El PP de Madrid se acerca cada vez más a las posiciones de ultraderecha de Vox. Isabel Díaz Ayuso confirmó en la Asamblea madrileña su firme apoyo a la polémica herramienta conocida como "pin parental", la medida estrella de la ultraderecha que está suspendida en Murcia por incurrir a la “ilegalidad” y vulnerar los derechos de los estudiantes. Vox presentaba el lunes la exigencia de incluir este veto en los presupuestos generales que llevan un retraso de dos años y tienen que aprobarse sin excepción este para incluir las medidas económicas de la pandemia. La formación ultra sabe que Ayuso necesita su apoyo para sacarlos adelante, pero Ayuso el lunes se mostraba firme estableciendo que “no hay adoctrinamiento en las aulas” y que Educación “no ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia”. Pues bien, tres días después la presidenta posaba con la líder regional ultraderechista, Rocío Monesterio, para luego declarar en la Asamblea: “Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así”.
El veto pasa por ideas contra la educación sexual, sobre derechos LBTBI, igualdad de género y violencia machista que Vox considera “adoctrinamiento” e “ideología de género”, llegando a comparar talleres contra la discriminación LGTBI con la “zoofilia”. Esta abrazo a la ultraderecha de Ayuso ha abierto aun más la brecha que se mantiene desde hace meses con sus socios de Ciudadanos que mantienen que no van “a ceder en este asunto”. Además, el Ministerio de Educación mantiene que recurrirán la medida a los Tribunales si sale adelante.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido abrazar a la ultraderecha de Vox para aprobar unos Presupuestos Generales que se llevan retrasando dos años, desde 2019, e impulsar con ellos la medida conocida como “pin parental” que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a talleres escolares. Este cabio completo de rumbo ha llegado tres días después de que la propia presidenta negara la necesidad de esta herramienta estableciendo ahora que “habrá padres que no quieran que sus hijos estén en talleres sobre LGTBI” y apoyando que se pueda negar una educación en la igualdad y la inclusión. La medida denunciada por numerosos colectivos y suspendida en Murcia por incurrir en la “ilegalidad” pasa por ideas de “adoctrinamiento” en “ideología de género” y contra los derechos LGTBI y ha abierto aun más la brecha que se mantiene desde hace meses entre PP y Ciudadanos.
El lunes Vox presentó ante el Gobierno madrileño la exigencia de incluir el veto parental dentro de los presupuestos que se continúan negociando para contar con sus votos favorables a todo el proyecto. Los votos de los ultraderechistas son necesarios para sacar las cuentas adelante y este tipo de medidas fueron exactamente las que retrasaron la llegada de un nuevo proyecto el año pasado ante la imposibilidad de que Ciudadanos, el tercer partido del tripartito, llegara a algún acuerdo con Vox.
En este sentido, ese mismo lunes tanto la formación naranja como el PP de Ayuso se mostraban en contra de la medida. La presidenta aseguraba que actuaría si existían quejas desde las familias pero zanjó que “no hay adoctrinamiento en las aulas”. “Es más, en la Consejería de Educación, desde que nosotros estamos al frente, no ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia, es abrir una polémica que no existe”, señalaba Ayuso en unas declaraciones abaladas por los datos. Hace un año, el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, publicaba que solo se había presentado una queja formal a una actividad escolar, lo que supone una entre 1.200 centros y 1.200.000 alumnos. El vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se posicionaba del lado de su presidenta: “Mientras siga siendo vicepresidente no va a haber en Madrid pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB”.
No obstante, tres días después Ayuso daba un giro radical en esta narrativa que se plasmaba en forma de foto calculada con la líder ultraderechista regional, Rocío Monesterio, en un desayuno con ella en la cafetería de la Asamblea de Madrid. Esto iba acompañado de sus declaraciones en el pleno: “Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así”, aseguraba. “Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes”, respondía en su intervención a Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid. Mientras, Ciudadanos sí se mantenía firme en contra de la medida y respondía con la presentación de una ley de Igualdad desconocida por sus socios del PP y presentada en el Pleno que chocaría de lleno con las políticas de negacionismo del machismo y la violencia de género de Vox.
