El Consejo de Ministros aprobó este viernes un plan contra el paro de largo duración, el plan Reincorpora-t, que busca promover las políticas activas de empleo e implicar a las empresas en la contratación de los parados de larga duración. En palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, esta estrategia “tiene dos dimensiones: lograr la integración en el mercado de trabajo de los parados de larga duración y una serie de acciones preventivas para evitar caer en el paro de larga duración”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Valerio destacó que el plan incorpora medidas “en clave de género, en clave de reto demográfico y también en términos de cohesión social e igualdad de oportunidades”, con el fin de mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables y reducir el desempleo de larga duración en 541.000 personas hasta 2021, es decir, reducir la tasa de paro de larga duración del 6,8% al 4,3%, recortando a la mitad, además, la brecha de género.

Entre las medidas de este “ambicioso” plan, apuntó Valerio, figuran la mejora de los itinerarios personalizados de inserción, las bonificaciones para que las empresas contraten a desempleados de larga duración, y la inclusión de cláusulas en la contratación administrativa para favorecer la contratación de estos parados. El plan está dotado con 1.313 millones para los próximos tres años y será evaluado periódicamente por una comisión de seguimiento.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó los detalles de la estrategia contra la pobreza energética. Ribera destacó que hasta 5,1 millones de personas viven en situación de pobreza energética, que se manifiesta en la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. La estrategia aprobada por el Gobierno busca reducir en al menos un 50% la población afectada, con medidas como un bono social de calefacción y la prohibición de cortes de suministro en situaciones climatológicas extremas.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, finalmente, destacó otras medidas aprobadas este viernes por el Gobierno, como la convocatoria para la adquisición de equipamiento científico por valor de 187 millones de euros. “Es un equipamiento necesario para llevar a cabo una investigación de calidad y actualizada”, apuntó Celaá. La también titular de Educación y FP se refirió, asimismo, al “éxito de Estado” que supone el reconocimiento de que Gibraltar es una colonia, realizado esta semana por el Parlamento Europeo y el Consejo. “Es un gran paso adelante para las reivindicaciones de nuestro país, logradas gracias a una posición firme defendida desde el liderazgo europeísta de España”, concluyó.

LA AIREF ESTIMA QUE LOS ‘VIERNES SOCIALES’ SUPONEN UNA DÉCIMA MÁS DE DÉFICIT

El Gobierno ha aprobado en los primeros meses del año mediante Real Decreto-Ley una parte de las medidas de gasto cuantificadas en el Plan Presupuestario e incluidas en el proyecto de PGE por importe global de 1.633 millones. La AIReF ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019 puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto. Tras la aprobación de los Reales Decretos Leyes, el importe final estimado es de 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 500 millones, se incluía en el proyecto de PGE.

Las cuotas de Seguridad Social pagadas a los cuidadores (315 millones), recuperar el subsidio para mayores de 52 años (242 millones), ampliar el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (225 millones), y el ingreso mínimo vital para familias con hijos a cargo (138 millones) solo empeorarán el desfase presupuestario en apenas una décima de PIB. De modo que, sin ellas, el déficit público se quedaría este año en el 2% en lugar del 2,1% previsto por la Autoridad Fiscal. La meta marcada por Bruselas para 2019 es del 1,3%.