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Edición testing    21 de enero de 2021

Trabajo

En las últimas semanas el Ejecutivo viene estudiando con los agentes sociales la posibilidad de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional de cara al próximo año. Los representantes de la patronal consideran que es perjudicial una nueva subida en plena crisis económica tras las subidas de los dos últimos ejercicios y apuntan a una posible subida del paro como consecuencia más inmediata. Los sindicatos apuestan por que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Y en el propio Ejecutivo hay visiones distintas, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere subir el salario, pero desde otros ministerios se considera que en estas circunstancias especiales habría que dejarlo como esta. Ante la falta de acuerdo, el Consejo de Ministros aprueba hoy la congelación del SMI.

El duro impacto que ha supuesto la Covid-19 en el sector laboral ha conllevado a que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) exija mayores planes de prevención y ayudas a autónomos. Más de 183.000 trabajadores por cuenta propia se encuentran de baja a consecuencia del coronavirus sin ninguna medida que pueda avalar su estabilidad económica en los próximos meses. La falta de concordancia entre CCAA y precaución ante lo que podría ser la tercera ola de la pandemia – y el cierre definitivo de muchos negocios- ha llevado a la UPTA ha demandar al Gobierno un plan de reconversión del trabajo autónomo valorado en 14. 000 millones de euros.

Las personas interesadas en participar en este proceso tienen hasta el 2 de diciembre para inscribirse a través de la página web de correos. Se trata de una oferta de trabajo para ocupar puestos en todas las provincias, aunque Cataluña, Madrid y Valencia son las Comunidades Autónomas donde se ofertan más puestos de trabajo

El Ejecutivo ha alcanzado un preacuerdo con sindicatos y patronal que permitirá regular el teletrabajo en España. La mesa de negociaciones, presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se mantuvo hasta la última hora de ayer tras numerosas discrepancias entre las tres partes implicadas que habían dificultado el proceso de consenso. La actual crisis del coronavirus ha precipitado la constitución de una norma que proteja los derechos de los trabajadores que realicen su actividad de forma telemática y supone un ejemplo de negociaciones y consenso por parte del Gobierno.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en el mes de agosto en algo más de dieciocho millones y medio de trabajadores y trabajadoras lo que supone el cuarto mes consecutivo de subidas. Por el contrario, se ha registrado un leve repunte de del paro, el menor desde 2016 en este mes, de 29.000 personas. Estos datos del paro confirman que la evolución del mercado de trabajo va recuperando el pulso tras el parón obligado por el confinamiento por culpa de la pandemia. Aunque aún habrá que ir observando la evolución de miles de personas que continúan en ERTE’s así como los autónomos que aún no han recuperado el nivel de actividad previo a la crisis sanitaria.

La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre ha puesto negro sobre blanco la incidencia directa de la pandemia del coronavirus sobre el empleo. Según el INE durante este periodo se ha contabilizado 1.074.000 personas ocupadas menos, una caída fuerte pero que podría haber sido peor ya que no se cuenta aquí los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo, la herramienta que puso en marcha el Gobierno para proteger precisamente el empleo. Estos trabajadores son considerados como ocupados según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, el número de ocupados que efectivamente han trabajado entre abril y junio es de casi 14 millones de personas, un 35,14% de la población activa.

El pasado miércoles por la tarde se celebraba una reunión entre Gobierno y agentes sociales, con el fin de negociar la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que finalizan el próximo 30 de junio. Sin embargo, no ha habido acuerdo ni tampoco se ha fijado otra fecha para que se haga efectivo un acuerdo que permita seguir hasta el 30 de septiembre, como pretendían sindicatos y patronal.

Alcobendas desarrolla un nuevo proyecto para formar a 10 personas en situación de desempleo en competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo.

El Gobierno estudia la aprobación de esta nueva medida. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo, entre 3,5 y 4 millones de trabajadores podrían están afectados por ERTE's durante la crisis sanitaria del Covid-19.

La Seguridad Social pagará casi 3.500 millones de euros y dejará de ingresar otros 2.000 por exoneraciones de cuotas

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) costarán a las arcas públicas unos 5.500 millones por cada mes de aplicación a los cuatro millones de trabajadores afectados por éstos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su participación en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20, ha expuesto las medidas implantadas en España para proteger a los trabajadores de los efectos del COVID-19. Además, ha dejado claro que para dar respuesta a esta situación se necesita la unión internacional.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparece, ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, y solicita a todas las fuerzas políticas que se realice un gran Acuerdo contra la Precariedad del mercado laboral.

El pasado lunes 6 de abril, el Gobierno y los agentes sociales han llegado al acuerdo de seguir trabajando en la denominada “fase de desescalada” y ver cómo se puede ir retomando la actividad en relación a las particularidades de cada diferente sector.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias este miércoles, 1 de marzo, para ofrecer a sus usuarios el adelante de las prestaciones por desempleo que corresponden al mes de abril. Los bancos avanzarán el ingreso de los subsidios de paro, que se realiza habitualmente el día 10 de cada mes, para garantizar liquidez en este contexto de crisis sanitaria y económica.

Cientos de compañías españolas paralizan los contratos con sus empleados

Las tres compañías optaron por estas medidas para blindar sus economías y proteger a sus empleados. Una vez que la situación se normalice todo recuperarán sus trabajos. Las consecuencias económicas del COVID-19 podría impactar en más de 700 mil familias de todo el país.