El veto parental es una de las medidas estrella de la ultraderecha que pasa por lo que el Ministerio de Educación considera una vulneración de los derechos de los alumnos. La medida permite que los padres veten la asistencia de sus hijos a cualquier actividad escolar que consideren pero fue impulsada como una clara vulneración contra la educación en igualdad de género y violencia machista, derechos LGTBI y educación sexual a través de titulares completamente sensacionalistas. La palabra clave utilizada siempre, el “adoctrinamiento” que supone la educación en estas materias para los niños, según Vox, y el impulso de la “ideología de género”. Las comparaciones llegaron a extremos como la equiparación de la educación sobre derechos LGTBI y contra la discriminación con la “zoofilia” y la educación sexual con “juegos eróticos”.
CRECEN MÁS LAS TENSIONES ENTRE CIUDADANOS Y PP
Este choque con los socios directos de Ayuso no impide que la presidenta celebre un acuerdo próximo con los ultraderechistas, acercándose cada vez más a ellos y sus políticas. Es fundamental que los presupuestos no se prolonguen más ya que este año deben incluir las políticas económicas contra la pandemia con la llegada de los fondos europeos, pero este último acercamiento a los socios verdes incrementa aún más los enfrentamientos que mantienen los socios principales desde hace semanas. Ya se prevé que el texto final llegue como pronto en verano, lo que ya suponía una mala noticia para el Gobierno tripartito porque probablemente no permita que se ejecuten por completo, y ahora se podría alargar más con la postura de Cs que mantienen: “no vamos a ceder en este asunto”.
Así, las tensiones entre Ciudadanos y PP con enfrentamientos públicos entre Aguado y Ayuso continúan y se unen a las recientes luchas por la dirección de Telemadrid que los naranjas quieren alejar de los populares y al choque sobre las restricciones del coronavirus después de que Ciudadanos presentara la idea de permitir desplazarse a las personas vacunadas en Semana Santa sin consultarlo antes con sus socios. No obstante Ciudadanos mantiene aun su apoyo al PP y a Vox aun existiendo la posibilidad de retirarlo en cualquier momento.
EL VETO PARENTAL ESTÁ SUSPENDIDO EN MURCIA A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA JUDICIAL
Madrid no es la única comunidad en la que Vox ha optado por impulsar y reabrir de nuevo esta polémica medida tras sus confianzas crecidas por los resultados en las elecciones catalanas. El jueves de la semana pasada, antes de presentarlo ante la Asamblea de Madrid, Vox se plantaba en Andalucía con la misma exigencia frente al líder Juan Manuel Moreno Bonilla, estableciendo que retiraban su apoyo firmado en un pacto junto a Cs hasta que incluyeran esta medida en la Consejería de Educación. Esto precipitó unas negociaciones entre ellos y el consejero de Educación, Javier Imbroda, con las pretensiones de mejorar la información proporcionada a los padres, pero sin pasar en ningún momento por el veto al considerarlo “una injerencia en la autonomía pedagógica”. Esto mismo fue lo que impulso Madrid para mantener contenta a la ultraderecha, obligando a que los centros educativos publicaran todos los contenidos académicos impartidos, aunque sin la posibilidad del veto. Los ultraderechistas llevan dos años intentando implantar el veto en las comunidades que cogobiernan y esto es lo máximo alcanzado.
La única comunidad en la que consiguió salir adelante fue Murcia donde lograron implementarlo en los Presupuestos Generales hace un año, pero la medida lleva en suspensión temporal por el Tribunal Superior de Justicia de esta región desde hace casi un año. El Ministerio de Educación bajo la dirección de Isabel Celáa la recurría en a la justicia poco después de su aprobación al considerarla una “ilegalidad” que vulnera los derechos de los alumnos y sirve como una “objeción de conciencia encubierta”, según palabras de la ministra. Desde Andalucía ya pedían que, si la medida saliera adelante, Educación tomara estas mismas medidas en la región.
Desde el Ministerio de Educación mantienen la firme postura contra la medida y fuentes internas aseguran que recurrirán a la justicia si esta herramienta sale adelante en cualquier comunidad.