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Edición testing    2 de marzo de 2021

Ministerio de Hacienda

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de “en torno al 11,3% del PIB”, con una caída de los ingresos cercana al 7,6%, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19. Estas cifras suponen la mayor bajada en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, en torno a tres puntos. En este sentido, Montero ha avanzado que dichos números se situarán en los entornos estimados, aunque a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y cuando las autonomías y las entidades locales comuniquen sus finanzas públicas. Asimismo, la ministra ha explicado que se continuará con las políticas “anticíclicas” y ha abogado por unos Presupuestos “expansivos” en 2022, retrasando el plan de ajuste a cuando sea realmente necesario y “lo exija la Comisión Europea”.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

El informe “Cumpliendo”, que presentó esta semana el presidente Pedro Sánchez, expone que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) es, sin duda, la principal medida de lo que llevamos de legislatura del actual Ejecutivo socialista. Tras dos años de prórrogas y en un contexto de pandemia, estas cuentas públicas constituyen un gran logro para la recuperación económica del país. De esta manera, a partir del 1 de enero -cuando entren en vigor- se dará comienzo a un proceso que permitirá el reforzamiento del Estado de bienestar gracias al mayor gasto social que se ha generado en la historia; 239.765 millones de euros. Cumpliendo su principal objetivo progresista, otras medidas como la aprobación del Impuesto sobre Transacciones Financieras y la suspensión de las reglas fiscales -tanto para este año como para el 2021- son vitales para garantizar este marco de recuperación frente a la Covid-19. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado otra serie de medidas a cumplir durante el próximo año, focalizadas principalmente en la lucha contra otro gran problema social, como el fraude fiscal.

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) de la Administración central se cifra en octubre en 30,59 días, 4,88 días menos que en septiembre, mientras que en las comunidades autónomas se sitúa en 33,17 días, con lo que se reduce en 1,6 días con respecto al mes anterior, suponiendo una disminución del 4,6%. Las Entidades Locales tienen un PMP de 68,42 días en octubre, mostrándose un descenso de 5,29 días en relación con septiembre, mientras que el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social en el décimo mes del año se sitúa en 14,29 días, aumentando en 3,65 días con respecto al mes anterior.

El Ministerio de Hacienda, dirigido por la ministra Maria Jesús Montero, está trabajando en las medidas para acabar con las disparidades entre las diferentes CCAA a la hora de aplicar los impuestos. Actualmente, el sistema tributario español está muy descentralizado y permite que cada región aplique diferentes impuestos, los llamados impuestos cedidos, con su propia normativa. De esta forma, algunas autonomías cuentan con privilegios que causan una pérdida de recaudación y una deslocalización de las grandes fortunas y empresas que buscan beneficiarse de este sistema. Este es el caso de Madrid, protestado desde hace tiempo por otros barones regionales, y actuamente por el líder de ERC, Gabriel Rufián. Madrid actualmente aplica una bonificación del 100% para el impuesto de Patrimonio y del 99% para los de Sucesiones y Donaciones. Lo que equivale a decir que son gratis. Estos son, precisamente, los impuestos en los que el Gobierno trabaja para fijar una normativa básica que permita una aplicación más uniforme en todo el territorio español.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves dos órdenes del Ministerio de Hacienda que establecen el reparto a las comunidades autónomas de los 8.000 millones de euros restantes del Fondo COVID-19, lo que permite culminar la asignación de los 16.000 millones totales para garantizar los recursos de las distintas autonomías tras el impacto de la pandemia. Estos 8.000 millones se dividen en 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario y otros 5.000 millones para compensar la menor actividad económica. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía han sido las principales receptoras con más del 54% de los beneficios, sumando un total de 8.711 millones entre los tres territorios.

