El Consejo de Ministros de este martes, previsiblemente, aprobará un real decreto para implementar soluciones a la preocupante falta de mano de obra en el campo español por culpa de las medidas de restricción impuestas para frenar la expansión del Covid-19.

Las organizaciones agrarias calculan que en los próximos meses necesitarán más de 120.000 personas para la recogida de productos en el campo en Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Cataluña y evitar así un daño económico en el sector y también el desabastecimiento del mercado. La pasada semana, el ministro de Agricultura, Luis Planas, adelantó que el Ejecutivo ya trabajaba para dar solución a este problema que ha afectado ya a la provincia de Huelva en su reciente campaña de recogida del fruto rojo (fresas, frambuesas, etc). El titular de Agricultura afirmó que es fundamental contar con mano de obra en el campo para evitar que el producto quede sin recoger lo que podría provocar desabastecimiento, pero también para mantener las exportaciones a otros países.

Las dificultades para encontrar mano de obra se encuentran en la imposición del confinamiento en nuestro país, pero también en el cierre de fronteras de países que han coincidido con la temporada de recogida en las principales campañas agrícolas que han dejado a miles de trabajadores en sus casas.

Desde el pasado 13 de marzo, Marruecos mantiene sus fronteras cerradas lo que ha impedido que más de diez mil mujeres del país africano pudieran viajar a España para trabajar en el campo onubense. Y lo mismo ocurre con temporeros comunitarios, como búlgaros y rumanos, que tampoco pueden desplazarse. El sector agrario ocupa aproximadamente 300.000 asalariados temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros, según el Ministerio de Agricultura.

Entre las medidas que el Gobierno estudia poner en marcha se encuentran la compatibilidad de la prestación por desempleo y otras ayudas sociales a las tareas agrarias. También se prevé la inclusión de trabajadores afectados por un ERTE que no esté vinculado a la crisis del coronavirus.

La norma que podría ver la luz este martes también incluye la flexibilización de la concesión de autorizaciones a varios colectivos de inmigrantes. Entre ellos, se dará prioridad a aquellos cuyos contratos temporales concluyan durante la declaración del Estado de Alarma y el próximo 30 de junio. También se pretende contar con aquellos inmigrantes cuya regularización en España esté únicamente pendiente de algunos trámites administrativos. Y otro colectivo en el que se piensa para que acudan al campo a trabajar son los jóvenes inmigrantes que han dejado de ser tutelados al alcanzar la mayoría de edad.

En todos estos casos anteriores, se va a valorar, además, la cercanía de la residencia a los lugares de trabajo. El decreto estipula que los trabajadores deberán tener su domicilio en el mismo municipio donde se vaya a trabajar o, como mucho, en municipios limítrofes. Con esta medida se pretende compatibilizar el trabajo en el campo con las restricciones a la movilidad para frenar el Covid19.

El problema de falta de mano de obra en el campo no es únicamente español. En Italia, Francia o Portugal se enfrentan a la misma problemática. Por este motivo, la Comisión Europea ha recomendado a los países de la Unión Europea que establezcan procedimientos que garanticen la llegada de temporeros. Alemania, por ejemplo, ha relajado las restricciones de viaje a más de 80.000 temporeros procedentes de Polonia, Rumania y Bulgaria.