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Edición testing    29 de noviembre de 2020

Palestina

Hoy, la Casa Blanca será el lugar en el que los altos cargos de Estados Unidos, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se reunirán para formalizar el acuerdo que se dio a conocer el pasado 13 de agosto, y que normalizaría las relaciones entre estos países.

Los dos partidos que comparten Gobierno, junto con ERC, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y el Partido Regionalista Cántabro han presentado en el Congreso una Propuesta no de Ley para rechazar el plan de anexión que Israel se ha visto obligado a posponer por la falta de apoyo. La iniciativa anima a reanudar las conversaciones de paz para llegar a un acuerdo global.

La Comunidad Internacional alerta del riesgo de una nueva oleada de violencia si la extensión de la soberanía a los territorios ocupados llega a realizarse

El Gobierno de Israel pretende anexionarse hasta un 30% de los territorios ocupados en Cisjordania. Una operación que pretende hacer efectiva el próximo 1 de julio, y la cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha condenado por ser una violación grave del Derecho Internacional. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, ha reclamado a Israel que acabe con los planes de anexión para evitar una nueva oleada de violencia.

A casi nadie debe sorprenderle el último paso de la Administración Trump sobre el conflicto israelo-palestino. El Secretario Pompeo ha hecho oficial lo que venía siendo una evidencia manifiesta: que su jefe no considera ilegal la construcción de colonias judías en los territorios ocupados desde 1967. Esta decisión contradice la legalidad internacional, es decir, las resoluciones de la ONU y las medidas que de ellas se derivan. Es bien sabido que a Trump le importa muy poco la arquitectura jurídica mundial, aunque no sea precisamente hostil a Estados Unidos. La pregunta pertinente es por qué ahora.

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