Se trata de una solicitud que el Gobierno ha realizado buscando cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y no solo con esta ley, también con la Constitución, que en el artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el caso de "situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado". 

 

El Parlamento ha aprobado esta solicitud con amplia mayoría, pues, además de cumplir con lo anteriormente indicado, también es una decisión que España toma en línea con Europa. La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, la prorrogó para el ejercicio del 2021 y en junio de este año consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla también en vigor durante el 2022. El objetivo es que los Estados tengan la posibilidad de mantener prácticas dirigidas a que la recuperación económica sea más fuerte y se alcance de nuevo el PIB que se tenía antes de la pandemia.

 

 

María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y Función Pública, en su intervención valoró que Bruselas esté respondiendo de forma diferente a esta crisis, alejada a la austeridad con la que se gestionó la recesión de 2008.

 

Con este trámite parlamentario, afirmo Montero, nos acercamos más hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que serán, según la ministra, los de la consolidación de una recuperación económica y social justa que llegue a todas las personas y los territorios y también los del avance de la modernización del tejido productivo de España con la digitalización, la transición verde, la formación juvenil y la igualdad de género. Añadiéndose a esto, estas cuentas públicas también permitirán avanzar en la reducción del déficit. 

 

Para el 2022 se prevé una tasa de referencia del déficit del 5%, frente al 11% de 2020. En dos años, el déficit se reducirá a menos de la mitad, y en 2024 se estima una tasa de referencia del 3,2%, nivel muy aproximado al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad europeo. Para conseguir esta reducción del déficit, Montero señaló la importancia de que la recuperación económica se esté asentando gracias al éxito de la campaña de vacunación.

 

De todo el déficit calculado para el próximo ejercicio, 3,9 puntos porcentuales de los 5, corresponderá a la Administración Central, debido a que será el Estado el que siga asumiendo la mayor parte del coste de la pandemia, como este y el año pasado. El resto del déficit se repartirá entre comunidades autónomas (0,6 puntos) y la Seguridad Social (0,5 puntos), ya que las Entidades Locales mantendrán su tasa de referencia en equilibrio.