“El Gobierno de España coincide con la Comisión, en que por fin, después de 36 años, hay que corregir esos elementos que nos hacen profundamente desiguales”, explicaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ante el comisario europeo. Para conseguirlo, la reforma se repartirá en tres fases que atajarán los problemas más urgentes en la primera poniendo fin a la excesiva temporalidad de los contratos y a la precariedad. Esta norma servirá, cuando esté completa, como una contrarreforma de la creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Yolanda Díaz, viajó a Bruselas, en representaciòn del Gobierno de España, para reunirse con la Comisión Europea y defender la reforma española del mercado laboral y otras como la subida del salario mínimo interprofesional o la ampliación de las pensiones. Concretamente, Díaz se ha reunido con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit, para abordar la modernización del mercado laboral y los problemas a los que se enfrenta España en este sentido. El Gobierno de España enviará un borrador de esta reforma en las próximas semanas a Bruselas que tendrá que recoger las recomendaciones que la Comisión hizo el año pasado e incluir el plan laboral y de pensiones recogido dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia para que España pueda acceder a las ayudas europeas de recuperación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también anunciaba que el Gobierno penalizaría a aquellas empresas que rescindan un contrato antes del comienzo de un fin de semana o unas vacaciones para no pagar estas cotizaciones a la Seguridad Social, algo que describía como “intolerable”.

Gentolini se ha referido directamente a los problemas que el Gobierno de España tiene que resolver en materia laboral y que deben estar atajados en la reforma. “Nos señalan que España tiene un problema de precariedad, de temporalidad, de segmentación del mercado de trabajo, de dualidad”, declaraba Díaz tras la reunión. En este sentido, el Ejecutivo en coalición está completamente de acuerdo con Bruselas en que “el paro, la temporalidad y la precariedad son absolutamente distorsionadores en el mercado de trabajo”. De esta manera, la reforma laboral atajará en un primer lugar estas condiciones que son más lesivas para los trabajadores y la economía española y abordará el proceso en tres fases. Estas fases supondrían una contrarreforma de la que impuso Mariano Rajoy durante su mandato en 2012 junto a Fátima Báñez.

La primera fase que atacaría los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral se centraría en establecer límites para la subcontratación y las externalizaciones, que se sumarán a la derogación, ya completada, del despido por absentismo debido a una baja por enfermedad. Además, Díaz también recoge entre estas prioridades recuperar la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, algo que choca directamente con los intereses del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, que apuesta por mantener el poder de negociación sobre las empresas y no los sindicatos según recoge en el texto “Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico”, elaborado por su departamento junto a la Oficina Económica de La Moncloa.

No obstante, esta primera parte de la reforma parece la más fácil a sacar adelante por la coincidencia de ideas desde Bruselas. “Somos el único país en Europa que tiene estos niveles de temporalidad en el año 2019. Tenemos un total de 6 millones de contratos, de los cuales la mitad de ellos están por debajo de 7 días de duración. Cada semana formalizamos más de 6 millones de horas extraordinarias, de las cuales el 42% no se retribuye. El Gobierno de España coincide con la Comisión, en que por fin, después de 36 años, hay que corregir esos elementos que nos hacen profundamente desiguales”, señalaba la ministra de Trabajo. Desde el Fondo Monetario Internacional también apoyan la búsqueda de la estabilidad en la contratación dentro de la reforma laboral para ajustarse al modelo de los países del entorno europeo. Bruselas reclamaba “favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación” y establecer un sistema de apoyo dentro de los servicios sociales.

Aun así, las negociaciones podrían complicarse a la hora de fijar los mecanismos para alcanzar esta estabilidad. Gentolini pedía que se lograra “sin socavar la creación de empleo” aunque Díaz le aseguraba que las medidas se tomarían en colaboración con empresas y sindicatos, quedando la Comisión satisfecha. En febrero, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, advirtió de que “será importante que cualquier nueva medida solo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores” dando pie a posibles conflictos en la derogación completa de la reforma laboral de Rajoy. Aun así, la reunión fue descrita como satisfactoria y un “debate útil” sobre el futuro laboral en España.

Por otro lado, el comisario Schmit mostraba apoyo pleno a la propuesta de volver a aumentar el salario mínimo en 2021, iniciativa apoyada por Yolanda Díaz. “Comparto y apoyo, como trasladé al comisario Schmit, el impulso de la directiva de salarios mínimos adecuados en la Unión Europea”, anunciaba la ministra. El objetivo es revalorizar esta cantidad hasta asemejarla con el resto de países de la Unión Europea.