Ayer jueves, la Policía Nacional de Valladolid detuvo a 14 involucrados por un presunto delito de estafa y organización criminal. Se les acusa de sustituir ataúdes de alta gama por otros mucho más baratos en el proceso de cremación del difunto. La operación ‘Ignis’ desencadenó el registro de varios tanatorios del grupo El Salvador, en la provincia de Valladolid. Entre los detenidos se encuentra el propio propietario, que ayer por la noche seguía en los calabozos de la Comisaría de Delicias.

Más de 60 funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional, al Área Regional Aduanera de Valladolid de la AEAT participaron en el dispositivo, según la Delegación del Gobierno. La operación policial actuó en dos sociedades mercantiles que forman parte del sector funerario, ambas empresas con domicilio fiscal en Valladolid. Se registró la sede social del grupo y los domicilios particulares que el Juzgado de Instrucción había ordenado.

Virginia Barcones, delegada del Gobierno, acompañada por Jorge Zurita, jefe superior de Policía en Castilla y León, han explicado hoy los detalles del caso. “¡Son miles de personas las afectadas a lo largo de dos décadas!”, ha alertado Barcones. En cuanto a la praxis del delito, la delegada ha comentado que “toca la fibra sensible de los ciudadanos porque se producía en momentos en que las personas son más vulnerables, pues están dando el último adiós a sus seres queridos”.

En España un entierro cuesta una media de entre 3.500 y 4.000 euros. Este “cambiazo” que presuntamente realizaban los 12 hombres y las 2 mujeres que ya están siendo investigados, consistía en cambiar el ataúd caro que había pagado la familia del difunto por uno de mucha peor calidad. Después, el ataúd caro se volvía a revender a otros clientes. Lo mismo ocurría con las coronas fúnebres y las flores en sucesivos sepelios.

Mañana, sábado, todo apunta a que los 14 involucrados pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 6. El caso se ha desvelado debido a un proceso penal que comenzó en 2017, en el que un trabajador ya jubilado extorsionó a la mercantil: o mejoraba su pensión o desvelaba estas prácticas irregulares.

DENUNCIA BOOMERANG
En el proceso, la empresa se personó como acusación particular y conllevó la condena del extrabajador, pero ahora se ha vuelto un boomerang que vuelve al Grupo El Salvador. La policía empezó a indagar en el contenido gráfico y documental que el condenado había aportado en un pendrive.

OPERACIÓN "IGNIS"
Una vez se levante el secreto de las actuaciones, Barcones y Zurita entrarán en más detalles de un caso delictivo que choca con una “cuestión tan sensible”. Su comparecencia ha consistido en explicar el itinerario que ayer jueves siguió la Unidad de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria que, simultáneamente para evitar que se destruyesen las pruebas, trabajaron desde las 08:00 entre las sedes del Grupo El Salvador y los domicilios de los detenidos y reunió un total de 76 funcionarios.

La empresa cuenta con instalaciones en Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga, por lo que los hechos se circunscriben a tales zonas. En ambos edificios, cuentan con crematorio. En total, junto a las viviendas de los acusados, siete registros. En casa del máximo responsable, la policía halló 961.785 euros.

Zurita destaca el hallazgo de documentación (libros de registro incluidos), que se analizará en un proceso muy “prolijo”, teniendo en cuenta que las pruebas documentales ya ocupan “6 y 8 metros cúbicos” en papel y formato digital.

Las pesquisas iniciales quedan acotadas a dos décadas entre los años 1995 y 2015, aunque la operación no descarta ampliar a otros periodos y más personas por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal. Si podría acusárseles, también, de profanación de cadáveres es algo que han preguntado los medios y ante lo que Zurita ha indicado que lo tendrá que determinar la autoridad judicial.

El jefe de la Policía Nacional de Valladolid ha pedido paciencia ya que el trabajo por delante es largo y difícil y todavía se halla en la primera fase. Ya se han recibido algunas denuncias de posibles familias afectadas. Al respecto, Zurita ha reclamado que no se “bloqueen” las comisarías con la presentación de denuncias, que estén tranquilos. Los posibles afectados, para ejercitar acciones, recibirán asesoramiento de la autoridad judicial y el CNP.

El presunto fraude de los ataúdes podría afectar a “miles de ciudadanos” según apunta Barcones. La empresa funeraria, que no ha sido clausurada y seguirá su curso de trabajo, podría haber generado “millones de euros” con tal praxis.

RECOMENDACIÓN DE LA OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado a los posibles afectados que recopilen toda la documentación relacionada con el contrato del servicio funerario, como facturas, presupuesto y contrato suscrito. Y, por supuesto, formalizar la denuncia ante la Policía.

Se aconseja, además, que junto a la denuncia se presente una copia de la información recabada. En caso de que el Grupo El Salvador fuera culpable, se podría reclamar un perjuicio tanto económico como moral.

La OCU solicita que la administración competente informe a estas personas, aunque no estén personados en la causa, para que posteriormente puedan llevar a cabo las acciones civiles que correspondieran.