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Edición testing    25 de octubre de 2020

Salvador Illa

Sanidad ha llegado a un acuerdo con las comunidades en su Pleno común para establecer una serie de criterios comunes de actuación en función del escenario pandémico en el que se encuentre cada región. El documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” fija cuatro niveles de alerta, bajo, medio, alto y extremo, en función de una serie de indicadores, y ha sido aprobado por todas las comunidades con la excepción del País Vasco y Madrid, que considera que las medidas “llegan cuatro meses tarde”. Siguiendo estos umbrales, actualmente cinco comunidades se encuentran en nivel de alerta extrema, Navarra, Aragón, La Rioja, Melilla y Ceuta, superando los 250 casos acumulados por 100.000 habitantes en dos semanas. El texto no recoge actuaciones especificas para los territorios de máximo riesgo, pero sí recomienda reducciones de aforo, cierre de hostelería y de establecimientos no esenciales a partir de las 22 horas.

Este jueves Sanidad ha registrado 7.953 casos diagnosticados en las últimas 24 horas, unas cifras que se elevan en comparación con los 6.114 registrados el miércoles de la semana anterior. Con 20.986 nuevos casos por coronavirus en nuestro país la cifra global de contagios por esta enfermedad ya se eleva a las 1.026.281

El responsable de Sanidad confía en tener disponibles varias vacunas a finales de año o a principios del 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido en una entrevista para Onda Cero que los próximos “cinco o seis meses serán muy duros” ante un horizonte que se presenta difícil en España, que ya ha superado el millón de casos confirmados de Covid – 19. El país se ha convertido en el primero de la Unión Europea en alcanzar esta cifra y la incidencia continúa creciendo a un ritmo peligroso. Illa explicaba que, aunque las medidas que se están tomando ahora son “muy drásticas”, habrá que endurecerlas si no dan resultado en diez días. El responsable de Sanidad confía en tener disponibles varias vacunas a finales de año o a principios del siguiente, pero aun así habrá que “aprender a convivir con el virus”. A su vez, también anunciaba que el escenario de Madrid “ha mejorado pero sigue siendo una situación preocupante” y esta tarde se discutirán las nuevas medidas adoptadas por la comunidad en el Consejo Interterritorial.

Durante la inauguración del I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología, el ministro de Sanidad ha asegurado que “la perspectiva de la salud debe estar presente en tosas las políticas públicas”

Una reunión en la que han acordado reforzar las acciones de salud pública coordinadas, así como la dotación de un marco que sirva de referencia a las administraciones en el trabajo, al seguimiento, y a los planes de actuación en el ámbito universitario

Un día después de superar el millón de contagios en España, el Gobierno y las distintas Comunidades Autónomas se reunirán este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para discutir sobre las medidas a adoptar para frenar la curva de contagios. El toque de queda, medida adoptada por varios países europeos, es uno de los puntos principales que se debatirán esta tarde como medida de contención a la segunda ola de coronavirus que ya sufre todo el territorio nacional.

Desde hace tres semanas, al menos, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid viene presumiendo de una insólita disminución de los casos de contagios acumulados en toda la región. La semana pasada se notificaba una reducción del 26’6% de incidencia. Ese mismo día también se descubría que podrían ser debidos a una reducción del 40% de las pruebas PCR realizadas, pasando de 169.741 entre el 21 y el 27 de septiembre, a 80.273 la semana del 3 al 10 de octubre, curiosamente cuando la presidente regional Ayuso empezó a sacar pecho sobre los "datos satisfactorios" de Madrid, presuntamente como resultado de sus medidas. Desde entonces, estas pruebas disminuyen por miles y se aumentan los cribados masivos usando test de antígenos, que son incapaces de detectar positivos asintomáticos. El resultado, solo 237 nuevos positivos detectados, una incidencia del 0’47% y un desperdicio de recursos, según apuntan los expertos. Mientras, Ayuso continúa celebrando estas cifras y pidiendo el fin del Estado de Alarma declarado por Sanidad.

