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La ministra Delgado anuncia que el siguiente paso es reformar el Código Penal para castigar la apología del fascismo

La ministra Delgado anuncia que el siguiente paso es reformar el Código Penal para castigar la apología del fascismo

En contestación al clamor popular que exige la condena como delito a la exaltación del fascismo en España, la ministra de Justicia, Dolores Delgado ha aclarado en una entrevista que el Gobienro está en ello y que es necesario "reformar el Código Penal" y la Ley de Memoria Histórica. Ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene previsto pero que al tener que disolver las Cortes, con motivo de la convocatoria de nuevas elecciones, no ha dado tiempo. No obstante ha asegurado que está previsto hacerlo para equiparnos a países como Alemania, Francia y otros. Por su parte, tanto el líder morado Iglesias, como PP y Cs han aprovechado la ocasión, desde sus diferentes vétices para criticar esta Reforma pendiente. En línea con la deslealtad institucional con la que la oposición está actuando en todos los desafíos claves para el Estado democrático.


Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones y testigo privilegiado de la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, ha manifestado la conveniencia de reformar el Código Penal para castigar la apología del franquismo que en estos momentos no se contempla. Algunos comentaristas de la derecha española han criticado la laxitud del Gobierno ante los insultos de los fascistas a sabiendas de que en estos momentos el Código Penal no contempla su castigo. No se puede detener a personas por decir “Viva Franco”. Soprende la doble vara de medir de la derecha que se dice moderada, pidiendo castigo para la exaltación del fascismo, al tiempo que han metido en sus gobiernos regionales a políticos que hacen permanente apología del terrorismo.

Por otro lado, el líder de la formación morada, que al mismo tiempo critica que se permita cantar el cara al sol y la apología del fascismo, a sabiendas de que el Gobierno socialista tiene prevista una Reforma del Código Penal en este sentido y que no ha podido llevarla a cabo, precisamente por la repetición de elecciones propiciada por él mismo. También incurre en contradicción al criticar la diligencia tras la sentencia del Tribunal Supremo, en la aplicación de la misma, mientras llevaba meses exigiendo la exhumación inmediata, e incluso acusando al Gobierno socialista de que en el "fondo estaba dando largas porque no quería exhumar a Franco para no molestar a los fascistas". La

La ministra Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, era preceptivo que estuviera presente para tomar acta de la exhumación e inhumación de los restos del dictador, tal como ella misma ha aclarado en la entrevista en la que contesta a todos aquellos que por ignorancia o con doble sentido, han criticado su presencia. Así mismo ha asegurado que se ha acabado con “una anomalía democrática”. Estos actos, solemne y respetuosos con los familiares, “sitúan a España en una posición muy homologable al resto del mundo, de Europa, donde no se han permitido estos mausoleos de enaltecimiento y exaltación de las dictaduras”, ha dicho la ministra Delgado en una entrevista concedida a la agencia EFE y reproducida en la mayoría de medios españoles.

También ha reseñado que en países “Alemania, Italia o Francia la exaltación del nazismo o el fascismo tiene respuesta penal, el Código Penal español se ciñe al delito de odio, que requiere una incitación a la violencia y obliga a buscar un equilibrio que garantice el derecho a la libertad de expresión”.Tal como apuntaba el día de los autos lahoradigital.com en Alemanía había cero tolerancia para cualquier simbología del nazismo, ya que los alemanes aún no han superado la herida sangrante que les produjo el holocausto nazi.

Tras soportar en carnes propias, al ser el testigo principal en la exhumación física, que obligó a los representantes del Estado, el Secretario General de Presidencia, Felix Bolaños, subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Higueras, a ponerse mascarilla, y a escuchar los insultos y maldiciones de un miembro de la familia del dictador, Mary Martínez Bordiu que incluso les lanzó maldiciones y acusaciones de profanadores, la ministra considera que “sería bueno una reforma del Código Penal”. Durante los actos, se pudo constatar, no obstante, que los “nostálgicos del fascismo” van siendo residuales en España. Si bien están recibiendo alicientes dada la torpeza histórica de los partidos Popular y Ciudadanos de meter en sus gobiernos a miembros de la extrema derecha, perfectamente vinculados con los restos del franquismo y con los familiares de Franco, incluso a nivel financiero, solitario, etc, entre miembros de alta ideología fascista.

Delgado ha considerado que estamos ante una excelente ocasión para recordar que “ya existía un proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica en el que se incluían sanciones para determinados comportamientos y actitudes”. Si bien con la disolución de las Cortes “no se ha podido seguir adelante con su tramitación. Se reformaron solo un par de artículos para facilitar la exhumación del dictador, una promesa cumplida el jueves”. Delgado, en contestación a todos aquellos que ignoran las razones de su presencia en el acto, ha informado que no participó como representante del Gobierno, sino como Notaria, para dar fe y dejar constancia en un acta de todos los pasos en una jornada histórica.

"Hice esa función con seriedad, que yo creo que es la actitud que tiene que tener alguien que es ni más ni menos que un observador, un fedatario público", asegura Delgado recordando el silencio que reinó en el helicóptero que trasladó el féretro a Mingorrubio, en el que viajaron ella y el nieto mayor del dictador, Francis Franco. En el Valle de los Caídos siguen sepultadas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil -de ambos bandos- y algunas de las familias tienen ya reconocido el derecho a exhumar sus restos, aunque los procesos se alargan.

A su juicio, hay que reflexionar sobre el actual estatuto jurídico del Valle de los Caídos, cuya Fundación depende de Patrimonio Nacional, "y quizá habría que modificar la titularidad", también para analizar el enfoque que se quiere dar a un lugar que hasta ahora había sido símbolo de la dictadura. "Hay que hacerlo y hacerlo bien, con tranquilidad, sin precipitación, con participación de las víctimas, que deben tener un espacio privilegiado de opinión", añade.


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