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Edición testing    1 de diciembre de 2020

PP

Decía que la verdad no le interesa a casi nadie. Llamamos verdad a lo que coincide con los hechos racionalmente explicables y los hechos pueden resultar desagradables o aburrir mortalmente. ¿A quién le importa que miles enfermen y mueran? A sus familiares y amigos y a unos pocos empáticos.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, está siendo objetivo de acoso particular y familiar, desde hace varios meses, por parte de la derecha y de la ultraderecha. Empezó la veda con el caso Delcy, sin fundamento alguno, que la Justicia ha archivado, como era obvio, pero mientras tanto los medios de la derecha estuvieron atacando al ministro injustificadamente durante semanas. Después, se le practicaron al ministro y su familia, una serie de escraches en su domicilio privado. Más tarde le acusan de haber beneficiado a su familia de un viaje oficial a Canarias, algo que ha demostrado el ministro pagó de su bolsillo, y disfrutó de la compañía de su familia, el domingo, tras concluir el sábado por la noche sus trabajos oficiales. La oposición sabe que Ábalos es uno de los pilares fundamentales del Psoe y del Gobierno de Sánchez, por ello no dudan hasta en "señalar el nombre y dirección del colegio de su hijo de siete años". Además de haberse defendido el ministro sobradamente, y el resto de compañeros, está vez es el portavoz del Senado del grupo socialista, Ander Gil, quien ha intervenido exigiendo directamente a Pablo Casado, del PP, una disculpa ante la campaña de acoso llevada a cabo por el líder del Partido Popular.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pide al líder del PP, Pablo Casado, el abandono del populismo en beneficio del interés y el bienestar general. Señalando el clima de crispación generado por las continuas confrontaciones del Partido Popular, el ministro aclama a la concienciación y cooperación en esta crisis económica-sanitaria, al margen de ideologías.

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso, Martínez Seijo, ha respondido a las protestas que se celebraron este domingo en distintos puntos del país en contra de la nueva ley educativa, aprobada por mayoría en el Congreso la semana pasada. Estas manifestaciones, protagonizadas por PP, Ciudadanos y Vox, pusieron en el punto de mira “mentiras” que han sido difundidas por el PP de “forma irresponsable”. “No se puede consentir que sigan jugando con la vulnerabilidad de las familias, generando incertidumbre ante la educación de sus hijos”, zanjaba la portavoz ante los “posicionamientos extremistas” del partido de Pablo Casado que mantienen que la ley cerrará los centros concertados y de educación especial y que acabará con el castellano en las aulas. Seijo ha aseverado que la Ley Celaá proporciona “un modelo inclusivo y equitativo que garantiza el derecho a la educación para todos, refuerza la educación de 0 a 3 años y elimina cualquier tipo de segregación y garantiza la beca como derecho subjetivo” y que “garantiza el castellano, la educación concertada y la educación especial”. No obstante, el PP mantiene las amenazas de llevar la ley al Tribunal Constitucional y evitar su promulgación en las comunidades que gobierna ante lo que Seijo le ha recordado: “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso”.

La aprobación de la nueva Ley de Educación ha provocado protestas y manifestaciones masivas en toda España. Ante tal hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo, asegurando que cumple con lo declarado en el artículo 3 de la Constitución y con las recomendaciones del Consejo de Europa. En este sentido, Sánchez ha declarado que la Ley Celaá “garantiza” que en los territorios donde haya lenguas cooficiales, “los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, en casi su totalidad, dando luz verde a sus puntos más polémicos como las devoluciones en caliente de inmigrantes, las sanciones por movilizaciones ante las Cortes y los registros corporales externos. Sin embargo, las grabaciones “no autorizadas” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no ha pasado el filtro del alto tribunal, al considerar que vulnera los derechos fundamentales.

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre, sigue colocando al PSOE como primera fuerza de Gobierno en el barómetro de noviembre y tendría el respaldo del 30,4% de los votantes en unas hipotéticas elecciones generales. Muy por detrás, sigue estandado el Partido Popular del Pablo Casado que no parece verse beneficiado se su ruptura con la ultraderecha. Precisamente Vox, sigue subiendo en intención de voto aunque aún está por debajo de lo conseguido en las pasadas elecciones de noviembre. Ciudadanos recupera terreno poco a poco y está ya cerca del 10% de los apoyos electorales. Y Unidas Podemos mantiene el tipo aunque sigue siendo la cuarta fuerza política. El Gobierno de Sánchez mantiene una ventaja de 11,8 y 17,2 puntos respecto al PP y Vox. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados señalan la crisis sanitaria del coronavirus como principal preocupación actual.

El terrorismo de ETA, los supuestos pactos de Bildu, el ataque al castellano, la cuestión catalana… esos son los temas a los que acude la derecha de manera sistemática, es el ‘libro viejo’ de los populares cuando están en la oposición. Esa es la respuesta del presidente del Gobierno al líder de la oposición, Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. El dirigente socialista ha acusado al líder conservador de utilizar técnicas propias de Donald Trump y recurrir a “mentiras, ‘fake news’, polarización…” en un momento en el que la principal necesidad de España y de los españoles es la aprobación de unos presupuestos que saquen al país de la crisis del coronavirus lo antes posible.

