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Edición testing    24 de febrero de 2021

residencias de ancianos

El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos vacunación en España con la información aportada entre el miércoles y el jueves por la CCAA. Las comunidades han administrado el 59’3% de las vacunas recibidas, un total de 676.186 dosis, 200.000 más que las registradas el lunes. En cabeza se mantienen la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, con entre el 70 y el 85% de los viales administrados, después las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con un 75’6% y un 91’1% respectivamente. A la cola, País Vasco y Madrid, con apenas un 41’2% de las dosis utilizadas. Esta última región, aunque aumenta considerablemente el ritmo inyectando 38.488 viales en los últimos días, se sitúa muy por debajo de los objetivos. Las Residencias de Mayores de Madrid denuncian que el 88’75% del total de los centros no han recibido ni una dosis y el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, ya ha confirmado que no podrá cumplir los objetivos de Sanidad marcados para esta semana. Desde el Ministerio de Sanidad mantienen que a finales de esta semana las Comunidades tendrán que haber administrado una primera dosis a todos los usuarios y trabajadores de las residencias, algo que comunidades como La Rioja, Andalucía y Galicia sí cumplirán.

Un informe publicado por Amnistía Internacional carga contra la falta de atención precisada a los ancianos en las residencias durante la pandemia de coronavirus, estimando que la “ineficacia” en las medidas adoptadas, así como la falta de “gestión adecuada” por parte de las autoridades han llegado a vulnerar “al menos cinco derechos humanos” de las personas mayores residentes. La investigación centra el foco en las residencias de Madrid y Cataluña, por ser las dos regiones españolas donde más fallecimientos por Covid-19 ha habido y donde los protocolos indicaban que no hubiera derivación de los ancianos a los hospitales, vulnerando así su derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, a la vez que su derecho a la vida privada y familiar y a una muerte digna también fueron negados. Con este informe, Amnistía Internacional denuncia lo sucedido en las residencias durante la primera ola y establece que es tiempo de reconducir la situación en esta segunda ola, ya que sigue siendo “alarmante”.

Desde la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas destacan que “no podemos permitir al gobierno de la Comunidad de Madrid salga impune del genocidio que ha generado por la COVID-19”

Desde ADEPPU quieren aclarar la información dada en TVE el pasado 23.10.2020 en las noticias del mediodía sobre la querella interpuesta por esta Asociación en el Tribunal Supremo contra la señora Isabel Ayuso Díaz y dos de sus consejeros. Afirman que no es cierto que se haya archivado la querella pero en el caso de que así sea, no tienen ningún impedimento de acudir a todas las instancias judiciales que la verdad salga a la luz.

Sanidad admitía en una reunión con los representantes de las comunidades autónomas que las cifras globales de los fallecidos en residencias de ancianos desde que comenzara la pandemia son de “una calidad que dificulta su difusión”.

En un documento, que ha denunciado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y que ha adelantado ElDiario.es, el Ministerio de Sanidad reconoce la inconsistencia de las cifras y apunta que una comunidad no ha dado cifras desde marzo ni una sola vez. Sanidad achacaría la baja calidad principalmente por dos motivos: las dificultades del sistema de notificación que impuso el mismo Ministerio el 23 de marzo y a la que califica como “una plataforma poco amigable para el registro”; y la inconsciencia de los datos presentados por los gobiernos regionales en los que se presentan, en algunos casos, “fechas incoherentes”, errores en sumas o informes “con ausencia de datos sobre causas de fallecimientos”.

La Fiscalía General del Estado sigue estudiando el número de diligencias penales abiertas por sus delegaciones en todo el país por posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria del Covid-19, que ya superan las 220. Madrid, continúa siendo la comunidad autónoma que mas investigaciones acumula, en total 104, a las que hay que añadir seis procedimientos ya abiertos por otros tantos juzgados de instrucción.

La Policía Nacional ha detenido a unas 8.800 personas por casos de violencia de género durante el estado de alarma en España. Se han contabilizado más de 245.000 contactos con víctimas.

La Policía Nacional ha presentado especial atención a uno de los colectivos más vulnerables, las víctimas de violencia de género y las personas de avanzada edad realizando una destacada protección a estas.

La Junta de Castilla y León ha detectado dos nuevos brotes de Covid-19 en dos centros residenciales de Valladolid. Se han confirmado cinco y 11 casos en cada uno. Además, hay un nuevo contagio de coronavirus en el Hospital Río Hortega. A pesar de estas informaciones la consejera de Sanidad de la comunidad asegura que está controlado.

La enésima polémica alimentada por la derecha tiene que ver con buscar responsables de lo ocurrido en las residencias de ancianos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Iglesias culpa de la gestión a quien siempre ha tenido las competencias, la Autonomías; y el PP culpa al líder de Unidas Podemos al establecerse el mando único con el Estado de Alarma. La realidad es que el decreto de medidas excepcionales del 14 de marzo nunca quitó competencias a las Autonomías sino que las reforzó. Ahora, en el Real Decreto-ley de la 'nueva normalidad' se insiste en que la autoridad competente sigue siendo las administraciones regionales y, además, insta a las autonomías a coordinar su trabajo con sanidad. Así lo explica el BOE.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, se defiende de la negativa de llevar a ancianos dependientes a residencias medicalizadas, argumentando que estas personas se encontraban muy delicados de salud y era contraproducente proceder a cambiarles de centro. La noticia se conoce después de que la Comunidad de Madrid también aprobara un protocolo parecido, algo que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que podría ser una ilegalidad.

Un total de 25 familiares de ancianos en residencias y trabajadoras agrupadas en la Marea de Residencias se han querellado contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. En concreto la querella va dirigida a Enrique López López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid; a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero; y a los directores de cinco residencias de mayores de Alcorcón y Leganés.

El medio digital NIUS ha tenido acceso a un documento, firmado por el director general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, Carlos Mur de Víu. En este documento con fecha de 18 de marzo se aconseja no hospitalizar a los enfermos de Covid-19 de las residencias de ancianos en función de su esperanza de vida y de su pronóstico. A pesar de ello, Ayuso se dedica a culpar de los muertos al Gobierno de Sánchez, cuando en su comunidad, Madrid, han fallecido más del 30% de las víctimas, y de ellas más de ocho mil en las residencias de ancianos, cuya inspección y gestión depende del gobierno regional del PP desde hace dos décadas. Residencias que dejaron en manos de fondos buitres y multinacionales.

Según los datos ofrecidos por Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, el 87,7% de los 13.931 fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia tenía 70 años o más. Esto demuestra el gran riesgo que tienen los mayores si contraen la enfermedad. por otro lado al menos 6 niños de entre cero y 9 años habrían perdido la vida por covid 19.

La Comunidad de Madrid ha cesado al director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, y en su lugar ha designado para el cargo a Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Este cambio se ha producido tras la dimisión de Yolanda Fuentes y la designación de Antonio Zapatero como director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, avisa que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las carencias en las residencias de mayores. El defensor pide que se revise profundamente el sistema residencial y mejorar la calidad de la atención que reciben.

Varias Comunidades Autónomas han autorizado las visitas a enfermos graves de coronavirus para combatir la muerte en soledad.