El lehendakari vasco participó en una nueva reunión con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes y presidentas autonómicos en la que exponen y analizan los últimos datos de la pandemia y las próximas medidas. Esta semana, el Gobierno de Pedro Sánchez volverá a pedir una nueva prórroga del Estado de Alarma hasta el 21 de junio y parece que será la última. Ante esta situación, Íñigo Urkullu, cuyo partido apoyará la medida en el Congreso de los Diputados, coincidió en pedir también mantener “la máxima prudencia y el rigor en el cumplimiento de las medidas de prevención”. Ero también planteó en la reunión cinco propuestas concretas que se deberían tener en cuenta:

- Prorroga de los ERTE de fuerza mayor hasta septiembre para los sectores más afectados.
- Agilizar los procesos de regularización administrativa para la población inmigrante.
- Clarificar los procedimientos para la disposición del Fondo de Reconstrucción social y económica
- Facilitar el paso fronterizo en el Corredor Atlántico Europeo
- Valorar la exención del IVA en mascarillas higiénicas y quirúrgicas para las personas que recurren al copago farmacéutico.

El líder vasco se refirió también al Fondo de Recuperación europeo, el denominado “Next Generation Europe” ya que quiso conocer las condiciones, los requisitos y la temporalidad de la medida, puntos que las Autonomías deben conocer.

Más critico con la actuación del Gobierno fue el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Durante todo el Estado de Alarma, su partido JxCAT ha votado en contra de esta medida ya que afirman que se le ha quitado a las Comunidades Autónomas las competencias. “lo que reclama la Generalitat, por respeto y defensa de sus competencias, es que termine mañana mismo el Estado de Alarma”, afirmó Torra afeando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, según su criterio, “no ha existido en absoluto la cogobernanza”.

Lo cierto es que los problemas se le acumulan a un Gobierno que Torra comparte con ERC y que hace aguas por muchos sitios. La semana pasada no fue precisamente buena para los dirigentes catalanes con el anuncio de Nissan del cierre de sus plantas de la Comunidad Autónoma lo que significa la pérdida de 3.000 puestos de trabajo directos y de alrededor de 20.000 indirectos. El impacto económico de esta decisión de la compañía nipona de automóviles se viene a sumar al elevado coste para la actividad económica del parón del confinamiento. Por ejemplo, se estima que el sector turístico, clave en la economía catalana, ha supuesto la pérdida de 15.000 millones de euros.

Ante esta tesitura, el president Torra subrayó la “necesidad urgentísima” de disponer de los recursos anunciados por el Gobierno y también de la Unión Europea que la Generalitat pide gestionar. Aún es pronto para saber qué papel tendrán las Comunidades Autónomas en la gestión de esas ayudas europeas que se están gestionando.

En materia económica y social, el president pidió que se active cuanto antes el Ingreso Mínimo Vital, una medida apoyada y aplaudida por el Govern de la Generalitat. Y también se pidió que el déficit permitido a las administraciones autonómicas se sitúe en el 1% y “no en un ridículo 0,2%” que es la cifra que ha permitido el Ejecutivo de España.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió que sean las Comunidades las que gestionen el Ingreso Mínimo Vital para garantizar que llegue con agilidad a las familias que peor situación económica pasas, acentuada por la crisis de la pandemia del Covid-19. Feijóo recordó que su Gobierno tiene ya desde hace más de 30 años la denominada renta de inclusión social y por ello dijo que “tenemos experiencia de gestión, tenemos profesionales públicos y estamos gestionando las pensiones no contributivas que están financiadas con cargo al Estado”.

También aprovechó la reunión con el presidente para expresar “su desacuerdo” con los volantazos que a su criterio el Gobierno de España está dando en las últimas semanas. Se interesó, sobre todo en temas educativos “Se nos dijo que habría una conferencia de presidentes exclusiva para retomar los temas de educación y lamentablemente esta no se produjo”, aseveró, considerando que no es razonable esta ausencia del Gobierno en el ámbito educativo, tanto en materia de escuelas infantiles, como en relación a la educación primaria y secundaria, a la formación profesional y a la universitaria.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció en la reunión que su Ejecutivo pondrá en marcha un plan para contratar a 20.000 trabajadores para reforzar la atención sanitaria en toda Andalucía durante la temporada estival. Se trataría de afianzar el sello “Andalucía segura” de cara al turismo y recuperar la actividad económica de la región.

Bonilla reclamó a Pedro Sánchez que se ponga en marcha cuanto antes el reparto entre las Comunidades de los 10.000 millones de euros a los que se comprometió el Gobierno dentro de los 16.000 destinados a sufragar el gasto diario.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, mostró su apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno de España, pero también quiso poner de manifiesto su preocupación en esta fase de la desescalada por los “debates políticos”. Así pidió “prudencia” para que se pueda llegar a la nueva normalidad “paso a paso”. El presidente asturiano pidió también a la ciudadanía que respete las normas ya que cualquier tipo de comportamiento inadecuado podría poner en peligro la salud de los asturianos. Por este motivo pidió a la Delegación del Gobierno y a la Federación Asturiana de Concejos que tanto la Policía Nacional como la Policía local actúen con “contundencia” ante los incumplimientos.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria se mostró satisfecho por el anuncio del Gobierno Central de ceder toda la gobernanza a las Autonomías en la Fase 3 de la desescalada. El dirigente cántabro anunció que tiene estudios y previsiones para asumir la gestión de la desescalada a partir de esa fecha y ha insistido en que son las autonomías quienes cuentan con un "mayor y mejor conocimiento de la situación" para avanzar hacia la nueva normalidad, siempre con criterios que no pongan en peligro la seguridad sanitaria "ni lo avanzado hasta ahora".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, participó también en la reunión telemática con el presidente del Gobierno donde aprovechó su turno para afirmar que “no es ético ni legítimo” que el Gobierno central llegue a acuerdos bilaterales con algunas regiones “si en esos acuerdos lo que subyace es un trato de favor a unos ciudadanos a cambio de unos votos en el Congreso”. En este sentido, se refirió a “la anomalía que supone que si lo único que busca el Gobierno central con las sucesivas prórrogas del estado de alarma es controlar la movilidad, se aproveche de este mecanismo para incluir más medidas a petición y beneficio de sus aliados de investidura que nada tienen que ver con la gestión de la pandemia ni la salud de todos los españoles”.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, avanzó que la Comunitat Valenciana recibirá 377 millones de euros para la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que beneficiarán a 100.00 familias y, en su conjunto, a 280.000 personas, de las que 82.000 son menores.

También destacó su propuesta al resto de líderes regionales así como al presidente del Gobierno de poner en marcha cuatro "planes conjuntos" con las comunidades autónomas: un plan de infraestructuras, un plan de impulso a las energías renovables, un plan de vivienda para favorecer el acceso a la misma de la población juvenil y para reactivar la construcción y un plan para apoyar la industria de la movilidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga en marcha un plan de deducciones fiscales para impulsar el turismo nacional. Por un lado, la propuesta de Díaz Ayuso contempla una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades para las inversiones que se hicieran por parte del sector privado en reformas y renovaciones; y por otro, beneficios fiscales vía IRPF para las personas físicas por el consumo de servicios turísticos dentro del territorio español. Así lo ha trasladado la presidenta madrileña en la duodécima videoconferencia de presidentes autonómicos celebrada este domingo desde que comenzara la crisis del COVID.19, donde ha insistido en reclamar un protocolo claro en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, de cara al control de llegada de los turistas procedentes de otros países, como Reino Unido, donde las medidas de confinamiento han sido más relajadas.