El secretario de Estado ha informado a los representantes de las administraciones territoriales y posteriormente a los representantes sindicales que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 recogerá una subida salarial para las empleadas y empleados públicos del 0,9%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que su departamento está trabajando en un nuevo Real Decreto que incluya medidas para que los municipios aumenten sus recursos económicos para hacer frente a la crisis del coronavirus y tengan más margen presupuestario. Tras la no convalidación sobre los remanentes de tesorería de los entes locales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone ahora una alternativa, aunque lamenta que la oposición haya bloqueado un sistema que venía a solucionar un problema estructural provocado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Partido Popular. Ahora, el Gobierno abrirá un proceso de negociación con los partidos de la oposición para garantizarse los apoyos necesarios. Si la medida sale adelante, supondrá una inyección de unos 3.000 millones de euros para los municipios y también mejorará las condiciones de financiación de aquellos ayuntamientos que peor situación económica tienen. El objetivo, según Montero, es no dejar a nadie atrás en la actual crisis provocada por la Covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden ministerial de Hacienda que establece el reparto de 2.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas correspondiente al tramo educativo del Fondo COVID, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) permite que las instituciones locales que se adhieran a este mecanismo voluntario reciban 5.000 millones de euros procedentes de sus remanentes de tesorería . Además, supone la suspensión de la regla de gasto para 2020 y supone un ahorro en intereses. El Ejecutivo aprobó un Real Decreto que ahora debe ser convalidado por el Congreso para lo que el Gobierno necesita apoyos. La ministra insistió que el Gobierno no tiene 'plan B' y asegura que lo ofrecido es la única manera posible de posibilitar que los municipios puedan gastar ese montante de dinero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no entiende las críticas del Partido Popular ante el acuerdo entre la FEMP y el Ejecutivo para poner en marcha un mecanismo por el que las entidades locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería, bloqueados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La ministra ha señalado que se trata de un proceso voluntario que cada municipio decide si sumarse a él o no, pero de no hacerlo podría suponer la pérdida de grandes cantidades de dinero para invertir. En total, el Gobierno pondría en manos de los alcaldes y alcaldesas 5.000 millones de euros en los próximos dos años. Y también se recoge una vía para dotar presupuestariamente a aquellos consistorios que no tengan remanentes.

El Ministerio de Hacienda ha prorrogado hasta el 31 de octubre la exención del pago de IVA para las entregas de material sanitario con la finalidad de garantizar una buena respuesta del sistema sanitario durante esta segunda fase de la pandemia por coronavirus.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la Junta de Gobierno ha autorizado la firma de un acuerdo con el Gobierno de España para impulsar medidas económicas que permita a los entes locales hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Entre ellas destaca la utilización del superávit de los Ayuntamientos que se sumen al pacto mediante la cesión de sus remanentes al Ejecutivo que se lo reingresará en los próximos ejercicios. Esa es la única forma de posible de acceder a esta financiación ya que el uso del superávit está en la actualidad limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de los alcaldes del PSOE, con la abstención de IU-Podemos y el voto en contra de PP, C’s y PdCAT.

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Algunos ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular y otros partidos políticos han mostrado al Gobierno Central su desacuerdo por el plan que ha diseñado para que los entes locales puedan utilizar sus remanente presupuestarios. Hay que recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el gobierno de Rajoy impide legalmente a los ayuntamientos endeudarse y reinvertir sus ahorros. Por este motivo, desde Hacienda se ha propuesto una vía alternativa que permita a los municipios tener capacidad económica para hacer frente a la crisis del coronavirus. Ésta consiste en que los ayuntamientos 'presten' ese dinero al Gobierno de España para que se les devuelva en dos tramos, uno ya inmediato, de alrededor de 5.000 millones; y el restante, de unos 13.000 millones en un periodo de 10 años. Los alcaldes no están de acuerdo en el sistema, pero aún se negocia a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se pueda apruebar la medida en un futuro Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado este vienrnes que más de 1,2 millones de autónomos han cobrado ya la prestación por cese de actividad y un total de 442.000 autónomos y pymes se han acogido a la posiblidad de aplazar el pago de hasta 30.000 euros durante seis meses, sumando un total de 2.440 millones de euros aplazados.

El gobierno estudia aumentar en 100 euros el importe de cada beca para el próximo curso, según Manuel Castells, Ministro de Universidades. La medida requiere, antes de ser oficial, la aprobación del Ministerio de Hacienda.