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Edición testing    11 de abril de 2021

Tribunal Supremo

La Sala ha rechazado la solicitud interpuesta por Vox de suspender el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid para esta Semana Santa argumentando que el interés público que debe prevalecer es el general, que es el del Decreto firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y por todas las comunidades menos Baleares y Canarias.

Tras más de un año de espera, debido a la pandemia, el Parlamento Europeo ha votado a favor de la petición del Tribunal Supremo para conceder el suplicatorio y retirar la inmunidad parlamentaria a los ex dirigentes catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí (JxCAT). Con 400 votos a favor y 248 en contra, la cámara europea considera que el alto tribunal español es competente para enjuiciarlos, algo que negaban los implicados, y que los hechos por los que se les reclama son anteriores a que tuvieran la condición de representantes electos en Bruselas. La extradición no es automática, pero ahora se activan en los juzgados belgas y británico las euroórdenes dictadas contra ellos por el juez Pablo Llarena.

El auto supone la sentencia firme del Tribunal Supremo respecto a los primeros años de la trama Gürtel y, a través de él, la Audiencia Nacional ordena la repatriación de 50.342.107 euros que se encuentran bloqueados en Suiza en diferentes cuentas bancarias pertenecientes a Francisco Correa, Luis Bárcenas, Pablo Crespo e Iván Yáñez.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido a trámite una nueva cuestión prejudicial sobre el índice hipotecario IRPH planteada por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza, María del Carmen Robles. La magistrada ha puesto a disposición del TJUE un total de 16 cuestiones prejudiciales acusando al Tribunal Supremo (TS) de actuar “en exclusivo beneficio de las entidades financieras” y solo cambiar de opinión cuando la Justicia europea le corrige. Estas cuestiones prejudiciales se suman a las seis presentadas en diciembre por el magistrado titular del Juzgado 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, así como a las continuas denuncias de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), al considerar que no hay transparencia en la acciones del TS.

El rapero Pablo Hasel ha entrado en la prisión de Ponent tras su detención en la Universitat de Lleida. Sus delitos: enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y a las instituciones del Estado encontrados, según Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, en más de 60 tuits y una canción que suponían un “riesgo en abstracto” de que sus seguidores cometieran atentados tras leerlos. Este caso ha precipitado el anuncio del Ministerio de Justicia de una reforma del Código Penal, que se venía ya trabajando desde hace más de un año, en materias de delitos de libertad de expresión que lleva siendo señalado durante años por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Unión Europea.

El rapero Pablo Hasel tiene ahora cinco días para presentarse en cualquier prisión de forma voluntaria y cumplir una pena de cárcel de 9 meses. Los delitos: enaltecimiento al terrorismo, injurias a la corona e injurias a las instituciones del Estado, concretamente a las FFSS, en mensajes recogidos en su cuenta de Twitter y en una de sus canciones. La polémica levantada por este y otros casos como el de Willy Toledo y el rapero Valtonyc ha culminado con el anuncio desde el Ministerio de Justicia de revisar el Código Penal en materias de delito de odio, injurias contra las instituciones del Estado, delitos de ofensa religiosa y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Organismos tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Unión Europea señalaban desde hace años a España para que se realizara este cambio de artículos que han quedado obsoletos y que expertos opinan que se han usado como "revanchismo" político.

Los presos del 1-O que cumplen condena en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) y la exconsellera, Dolors Bassa, que se encontraba en el centro de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), han salido este viernes de prisión tras la decisión del Govern catalán de avalar su tercer grado penitenciario. Esta decisión fue tomada este jueves por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, en vísperas del primer día de campaña de los comicios del 14-F, y permite a los condenados permanecer durante el día en libertad y volver a prisión solamente para dormir. Este hecho les da la posibilidad, si así lo desean, de participar en actos de la campaña electoral de sus partidos. A su juicio, la Secretaría ha señalado que las salidas de prisión servirán para retomar sus trabajos y voluntariados, y ha añadido que “todos están sujetos a una pena de privación de libertad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política”. Ahora la Fiscalía deberá estudiar si recurre la decisión, como ya hizo en julio, y solicitar al juzgado que la suspenda hasta que lo resuelva el Tribunal Supremo.