El Gobierno ha anunciado la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la compra de más de 31 millones de vacunas contra la COVID-19. Conforme a los convenios establecidos con la Unión Europea en su distribución, el precio de compra de estas vacunas oscilaría entre los 2,19 euros. El Ministerio de Sanidad prevé que dichas vacunas estarán disponibles en España a partir de diciembre, los primeros 3 millones de dosis, y hasta junio del 2021, el resto.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, medita la posibilidad de establecer un toque de queda en Madrid y en otras regiones de España, como posible medida para luchar contra la pandemia. Para garantizar la aprobación de la propuesta, planteada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Illa advierte de la necesidad de establecer un nuevo Estado de Alarma que diera cobertura legal a la medida. Y para ello, el Gobierno tendría que tener la garantía del resto de grupos políticos del Congreso de los Diputados para alargar la propuesta más allá de quince días.

El titular de Sanidad, Salvador Illa, ha refrendado las restricciones tomadas por Cataluña, advirtiendo además que "combatiremos comunicativamente a los que lancen mensajes engañosos sobre las vacunas", anunciando que aún queda "un periodo largo de tiempo hasta la vacuna o tratamiento", por lo que apuesta por medidas "quirúrgicas en periodos cortos". Lo importante es detectar, rastrear, y confinar, para terminar con el descontrol de los contagios comunitarios, especialmente en Comunidades como Madrid o Cataluña, por su densidad y situación geopolítica. Ademas de estas dos comunidades, en estos momentos, Navarra, La Rioja, ciudades de Castilla y León y de Andalucía, se encuentran en alerta máxima.

El Ministerio de Sanidad plantea una reforma del sistema de alerta temprana y control de la pandemia que presentó en julio, para ahora establecer cuatro niveles de alerta con unas medidas mínimas para coordinar las restricciones frente a la Covid-19 en las distintas comunidades autónomas, adaptables según la situación y el contexto de cada región.

El Gobierno central y la Comunidad de Madrid han celebrado este martes una nueva reunión del Grupo Covid-19, creado por ambas administraciones para coordinar la situación de la pandemia en la comunidad. El encuentro concluyó sin avances notables. El Gobierno, por su parte, justificó las restricciones aprobadas, mientras que la Comunidad de Madrid defendió el sistema de zonas básicas frente al confinamiento por municipios.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, justifica el decreto del Estado de Alarma en Madrid, ante la pasiva gestión del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Se ha informado a la población afectada que estas medidas del EA son exactamente las mismas que informó Illa, tras ser aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y no supondrán nuevas restricciones a las ya establecidas desde el 1 de octubre. La única diferencia es que se recurre al EA porque el TSJM las tumbó el jueves, al utilizar Ayuso una triquiñuela legal para inutilizarlas. Por tanto Madrid, capital y 9 localidades de la CAM seguirán manteniendo las limitaciones de entrada y salida de estos, salvo por excepciones justificadas. Illa recuerda la delicada situación de Madrid apelando a la responsabilidad ciudadana.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intervenido este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para responder de forma dura y tajante a la diputada del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor. Durante cuatro minutos, Illa ha proclamado un discurso contestando a las acusaciones de la diputada, que considera que “su tiempo se ha acabado” y pidió la dimisión del ministro. El siempre pausado titular de Sanidad, endureció su discurso, que no sus formas, para contestar a las acusaciones que le llegaron desde el PP y recordó que "el objetivo de todos debe ser proteger la vida de los ciudadanos".

El Gobierno y las Comunidades Autónomas establecen la creación de un comité científico independiente para evaluar la gestión de la Covid-19. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, será la encargada de presidirlo, contando con la cooperación de un representante por cada una de las Comunidades Autónomas. Este grupo de trabajo cuenta con un plazo de un mes para presentar una propuesta clara y efectiva ante el Consejo Interterritorial, el cual decidirá su formación definitiva.