El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que uno de sus objetivos en esta legislatura recién estrenada es tratar de despolitizar la justicia, pero parece que será complicado alcanzarlo por la actitud frentista de la oposición de la derecha que pretende justo lo contrario, hacer política también en el ámbito judicial.

La primera batalla se ha librado con el nombramiento de la Fiscal General del Estado que será la ex ministra Dolores Delgado. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió este jueves, por 12 votos a 7, que la candidata propuesta por el Ejecutivo reúne los requisitos que exige la ley para ocupar el puesto. Estos requisitos son ser española, mayor de edad y tener más de 15 años de experiencia como fiscal. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, trató de conseguir la unanimidad, pero le fue imposible porque el debate entre los miembros del órgano de gobierno de los jueces se centró en la idoneidad o no de Dolores Delgado para llegar a este puesto.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Una parte de los jueces considera que la función del CGPJ es un puro trámite y que se debe limitar a comprobar que el candidato o candidata efectivamente cuenta con los requisitos legales mínimos. Sin embargo, otra parte considera que el CGPJ también debe estudiar y valorar si el elegido o elegida para llevar la fiscalía del Estado cumple con la idoneidad. Y en este punto se ha producido el cisma entre los jueces, azuzado interesadamente por la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, que hará frente al Gobierno desde todos los ámbitos que pueda, sin considerar el deterioro institucional que se pudieran producir.

Los siete vocales que votaron en contra del nombramiento de Delgado fueron propuestos en su día para formar parte del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular y se da la circunstancia que todos ellos siguen el su cargo en funciones, ante la negativa del PP de acometer la renovación del CGPJ que ya ha cumplido su mandato hace más de un año. Estos magistrados presentarán un voto particular en el que expresarán por escrito los motivos por los que ponen en cuestión el nombramiento de Dolores Delgado. Se trata de Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Estos magistrados defienden que el nombramiento de Delgado no es idóneo para desempeñar el cargo porque las circunstancias que concurren en ella (haber ocupado una cartera ministerial) no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía.

En el lado contrario se sitúan los vocales del CGPJ del llamado sector progresista, que incluye a los designados para el cargo a propuesta por el PSOE y el PNV. A ellos se unieron Maru Carmona y Rafael Fernández Valverde que se les enmarca en el sector conservador.

La elección de Dolores Delgado para ocupar la Fiscalía General del Estado ha sido puesta en entredicho por ser la ministra de Justicia en el último Gobierno de Pedro Sánchez y por ser, hasta ayer, diputada independiente del PSOE. La derecha considera que Delgado ha perdido la imparcialidad necesaria que debe imperar en el poder judicial. Y ha encontrado el primer filón para atacar el nuevo Gobierno socialista.

Los siete vocales que votaron en contra del nombramiento de Delgado fueron propuestos en su día para formar parte del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular y se da la circunstancia algunos de ellos siguen el su cargo en funciones ante la negativa del PP de acometer la renovación de los miembros del CGPJ que ya han cumplido el tiempo de su mandato. Estos magistrados presentarán un voto particular en el que expresarán por escrito los motivos por los que ponen en cuestión el nombramiento de Dolores Delgado. Se trata de Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Estos magistrados defienden que el nombramiento de Delgado no es idóneo para desempeñar el cargo porque las circunstancias que concurren en ella (haber ocupado una cartera ministerial) no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía.

En el lado contrario se sitúan los vocales del CGPJ del llamado sector progresista, que incluye a los designados para el cargo a propuesta por el PSOE y el PNV. A ellos se unieron Maru Carmona y Rafael Fernández Valverde que se les enmarca en el sector conservador.

El Partido Popular ha puesto en su punto de mira a la ex ministra de Justicia y su nombramiento como fiscal general del Estado. En la mañana del pasado jueves, el propio presidente de la formación, Pablo Casado, declaraba en los medios que esperaba que el CGPJ tumbara la candidatura de Delgado, añadiendo presión a los jueces en un intento de condicionar su decisión.

No es la primera vez que se produce controversia con el nombramiento de un fiscal general. Ya en 1986 se produjo un fuerte enfrentamiento entre los vocales del CGPJ cuando Javier Moscoso fue designado para el puesto. En aquella ocasión la votación fue de 13 votos a favor, 6 en blanco y uno en contra.

Recientemente, los fiscales José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar también se vieron envueltos en polémicas ya que la elección por parte del Gobierno, en este caso del PP, fue fuertemente contestada desde la oposición socialista.