La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó, sin unanimidad, el siguiente acuerdo que bien podría responder, aun sin decirlo explícitamente, a las críticas vertidas por parte de algunos miembros de Unidas Podemos en las últimas semanas:

“La Comisión Permanente, en la sesión ordinaria celebrada en el día de hoy, quiere hacer un recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”.

El acuerdo fue aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya.

Sin embargo, votaron en contra los vocales Álvaro Cuesta -que ha anunciado la formulación de un voto particular-, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.

"Una declaración innecesaria e inoportuna"

Así se ha expresado el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, quien ha emitido un voto particular contrario al acuerdo adoptado de la Comisión permanente.

"El acuerdo se ha adoptado de forma sorpresiva sin estar incluido en el orden del día sin que hubiere el necesario consenso o coincidencia para su inclusión en el mismo. En este asunto no se han tenido en cuenta los precedentes de acuerdo diálogo consenso previo ya sea para la modificación de los órdenes del día o para su aprobación que para este tipo de declaraciones institucionales y ha venido practicando por este órgano", ha considerado.

Además, el vocal considera que "el acuerdo supone una solemnización de lo evidente", por lo que señala que "es una declaración innecesaria e inoportuna pues al no especificar a qué comportamientos o frente a qué declaraciones se refiere susceptibles de amenazar o de menoscabar la división de poderes o el respeto a la independencia del poder judicial, siendo así una reacción indiscriminada pudiera generar confusión en la opinión pública o cuestionar derechos inalienables de las personas y colectivos a la libertad de expresión o opinión o el ejercicio legítimo de su derecho de defensa procesal".

Por tanto, concluye que "la declaración acordada por la mayoría de la Comisión permanente encabezada por su presidente rompe el necesario equilibrio en aras a garantizar la debida apariencia de imparcialidad en sus declaraciones o en algunos pronunciamientos gubernativos de los órganos de gobierno del poder judicial".