Pero pongamos primero el foco de atención en el informe que presentó la presidenta Ayuso contra el Gobierno central. Y es que, lo que más llama la atención es que el Ejecutivo regional se escuda en que las competencias a partir del Estado de Alarma pasan a centralizarse, pese a que no han tenido en cuenta que a la hora de señalar este hecho, están tirando piedras contra su propio tejado, ya que precisamente la expansión y máxima propagación de la epidemia se llevó a cabo durante los días anteriores a ese decreto que nos llevó a estar confinados en casa durante semanas. Por tanto, si hasta entonces las competencias eran exclusivas de cada comunidad, ¿No es la coalición PP-Cs la responsable de lo ocurrido en la región con anterioridad a lo que pasó en la misma antes de que el presidente Sánchez, y el BOE en concreto, certificasen las medidas de restricción?

La cantidad de personas que acudió al 8-M es ínfima en comparación con las personas que utilizaron durante los siguientes días el transporte público, competencia del Gobierno regional

Ni que decir tiene que lo fácil es culpar a las manifestaciones del 8 de marzo, que tal y como ha señalado el propio Gobierno central, con la transparencia que le caracteriza, tuvieron una afluencia de más de 600.000 personas... en toda España. La cantidad de personas que acudieron a la misma en la capital aquel controvertido domingo 8 de marzo de 2020 no es ni la décima parte de las personas que utilizaron al día siguiente el transporte público para acudir a su trabajo, como cada mañana, siendo esto potestad de un Ejecutivo regional que únicamente pretende echar balones fuera.

Tampoco entramos a detallar otras grandes concentraciones de personas ese fin de semana y los días anteriores al Estado de Alarma, que las hubo -y muchas-, con mención especial a ese Vistalegre repleto de personas jaleando a Vox mientras que un ya contagiado Javier Ortega Smith iba repartiendo besos y abrazos, a la par que esputos, como se puede comprobar en las imágenes de aquel fatídico acto.

Pero hagamos un parón en el camino, y es que la propia Ayuso pasó la enfermedad. Su entorno más cercano apunta a que se infectó -algo que coincide con el periodo de incubación habitual- en el evento multitudinario e internacional Libertycon, celebrado en la capital con asistentes procedentes de todas las partes del mundo e incluso de países en los que ya había casos oficializados.

El entorno de Ayuso señala que se pudo infectar en el evento multitudinario Libertycon al que acudieron personas de todo el mundo

Los actos no se suspendieron, como se puede comprobar. Ni las marchas del 8-M ni la completísima agenda de esas primeras semanas de marzo de los que ahora claman contra el Gobierno central por una única convocatoria, y que bien podría llevarnos a cualquier ciudadana o ciudadano español a denunciar también al consejero de Educación, Enrique Ossorio, o al de Universidades, Eduardo Sicilia, por varias convocatorias, sin olvidarnos claro del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz o, por qué no, el consejero de Deportes, Ignacio Aguado.

Antes de desviar el foco a otro tema, que seguro que le interesa más a Ayuso y que deberá de defender en los tribunales, recordar ese informe del 5 de marzo que tanto hemos visto en los últimos días por televisión de la Consejería de Sanidad madrileña, en el que se pedía -¡sorpresa!-, hacer vida "con total normalidad".

Familiares de residentes en centros de mayores se querellan contra Ayuso

Un total de 25 familiares de personas mayores y trabajadores, agrupados en la llamada "Marea de Residencias", han denunciado este miércoles a Enrique López López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid; a la ya citada presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, así como al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero; y también a los directores de cinco residencias de mayores de Alcorcón y Leganés.

No es la primera -ni la última que nos conste-, ya que la denuncia se suma a la que han presentado otros 26 familiares de una decena de residencias de Madrid, aunque en esta ocasión apuntan directamente al consejero Enrique López "por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales".

Sin embargo, la "Marea de Residencias" amplía la denuncia al director de la Residencia de Alcorcón, y a las de Leganés: Aralia Servicios Sociosanitarios-Parque de los Frailes, DomusVi-Leganés, Amavir-El Encinar y Vitalia Home-Leganés.