Antes de las elecciones, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez aprobó un decreto ley para impedir el proyecto de los independentistas de crear una especie de república digital catalana. En ese momento, Unidas Podemos, que ahora es socio de los socialistas, fue muy crítico con esta medida ya que consideraban que se podían coartar derechos democráticos. Sin embargo, los de Pablo Iglesias se han movido de sus posiciones y se han abstenido, muestra de la distinta sintonía que tienen ahora las dos formaciones tras la firma de un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición. Los de Pablo Iglesias han dicho que su cambio tiene que ver con la aceptación del Gobierno de introducir modificaciones en la legislación cuando se tramite en el futuro estas medidas.

El decreto ley convalidado hoy impide que el Govern de Cataluña pueda tener los servidores de Internet de las webs oficiales en denominados “paraísos fiscales” y se obliga que tengan que alojarse en países miembros de la UE. El objetivo de esta legislación es poner coto a la intención de los independentistas de crear una especie de república digital catalana, aunque la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha manifestado que de lo que se trata es de adecuar la legislación española con la de otros países del entorno europeo.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y la que puede ser futura vicepresidenta del Gobierno, ha sido la encargada de defender el Real Decreto y ha justificado la urgencia de la medida por “razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”. La ministra ha explicado que la norma intenta, entre otras medidas, impedir el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos.

El Ejecutivo ha logrado sacar adelante esta medida en la Diputación Permanente, que sustituye al pleno en una época en la que las Cortes están disueltas, gracias al apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos. Cabe recordar que esta diputación permanente conserva la distribución parlamentaria anterior a las elecciones con lo que el peso del partido ‘naranja’ es muy importante.

Los partidos que han votado en contra han sido los independentistas catalanes, entre los que se encuentra Esquerra Republicana de Cataluña con quien el PSOE comienza mañana una ronda de negociaciones para ver la posibilidad de que los republicanos no bloqueen la formación del futuro Gobierno. Este ‘desencuentro’ se suma al producido en la tarde de ayer en el Parlamento de Cataluña cuando ERC votó a favor de una propuesta ya prohibida y anulada en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional.

El entendimiento entre ERC y el PSOE parece un camino indispensable para el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los independentistas catalanes han puesto sobre la mesa sus exigencias para moverse del ‘no’ a Sánchez en el que están ahora. Piden la formación de una mesa de diálogo entre partidos que establezca un calendario de trabajo para que después se configure una mesa de negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Además, quieren que en ese espacio de diálogo se pueda hablar de todos los temas, entre ellos, la situación de los presos del ‘procès’ o el derecho autodeterminación.

Sin embargo, el PSOE también tiene sus propias líneas rojas para llevar adelante la investidura. Carmen Calvo ha dicho este miércoles que su partido está de acuerdo en mantener el diálogo entre ambas instituciones, pero en el seno de la mesa bilateral Gobierno-Generalitat que ya está recogida en el Estatuto de Cataluña. Y también ha declarado la vicepresidenta que el PSOE nunca hablará sobre el ‘derecho de autodeterminación’ “porque no está en nuestro proyecto político y porque no está recogido en la Constitución española”. Por tanto, los socialistas se mantienen firmes en el ‘si’ al diálogo, pero dentro de la legalidad vigente.

Los partidos catalanes, junto a otras formaciones nacionalistas, consideran que con la ley aprobada hoy se trata de poner en marcha una “estrategia represiva” y supone una nueva “ley mordaza digital”. La representante de los republicanos Montserrat Bassa, ha dicho que “con este tipo de leyes mordaza van a llenar las cárceles de activistas mientras llenan las instituciones de fascistas”. Además, ha aprovechado para lanzar un aviso al PSOE “no habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política. Resolvamos a través del diálogo, la negociación y la vía democrática”.

El PNV también se ha situado en contra de la aprobación del Real Decreto Ley que, a su juicio, pone bajo vigilancia del CNI el “edificio digital de las administraciones públicas”.

Finalmente, Unidas Podemos ha pedido una serie de cambios para que la legislación “cuente con mayores garantías judiciales y que protejan libertades y derechos fundamentales”.