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Edición testing    19 de septiembre de 2020

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo abre una causa penal a Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional, tras apreciar indicios de delito de maltrato en al ámbito familiar. A su vez, el juez Andrés Martínez Arrieta ha sido designado instructor de la causa por la Sala de lo Penal. A pesar del testimonio exculpatorio de su mujer, tanto la jueza de guardia, como el instructor, aprecian indiciós de malos tratos.

En un informe de más de 300 páginas, la Fiscalía y el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, detallan las razones por las que el Tribunal Supremo debería inadmitir las querellas presentadas por la ultraderecha de Vox y sus organizaciones satélites como la Asociación de Abogados Cristianos o HazteOir.org contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia político-judicial de la ultraderecha consiste en acusar al Ejecutivo de España elegido democráticamente en las urnas de una gestión “criminal” y le acusan de lesiones imprudentes, prevaricación administrativa, omitir el deber de socorro e incluso de homicidio imprudente con sus decisiones. Pero ahora el detallado informe fiscal dice que “no se advierte, ni tan siquiera con arreglo a un criterio ‘ex post facto (después de hecho) que pudieran haber infringido deber y obligación alguna”.

La sala de vacaciones del Supremo ha rechazado la petición de Ómnium Cultural de tomar medidas contra Juan Carlos I, y ha recordado que no está siendo investigado. La entidad presentó un escrito en el alto tribunal el martes, después de que el Rey emérito abandonase el país. En ella pedía que se citase a Don Juan Carlos a declarar ante el Tribunal y que en caso de no comparecer se emitiese una orden internacional de detención. Desde el lunes se desconoce el paradero del Rey emérito que abandonó España tras destaparse su implicación en un escándalo de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y del 15 de marzo donde se establecieron los términos de la exhumación del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha considerado no probado el delito de detención ilegal en el caso de una bebé entregada nada más nacer por el doctor E.V. en 1969 a una familia distinta de la biológica, y mantiene en todo lo demás los hechos acreditados por la Audiencia Provincial de Madrid como delito de falsedad y como ilegal procedimiento de entrega de la niña al margen de los cauces regulares para una adopción. El motivo de descartar la detención ilegal es que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento de la madre biológica.

El Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las Diligencias de Investigación nº 38/2020 de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al resultar de estas mismas que uno de los individuos involucrado en los hechos investigados era el Rey Emérito, Don Juan Carlos de Borbón. La investigación tiene que ver con el denominado "Ave a la Meca" y por el que se acusa al monarca de, presuntamente, cobrar comisiones por sus gestiones.

Con los datos registrados el 13 de mayo, Brasil acabó superando a Francia en cuanto a los contagiados confirmados, registrando 181.518 infectados, es decir, más de 3.000 con respecto al día anterior. Este ascenso de positivos ha situado al país como el sexto en cuanto al más afectado por el coronavirus. Una de las zonas más afectadas es Manaos, la capital de la Amazonía, donde las autoridades les han dejado a su destino, y la población indígena ya no sabe qué hacer con los cadáveres.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno adoptar todas las medidas necesarias para lograr la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios. El Ejecutivo, además, tendrá que informarle de las medidas adoptadas cada quince días.

El President de la Generalitat ha enviado una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet. En ella, critica la negativa ante la excarcelación de los presos independentistas.

Un juzgado ordinario de Madrid había dado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad un plazo de 24 horas para dotar de material de protección a todos los centros de la red del Servicio.

El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual permitió suspender a los entonces presos preventivos del “procés” el pasado mes de mayo. La sentencia ha sido adoptada por unanimidad.

Pese a que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Cataluña podría "complicar" el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, todo parece indicar que la comunidad se encuentra a las puertas de unos comicios, tal y como augura la CUP, después del "espectáculo" de ERC y Junts este lunes, o En Comú, que los supedita a que antes se aprueben los presupuestos en el Parlament. Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se muestra partícipe de que los catalanes acudan a las urnas y avisa: "No nos dan ningún miedo".

El secretario general del Parlamento de Cataluña, Xavier Muro, ha decidido finalmente cumplir el mandato de la Junta Electoral Central y retira el acta de diputado al presidente de la Generalitat Quim Torra. Se ejecuta así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilitó al presidente a 18 meses por sus reiterados incumplimientos que le exigían retirar los símbolos independentistas de los edificios oficiales durante la campaña electoral. Ahora los servicios jurídicos de la cámara deben dilucidar si la pérdida de la condición de diputado conlleva también la imposibilidad de seguir siendo el jefe del Ejecutivo catalán.

Izquierda Unida y Podemos piden al Tribunal Supremo que se tomen diligencias con el eurodiputado de Vox por tres delitos recogidos en el Código Penal: provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno de la nación y un delito de odio al promover la hostilidad y violencia por razón de ideología, penado con hasta cuatro años de cárcel.

Tal y como se ha dado a conocer este jueves, la Junta Electoral Central (JEC) remitirá al Parlamento catalán una copia del auto de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha rechazado "suspender la retirada del escaño" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha ordenado a su presidente, Roger Torrent, que en consecuencia ejecute la sanción "de forma inmediata".