como autonomías especialmente perjudicadas. “Tenemos que corregir la población ajustada, es decir, por unidad de necesidad”, explica el profesor Francisco Javier Loscos.
Cabe señalar que el modelo de financiación autonómica actual lleva pendiente de renovación desde 2014, y la necesidad de ajustarlo, sea con criterios de población o de dispersión demográfica, establece una brecha entre las comunidades.
Acerca del debate sobre la "descapitalización" de Madrid, como la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo califica, Javier García Roca y David Moya, se han mostrado positivos. El catedrático de Derecho Constitucional y el director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, respectivamente, han explicado que trasladar algunas agencias o instituciones de Madrid a otras comunidades siempre que se haga bajo el consenso político, supondrá “acercar las instituciones al ciudadano”. Para ellos, se trata de una propuesta que “podría ayudar a la cohesión entre comunidades si se hace sin pretender mayor rédito político”.