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Edición testing    8 de agosto de 2020

querella

Un juzgado de Madrid ha inadmitido a trámite una querella de los familiares de un fallecido por coronarivus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al considerarse primero incompetente ya que el fallecimiento se produjo en Móstoles; y segundo, por no considerar las conductas denunicadas indiciarias de delitos ni por homicidio imprudente ni por falsedad en documentos. El juez zanja así una de las denuncias que los partidos de la ultraderecha están alentando contra representantes públicos por lo que creen una gestión inadecuada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Medio centenar de familiares y trabajadores de centros de mayores se querella contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplía su amenaza e interponía un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras la negativa del Ministerio de Sanidad a pasar de Fase a la región en el plan de desescalada hacia la 'Nueva Normalidad'. Sin embargo, a la dirigente 'popular' se le han vuelto en contra las querellas, esta vez dirigidas a la gestión de su Gobierno, como las recogidas este miércoles por un grupo de familiares de residentes en centros de mayores de Alcorcón y Leganés, que no son las primeras -ni las últimas- a las que se deberá de enfrentar.

El PSOE reclama a Santiago Abascal y Hermann Tertsch 10.000 euros y que se retracten por injurias y calumnias. El dinero recibido se donaría a organizaciones que trabajen en defensa de los menores inmigrantes y al Instituto de Salud Carlos III.

Izquierda Unida y Podemos piden al Tribunal Supremo que se tomen diligencias con el eurodiputado de Vox por tres delitos recogidos en el Código Penal: provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno de la nación y un delito de odio al promover la hostilidad y violencia por razón de ideología, penado con hasta cuatro años de cárcel.

La querella exige citar al president a declarar por el presunto delito de desobediencia, además de solicitar solicita a la Jefatura de Policía de Cataluña las actas de comprobación con relación a informes de la Delegación del Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de la JEC y, al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, que informe “acerca del debido cumplimiento de lo resuelto por la junta el 21 de marzo”.

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