lahoradigital.com

PP

Políticos de nuevo cuño y poca experiencia vienen afirmando en los últimos cinco años que la división entre la derecha y la izquierda no tiene ya razón de ser en España ni en el mundo. Se trata de una intencionada confusión mental. Hoy, las clases trabajadoras están en un proceso de explotación creciente que creímos superado durante las décadas de los ochenta, noventa y primeros años dos mil. Concretamente, los gobiernos conservadores de Aznar y Rajoy, se encargaron de retroceder notablemente los logros laborales y derechos civiles adquiridos tras la muerte del dictador, y que con tanto ahinco trajeron los gobiernos socialistas de González y Zapatero. Una gran parte de la llamada clase media, de los noventa, ha visto como se convertía en "clase pobre", o en trabajadores que no llegan a fin de mes, excluidos sociales en paro y sin prestaciones. Al tiempo que el poder y la riqueza se acumulaba en las élites, defendidas por los partidos de la derecha. Hoy más que nunca, la ciudadanía debe saber que los autodenominados partidos de centro, UCD, CDS, UPyD, o más reciente Ciudadanos, incluso de centro derecha, PP, han acabado arrastrados por las políticas de la extrema derecha racista, xenófoba, homófoba. Aquí intentamos explicarlo.

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado en una entrevista en Televisión Española que la derecha española ha vuelto a recuperar su estrategia de crispar la vida política y extenderla a la sociedad, algo que hace cuando los socialistas están en el Gobierno. Esta vía hace que los de Casado hayan anunciado que no apoyarán ninguna iniciativa que llegue al Congreso, “incluso aquellas cuestiones que son mandatos constitucionales” como es la renovación del CGPJ. Lastra ha afirmado que les gustaría contar con el PP para la necesaria reforma del Código Penal y ha ratificado que dicha reforma no es una cuestión que se haya negociado con los partidos catalanes, como denuncia la oposición. La líder socialista ha acusado al PP de utilizar exageraciones basadas en cosas que no son ciertas y ha lamentado que “la derecha solo entiende la democracia cuando les votan a ellos”.

La Fundación Pedro Zerolo pide a Ciudadanos y PP que respeten la legalidad, mantengan los consensos alcanzados en igualdad y no se coloquen en el lado equivocado de la Historia.

El llamado 'pin parental' propuesto por la extrema derecha ha provocado una reacción unánime en todos los consejeros de Educación de las autonomías con Gobierno socialista. Se trata de los dirigentes de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra, además del secretario de Educación de la Comunidad Valenciana, quienes han firmado un manifiesto contra el veto parental impulsado por Vox, que pretende que las familias tengan capacidad de decisión sobre a qué actividades deben ir o no sus hijos dentro del horario lectivo. Algo que ya ocurre gracias a los consejos escolares, donde los progenitores están representados, pese a que PP y Vox argumentan lo contrario.

Las niñas y niños son personas aunque sean menores de edad, porque tienen su propia personalidad, incluida la jurídica. Son sujetos de derechos, que son reconocidos por la legislación interna e internacional. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en el año 1990 y la Constitución española en su art. 27, junto con la L. O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituyen el marco definitorio de esos derechos.

En la legislatura de la confrontación, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no va a rehuir ninguna batalla y se situará con determinación frente a las exigencias de la ultraderecha, de un radicalizado PP y de Ciudadanos. Los primeros desacuerdos han venido en la Justicia y su politización y en la educación con la puesta en marcha del ‘Pin Parental’ en Murcia. La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que el Ejecutivo ha remitido un requerimiento al Gobierno murciano para que procedan a la retirada de la norma y avisa que recurrirá a la vía administrativa o judicial ante cualquier vulneración del derecho de los alumnos a recibir una educación integral.

El barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arroja unos resultados muy parecidos a los que se dieron en los últimos comicios generales. El PSOE obtendría ahora el 28,3% del voto, tres décimas más que en noviembre, y estaría seguido del PP, Vox y Unidas Podemos. Ciudadanos, por su parte, sigue cayendo y se sitúa cerca del 5% de los votos.

Hace ahora un año, el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa advertía: "Si continúa esta política de decir la cosa más fuerte; si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás, yo no pinto nada en política. No me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista". Hoy, Borja Sémper ha cumplido su promesa y ha decidido abandonar la política, al parecer, decepcionado con el devenir de su formación en los últimos tiempos.

Según garantiza López Miras

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sacado la cara por Vox este martes 21 de enero, al decir que el pin parental no ha sido cosa de ellos, sino que ha sido idea del Partido Popular.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes adoptará "medidas importantes" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya se había marcado como prioridad. Además, ha acusado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de arremeter contra la educación pública y le exige dejar de patrimonializar el CGPJ, y ha defendido la reunión entre el líder del PSOE y Quim Torra para "afrontar con realismo" la situación política en Cataluña.

El próximo nueve de febrero, Sevilla vivirá una gran manifestación del movimiento feminista en protesta por las políticas del Gobierno del PP y de Ciudadanos. Las organizaciones convocantes han emitido un comunicado en el que denuncian la paralización de proyectos en materia de igualdad de género o de erradicación de la violencia machista ya que el Instituto Andaluz de la Mujer ha dejado de financiarlos.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha referido al polémico ‘pin parental’ que la derecha quiere legislar en Murcia y ha afirmado que “la derecha más contumaz (…) no respeta el mandato constitucional, no respetan la Convención de derechos de la Infancia, no respetan la autonomía docente”. Ayer el Consejo de Ministros anunció que acudiría a la vía judicial si López Miras implanta este ‘pin’ en las escuelas de la Murcia.

Este jueves el CGPJ aprobó que Dolores Delgado reúne los requisitos legales para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, cumpliendo así el trámite previsto en la Constitución. Sin embargo, el fondo del debate, sobre la idoneidad de la ex ministra, ha partido en dos al órgano de gobierno de los jueces, ya que se cuestiona la imparcialidad de la fiscal por su pertenencia al anterior Gobierno. La votación final, con 12 a favor y 7 en contra, ha puesto de relieve que la política y la lucha partidista sigue contaminando la Justicia.

La ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, se enfrenta este jueves al pleno del Consejo General del Poder Judicial que valorará la idoneidad de su candidatura como fiscal general del Estado. Cabe recordar que el sector conservador es mayoritario en la institución, aunque se trata de un trámite preceptivo y no vinculante. Por tanto, la labor del CGPJ será comprobar que reune los requisitos, a saber, fiscal de carrera, más de 15 años en el ejercicio y de reconocido prestigio.

Todos los partidos madrileños excepto PP y VOX apoyan la protesta de empleados de Telemadrid "en defensa de un sector público esencial". Tanto PSOE, como Cs, Más Madrid y Unidas Podemos estuvieron junto a más de 200 trabajadores de la cadena pública en una concentración que tuvo lugar este pasado sábado. Exigen que el Gobierno regional "no meta las manos en la empresa pública". El peligro está en que la ultraderecha de Vox ha puesto encima de la mesa que se desmantele la televisión pública de todos los madrileños y madrileñas a cambio de su apoyo a los presupuestos del Gobierno regional del PP y Cs.