La jueza de instrucción, María Cristina Díaz Márquez, había citado a declarar al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas el próximo 29 de octubre pese al rechazo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La Audiencia Provincial de Madrid ha exigido archivar la querella de Vox contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, en donde se le acusaba de un delito de malversación de caudales públicos al considerar que no hay “apariencia de delito”.
La Fiscalía cuestiona la actuación de la formación ultraderechista y declara que basan su litigio en “un mal denominado informe pericial” que consideran un “compendio de artículos de opinión” apoyado en valores “subjetivos” y “conjeturas e hipótesis”. La sala considera que la falta de concreción por parte del partido debería haber servido para no llevar la querella a trámite.
La magistrada fue directora general de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Cristina Cifuentes, además de directora general de Política Interior en el Ministerio del Interior, durante la legislatura de Rajoy. Ha recibido una llamada de atención por no detallar los hechos a investigar y por el vínculo de la demanda con el delito de malversación.
Por lo tanto, el tribunal deja sin efecto el expediente de la jueza y la demandas hacia Tezanos, entre las que se encuentra su declaración del día 29. Vox había denunciado los resultados de las encuestas del CIS por considerar, según el partido, “desviaciones hacia el PSOE” y el uso de “dinero público para influir en la decisión de los votantes”.
La Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el documento presentado por Vox no tenía fundamento y las pruebas presentadas estaban “huérfanas de sustento probatorio alguno". Expone, además, que "una interpretación errónea del sentido del voto en determinadas encuestas no justifica el inicio de una investigación criminal" y que no tiene relación con el delito del cual se acusaba.
“Las conclusiones nada tienen que ver con la imputación de ilícito penal alguno, lo que tratándose de una cuestión motivo de debate político entre diferentes partidos, es del todo punto ajeno al derecho penal", han apuntado los magistrados, que señalan que la “confrontación política” tiene otros marcos propios alejados de los tribunales.