¿A quién le importan las elecciones americanas cuando en casa está enfermando y muriendo gente y se están cerrando locales para siempre y miles están rellenando formularios para pedir una ayuda o haciendo cola para conseguir un poco de comida? Trump es solo un nombre, una palabra que suena a golpe de tambor lejano. Pues bien, esta mañana, leyendo The Guardian, Trump me sonó en la mente con la fuerza de decibelios insoportables para el oído humano. Trump me sonó a golpe mortal contra el virus que asola el mundo, contra todos los negocios, grandes y pequeños, contra todas las ayudas, contra todas las colas. Trump me sonó a la solución de todos los problemas de la tierra por la vía de la muerte. Ayer, Donald Trump comunicó a su gabinete su intención de atacar las instalaciones nucleares de Irán antes de dejar la presidencia.

Es la polémica de la semana en la capital, y no es para menos. Dirigentes del Partido Popular, encabezados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han jaleado las redes sociales y a su militancia atribuyendo el destrozo del cruceiro de Madrid a un ataque de odio contra los cristianos. Sin embargo, la realidad parece del todo diferente: fue un accidente. ¿Seguirá adelante Abogados Cristianos con su querella? ¿Se retractará Vox al respecto?

El Ejecutivo ha logrado ‘pasar de pantalla’, esa que se le resistió la pasada legislatura y desencadenó el adelanto electoral. Y lo ha hecho con nota alta al aunar el voto de 198 escaños que dijeron ‘no’ a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, y dos formaciones del Grupo Plural y tres del Grupo Mixto. Ahora, el objetivo de Pedro Sánchez y los suyos es mantener intacto este apoyo durante la tramitación de las enmiendas parciales que se realizan en la comisión de presupuestos y, lo más complicado, llegar hasta el final del trámite parlamentario con este amplio respaldo. La clave está en la capacidad de los socialistas para romper los vetos cruzados que mantienen Ciudadanos y ERC y que son alentados por Unidas Podemos de manera incomprensible.

El anuncio de Bildu de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, celebrado con entusiasmo por el vicepresidente Pablo Iglesias, ha creado mucho malestar en el seno de las filas socialistas. Barones como Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara han criticado este ‘peaje’ del Ejecutivo para sacar adelante las cuentas públicas. Pero los números en el parlamento son los que son y hoy por hoy, los ciudadanos decidieron conformar el Congreso más fragmentado de la historia democrática. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha manifestado sobre el asunto destacando que “hemos trabajado mucho en este país por la normalización democrática” y recalca que “con la mentalidad de algunos, la Transición hubiera sido imposible”.

Cada vez está más despejado el camino del Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este jueves, el Congreso tumbará, con casi toda probabilidad, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP o Vox. Otras formaciones como Ciudadanos o ERC han optado por no presentar alternativa a la ley de Presupuestos y eso dará luz verde a la tramitación de las cuentas del Ejecutivo socialista. El Partido Popular ha mostrado su rechazo total a los PGE pero asume que no podrá bloquearlos por eso ahora se ha lanzado a proponer enmiendas que pretende incluir en el proceso de debate de las cuentas. Entre las medidas que ofrecerá está la inclusión de una ayuda extraordinaria para los autónomos que tendría un coste aproximado de 2.400 millones de euros, pero difícilmente encontrará respaldo parlamentario.

Los partidos políticos PP y Vox intentan mostrar que su postura en la moción de censura planteada hace dos semanas contra el Gobierno del PSOE tiene más apoyo entre sus afiliados. Mientras que Vox contaba con la ayuda del PP en su intento de acabar con Pedro Sánchez, los populares vieron la ocasión perfecta para romper relaciones con Vox, Abascal y la ultraderecha. Este hecho generó un enfrentamiento en el Congreso de los Diputados que, dos semanas después, se ha traducido en una guerra de cifras sobre el aumento de afiliados que ambos partidos aseguran haber ganado.

Las tres formaciones proponen que las Comunidades Autónomas donde existen dos lenguas cooficiales se pueda elegir la lengua vehicular principal en el sistema educativo, aunque señalan que la enseñanza del Castellano está garantizada

El trámite de la nueva Ley de Educación que presentó la ministra Isabel Celaá sigue su curso. Ahora está en proceso de elaboración y de presentación de enmiendas. El PSOE, Unidas Podemos y ERC han presentado una de esas enmiendas de forma conjunta que propone que las Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales elijan dicha lengua vehicular. Se quiere así blindar la inmersión lingüística. Habrá que esperar si esta propuesta cuenta con el suficiente respaldo parlamentario para que salga adelante. Pero la polémica ya está creada ya que PP y Ciudadanos se oponen frontalmente. Desde el Ejecutivo ya se asegura que la educación en castellano estaría garantizada.