Pilar Llop, jueza desde 1999 y especializada en violencia de género, diputada en la Asamblea de Madrid desde 2015 y desde la victoria de Sánchez el pasado 1 de junio, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Es uno de los pesos pesados en la lucha contra la Violencia de Género e incluso su nombre llegó a sonar para postularse como candidata a la alcaldía de Madrid y enfrentarse a Manuela Carmena, de jueza a jueza. En esta entrevista, Llop reconoce que la violencia de género, en muchas ocasiones, pretende aterrorizar a la mujer y despojarla de su identidad hasta expulsarla de la sociedad.
Empecemos por lo urgente, casi 1000 mujeres asesinadas y 27 menores desde que en 2003 comenzaron a aparecer estadísticas oficiales, 44 mujeres asesinadas en este 2018. ¿Podemos considerar esta lacra, terrorismo machista? ¿Es ese el mensaje que debemos transmitir a la sociedad para que la concienciación cale realmente entre la ciudadanía y hacer de la violencia de género una cuestión de Estado?
La violencia contra las mujeres no es una lacra social, es una violación de los derechos humanos. Este llamado “terrorismo machista” quiere infundir terror en las mujeres, desposeyéndolas de su propia identidad, de su libertad y, en definitiva, de sus derechos de ciudadanía expulsándolas del espacio público, que es de todos y de todas. En ocasiones, cuando las mujeres van en búsqueda de su libertad se produce el asesinato, que es consecuencia más extrema de esta violencia y las cifras muestran la dimensión del inmenso problema al que nos enfrentamos. En los estudios de sentencia de asesinatos y homicidios se revela en un porcentaje importante que cuando la mujer anuncia su separación es cuando se produce el hecho criminal. Es evidente que es una consecuencia de que estos agresores no aceptan que la víctima salga de su dominio, de su control.
A pesar de esto en España contamos desde 2004 con una ley que aborda de manera integral la lucha contra la violencia de género en la que la concienciación y la sensibilización ocupan un papel protagonista. Porque para acabar con la violencia, todos debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Así lo recoge también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado hace más de un año, y que este Gobierno está poniendo en marcha en un tiempo récord.
La educación es la base para prevenir la violencia de género y para acabar con comportamientos machistas y micromachistas desde la infancia, aunque estas son políticas que darán resultados a medio o largo plazo ¿tiene pensado el Gobierno recuperar contenidos en este sentido en la nueva LOE?
La igualdad es la clave para acabar con la violencia de género. Si logramos que las futuras generaciones crezcan en igualdad, habremos acabado con el machismo y el sexismo que alimenta la violencia. El Pacto de Estado incorpora medidas en materia de educación en las que todos nos hemos comprometido en trabajar y la reforma de la Ley de Educación será una oportunidad para incorporar esta formación. Hay que enseñar a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes cuáles son las primeras señales del maltrato para que las identifiquen y sepan combatirlas. Enseñarles a que no se controla, que no se agrede ni se amenaza a otra persona porque hay que respetar los derechos de los demás, su libertad, su libertad sexual, su integridad, su diversidad y que si observan estos comportamientos tienen que pedir ayuda.
¿En qué punto de desarrollo se encuentra el Pacto contra la Violencia de Género? ¿Cómo se va a hacer efectivo el reparto de los fondos previstos?
Cuando llegó el nuevo Gobierno, el Pacto de Estado, aprobado casi un año antes, estaba sin desarrollar.
Nada más llegar al Gobierno convocamos la conferencia sectorial para el reparto de los 100 millones de euros para las CCAA, que ya han sido transferidos, con la posibilidad, dada la premura en el tiempo, de que se ejecuten en 2019 sin ser descontados de la cantidad que le corresponde a cada Comunidad Autónoma en el siguiente ejercicio. Además, el Consejo de Ministros aprobó en agosto el Real Decreto que, entre otras cuestiones, devuelve las competencias a los Ayuntamientos en materia de violencia de género; amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género para que las víctimas, sin interponer denuncias, puedan acceder a derechos laborales y de la seguridad social; y modifica el Código Civil para proteger a sus hijos e hijas, que solo necesitarán el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica.
El Pacto de Estado contempla, además de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas y los menores, otros ámbitos de vital importancia como el educativo, el de la sensibilización y la atención a otros tipos de violencia contra las mujeres que los que ya estamos trabajando desde la Delegación.
Una buena parte de las mujeres asesinadas habían puesto denuncia por violencia de género y aún así no se pudo evitar su asesinato, ¿en qué consisten las mejoras de protección a las mujeres que denuncian y a las que no denuncian y que se han incluido en el Pacto de Estado? ¿Qué responde a quienes dicen que no vale de nada denunciar?
La denuncia es la principal herramienta que tenemos para proteger a las mujeres. En los casos de las víctimas mortales, la gran mayoría, el 70%, no había denunciado. Afrontarlo solas nunca va a ser la mejor solución para enfrentarse a un problema tan grave y tan complejo como es la violencia machista.
Trabajamos en toda la cadena de protección a las mujeres que sufren violencia machista y en ese sentido es importante destacar que el Ministerio del Interior, a través del Sistema VIOGEN, ha mejorado los indicadores para una mejor valoración del riesgo. También sabemos que muchas mujeres no denuncian por situaciones que tienen que ver con su independencia económica, por lo que se ha habilitado la posibilidad de que las mujeres accedan a derechos laborales y de la seguridad social sin necesidad de interponer denuncias
También es muy importante la formación de los cuerpos de seguridad del estado y de trabajadores sociales que son los primeros intervinientes en episodios de violencia. ¿Cómo se van a llevar a cabo a partir de ahora las valoraciones de riesgo y cómo vamos a proteger a las mujeres de sus asesinos?