Los fiscales del Tribunal Supremo han presentado este martes sus informes sobre las peticiones de indulto a los 12 políticos catalanes condenados por el ‘procés’ independista en Cataluña. En los escritos, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan en contra de conceder la medida de gracia que inició su tramitación el pasado septiembre, al considerar que no existen razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen aplicarlay que sería privilegiar “al gobernante desleal y corrupto”. Asimismo, la Fiscalía alerta de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política” para la obtención de “apoyos parlamentarios”. En algunos sectores judiciales ha sorprendido que el escrito de los fiscales no se limite a argumentos jurídicos y entre a valorar cuestiones políticas que no debería tocar para preservar la separación de poderes. Los informes de los cuatro fiscales han sido remitidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que espera también los preceptivos informes de la Abogacía del Estado para que también emita su propio dictamen.

Desde el principio de la legislatura la derecha y la ultraderecha decidió que los próximos cuatro años una parte importante de su estrategia de oposición estaría basada en el ‘lawfare’ o guerra jurídica. Y la pandemia del coronavirus ha servido para sustentar sus planes. Pero el Tribunal Supremo acaba de cortar la intención de Vox de llevar ante los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria. El alto tribunal ha inadmitido 20 querellas y 30 denuncias presentadas por sindicatos, asociaciones y otras organizaciones satélites del partido de Abascal.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía al niño de ocho años Gabriel Cruz Ramírez, en una finca de Rodalquilar (Níjar) la tarde del 27 de febrero de 2018. La Sala de lo Penal desestima los recursos de casación interpuestos por la defensa de la acusada y por la acusación particular, mientras que avala el criterio de la Audiencia de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificando el máximo castigo penal para Quezada por un delito de asesinato hiper agravado, además de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la integridad moral de los padres del niño.

Juan Carlos I ha presentado este miércoles ante la Autoridad Tributaria una declaración voluntaria y “sin requerimiento previo”, en la que constata el abono de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, según ha transmitido en un comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco. De esta manera, el Rey emérito regulariza las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018, en relación con la utilización de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause. Este asunto está siendo examinado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que también se suman otras dos investigaciones abiertas al monarca, la primera por posibles comisiones del AVE a la Meca y la segunda por una presunta fortuna en un paraíso fiscal en Jersey que podría derivar en otros delitos fiscales.

Un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara los Presupuestos Generales del Estado, con el voto de los independentistas catalanes de ERC, el Tribunal Supremo ha anunciado la revocación del tercer grado para los nueve presos del procès independentistas de Cataluña. Todos los condenados deberán, por tanto, seguir en prisión en el segundo grado. El alto tribunal estima que la semilibertad es prematura y que hay una falta de conexión con su proceso de reinserción.

Once condenados tendrán que cumplir penas de más de 12 años, incluida la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, que tendrá que ingresar en prisión.

Algo más de dos años después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ‘caso Gürtel’ que supuso la condena del PP a título lucrativo y que desencadenó la presentación de la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia. Confirma condenas de hasta 51 años para el cabecilla de la trama, Francisco Correa. También las penas para Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias que deberá entrar en prisión. El ex tesorero del PP, ya amenazó con ‘tirar de la manta’ si su esposa entraba en la cárcel. Por este motivo, el PP está en estado de alerta por si salen nuevos nombres a la luz.

Los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos, también Vox, se han apresurado a solicitar la dimisión de Pablo Iglesias, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el juez Manuel García Castellón, haya solicitado al Tribunal Supremo, que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pase a ser investigado, -antes imputado- por su presunta participación en el denominado “caso Dina”. El auto dictado por el juez, consta de una exposición razonada de sesenta y tres páginas con hechos y fundamentos, pidiendo la condición de investigado por los presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos con agravante de género y denuncia falsa. Los hechos descritos, sucedieron tras el robo del teléfono móvil de la que fuese su asesora personal, Dina Bousselham. Además de Iglesias, también está involucrado el comisario Villarejo, en cuyo domicilio apareció una copia de la tarjeta del móvil que estuvo desaparecido durante meses. Al parecer Villarejo, también hizo llegar copias a algunos directores de medios.

Manuel García Castellón ha elevado una exposición motivada al Tribunal Supremo para que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por los posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa en relación con el robo del móvil de su ex asesora Dina Bousselham.