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Sánchez firma el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo con patronal y sindicatos pero el PP se resiste

Sánchez firma el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo con patronal y sindicatos pero el PP se resiste

El Gobierno y los agentes sociales han firmado en Moncloa el importante Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, por el que se reactivan de manera inmediata las mesas de Diálogo Social que incorporarán medidas para la creación de empleo. Además, comenzarán a buscar acuerdos que primen los ERTE sobre los despidos en momentos de crisis para las empresas; así como la modernización del marzo laboral y de las políticas activas de empleo. Y todos los acuerdos deben primar la reconversión de la industria para impulsar la transición verde en todos los sectores.

ACUERDO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO


El Gobierno y los agentes sociales han firmado este viernes el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, un nuevo acuerdo que sienta la bases para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad tras la crisis provocada por el COVID-19. Este acuerdo nace con el objetivo de lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

Tal y como ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto, con este acuerdo se inicia “un diálogo que debe contribuir a estabilizar nuestra economía en los próximos dos años. Estamos sentando las bases de una Nueva Economía y necesitamos que nuestros consensos sean lo más amplios posibles; para ello, el papel de los agentes sociales es crucial”.

Con este Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, el Gobierno, la patronal y los sindicatos, sellan un compromiso de país para trabajar con urgencia en el refuerzo de la recuperación económica y empleo. Esto implica que, de manera inmediata, se van a intensificar las reuniones en el marco del Diálogo Social. Además, el acuerdo recoge más de una decena de líneas de trabajo entorno a las cuales se pretende sellar acuerdos para reforzar el crecimiento y el empleo de calidad.

Por un lado, se trabajará para impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTE derivados de la crisis del COVID 19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Por otro lado, se establece el compromiso de desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, así como de elaborar un marco adecuado para el trabajo a distancia.

El Gobierno y los agentes sociales también pactan abordar la modernización del marco laboral, para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, y la actualización de las políticas activas de empleo.

Un pacto por la Industria

Otro de los objetivos del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo es el de poner en marcha un Pacto por la industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva.

El Pacto incluye compromisos para impulsar la transición “verde” de todos los sectores, digitalizar la economía y apoyar el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados. Asimismo, se reforzarán los Servicios Públicos, especialmente en el ámbito sanitario.

Gobierno, patronal y sindicatos también han acordado abordar de manera conjunta las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, e impulsar medidas eficaces para aflorar la economía sumergida.

Un nuevo programa dotado con 50.000 millones

Desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19, el Gobierno ha adoptado medidas en el ámbito económico y social que han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre las medidas que han contribuido a mantener vivo el sistema productivo figuran la movilización de 100.000 millones de euros en avales del ICO, el establecimiento de un mecanismo ágil para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables.

La evaluación continua que realiza el Gobierno de la economía española ha permitido que las medidas adoptadas en una primera fase se hayan reforzado con los planes de choque para el turismo y la industria de la automoción, con la extensión hasta el 30 de septiembre de 2020 del mecanismo de protección de los trabajadores y empresas acogidas a ERTE o con la extensión del mecanismo de protección a los trabajadores autónomos.

Tres meses y medio después del inicio de la pandemia y como complemento a estas medidas de reactivación, el Gobierno está volcado ahora en la reactivación de la economía española. Por ello, hoy se pone en marcha un segundo programa de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones de euros. Este programa consta, por un lado, de un Fondo de apoyo a la solvencia, dotado con 10.000 millones de euros, que invertirá en aquellas empresas estratégicas para el tejido productivo. Por otro lado, se ha habilitado una nueva línea de avales ICO específica para la inversión por 40.000 millones de euros.

Este programa está orientado a impulsar el crecimiento, a reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pueda ser vulnerable por causa del COVID-19, y a impulsar la demanda interna, palancas necesarias para reactivar la actividad económica e incrementar el empleo.

A la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa han asistido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; y Unai Sordo, secretario general de CCOO.

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