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Estas medidas van acompañadas de la debida formación especializada de los cuerpos policiales para que sepan interpretar los indicadores. En el caso de los trabajadores sociales nos encontramos con que estos recursos se prestan desde distintas administraciones, fundamentalmente la local y autonómica. Por eso repartir los fondos del Pacto de Estado para que las administraciones dispongan de recursos especializados y con la formación adecuada era una cuestión prioritaria.
También es importante terminar de desarrollar las Unidades de Valoración Forense Integral que realizan valoraciones de riesgo a petición de los órganos judiciales. Estas unidades dependen de las doce Comunidades que tienen competencias transferidas en materia de justicia, y en las cinco del Ministerio de Justicia, se debe avanzar en el establecimiento de una red adecuada de Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
En la Delegación del Gobierno además gestionamos recursos que contribuyen a la protección de las mujeres. Me refiero al sistema de protección ATEMPRO, el 016 para atención y asesoramiento de todas las personas que necesiten información sobre qué hacer y dónde ir en estos casos y los dispositivos electrónicos de control de medidas y penas de alejamiento, que se han mejorado en su tecnología y esperamos que sea un recurso más utilizado por los juzgados.
Para aquellas mujeres víctimas de violencia machista y que no viven en núcleos urbanos, que provienen del mundo rural, es mucho más difícil denunciar y acceder a los servicios que necesitan para salir de la espiral del maltrato. ¿Cómo contemplan el drama de la violencia en el medio rural?
Para atender a estas mujeres, la clave está en reforzar la atención que se presta desde los ayuntamientos. En ese sentido, es importante destacar la devolución de competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos, y la dotación de recursos.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha hecho especial hincapié en dar respuesta a esta situación y ha anunciado que el próximo año se duplicarán los fondos destinados a luchar contra la violencia de género desde las entidades locales, pasando de 20 a 40 millones de euros.
Según los últimos datos estadísticos, se producen actos de maltrato, violencia y asesinatos entre población joven. ¿Preocupa al Gobierno cómo corregir este dato? ¿Se ha producido un retroceso en las relaciones en plano de igualdad y respeto entre los jóvenes?
El 7% de los agresores que han acabado este año con la vida de sus parejas o exparejas tienen menos de 30 años. Y el 14% de las víctimas mortales.
La sociedad española ha avanzado mucho, pero es evidente que seguimos arrastrando el lastre de siglos de desigualdad. Acabar con ello desde la raíz significa trabajar desde las edades más tempranas, y desde luego es un campo de trabajo prioritario para la Delegación del Gobierno.
¿En qué cree que contribuye a esto, el uso de las redes sociales y de Internet?
Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación, sobre todo entre la población más joven. El machismo tiene en las redes y la tecnología una herramienta muy poderosa para controlar, acosar y vigilar a sus víctimas. Esta violencia de control por parte de las parejas y exparejas hacia las chicas es muy preocupante; la Macroencuesta de 2015 señalaba que una de cada cuatro chicas que había tenido novio era controlada por él. Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver en este tipo de violencia de control que es machismo puro. Hay que insistir en el uso responsable de estas tecnologías y en la concienciación de que el acoso es un delito, se cometa en el espacio físico o en el virtual y que no hay lugar para la impunidad de estos delitos.
De la misma manera, las redes sociales nos ayudan a llegar de manera más directa a esos chicos y chicas que se informan, se entretienen y se relacionan a través de sus teléfonos. Por eso tenemos que usar su mismo lenguaje y sus mismas herramientas para este combate Si encontramos las claves adecuadas, las redes también pueden ser grandes aliadas para la avanzar en igualdad.
El Presidente del Gobierno asegura y tiene a gala presidir un Gobierno que hace bandera de la igualdad de forma transversal en todos los ministerios, ¿podría contarnos cómo se lleva a cabo toda esa coordinación transversal?
El gobierno del presidente Sánchez es un gobierno feminista. En la forma y en el fondo. Las medidas adoptadas en materia de igualdad y contra la violencia de género en apenas cinco meses lo avalan.
La coordinación se lleva a cabo desde la Comisión Interministerial de Igualdad, que la vicepresidenta convocó el pasado día 7 de noviembre, un órgano que no se reunía desde 2011, y cuya finalidad es supervisar y coordinar la integración del principio de igualdad en la Administración General del Estado. Coordinar desde la Vicepresidencia todas las políticas de igualdad colocando esta cuestión como prioritaria en la agenda política ha sido un gran avance para transversalizar y llegar por igual a toda la Administración. No se podía haber hecho mejor.
¿Con qué apoyo cuentan realmente, entre el resto de partidos políticos del arco parlamentario, para la implementación de las medidas aprobadas en el Pacto de Estado?
Yo valoro el pacto como un documento políticamente vinculante, Esto significa que los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado también están vinculados por lo que ellos mismos aprobaron. El Pacto no puede ser para ellos un fin en sí mismo, ahora les toca aprobar las reformas legales que propusieron y que se aprobaron en este acuerdo y están cumpliendo con su compromiso.
El hecho es que el 13 de septiembre se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados el Real Decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este momento, los grupos políticos están haciendo aportaciones al decreto-ley, que se tramita como un proyecto de ley y han aprobado la ponencia de la Reforma de la Ley Orgánica para crear la especialización en violencia de género en el sistema judicial. Aún quedan muchas más leyes por reformar y estoy segura de que aparcarán sus legítimas diferencias ideológicas y se centrarán en las medidas que aprobaron. Acabar con la vulneración de derechos humanos que supone la violencia de género está por encima de los colores políticos.