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El Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas de 50.000 millones de euros para reactivar la economía y el empleo
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(Foto: Europa Press)

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas de 50.000 millones de euros para reactivar la economía y el empleo

viernes 03 de julio de 2020, 12:43h

Este viernes, un Consejo de Ministros Extraordinario, ha aprobado un nuevo paquete de medidas que se enmarcan en el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo dotado con 50.000 millones de euros. Entre las cuestiones aprobadas destacan una nueva Línea de Avales del ICO de 40.000 millones; y un nuevo fondo de 10.000 millones para apoyar la solvencia de empresas estratégicas. También se ha dado luz verde al Plan Renove 2020 para la adquisición de vehículos, con ayudas directas a los compradores.

El Consejo de Ministros se ha reunido de forma extraordinaria este viernes para aprobar un Real Decreto.Ley de Medidas Urgentes que tienen por objetivo apoyar la reactivación económica y el empleo. Este nuevo paquete tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa estas medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles de puestos de trabajo. Esto es fundamental, la protección del trabajo tras las cifras de desempleo conocidas ayer mismo.

Entre esas medidas, destaca la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ya durante la pandemia, el Gobierno aprobó y ha ejecutado un ambicioso plan de ayuda a las empresas, justamente, con Líneas de Avales por un importe de hasta 100.000 millones de euros para que las pequeñas y medianas empresas tuvieran liquidez suficiente durante la paralización de la economía. Para el Gobierno, este sistema ha sido de óptimo funcionamiento y lo sitúan como un buen modelo de colaboración público-privado. Por ello, ahora está previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19. Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

Plan “Renove 2020”

Otro punto importante aprobado este viernes en el Consejo de Ministros ha sido el programa “Renove 2020”, que fue presentado hace unas semanas pero que todavía estaba sin arrancar. Se trata de ayudas directas para la renovación del parque de vehículos. El objetivo de este plan, dotado con 250 millones de euros, es estimular la demanda, activar la producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes.

Las ayudas del plan “Renove 2020” se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. Pueden optar a las ayudas del plan “Renove 2020” las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de julio de 2021 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto.

Se estima que este plan va a tener un impacto económico para España de 1.104 millones de euros a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados, y que va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.

Refuerzo del sector turístico

El Gobierno también ha aprobado este viernes tres medidas de apoyo al sector turístico español. Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”. El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

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