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Edición testing    17 de abril de 2021

FEMP

El Manual de aplicación presentado por la DGT y la FEMP tiene el objetivo de ayudar a las autoridades municipales en el cumplimiento del Reglamento General de Circulación que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre. Además, el documento cuenta con ejemplos de situaciones reales de tráfico.

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública ha anunciado el acuerdo al que ha llegado su ministerio “fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales” para la regulación e implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). El documento ha sido firmado tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE en la que se encontraban representados el Gobierno y de los sindicatos de la Administración del Estado: FeSP-UGT, SAE FSC-CCOO y CIG.

Con el objetivo de honrar a todas las víctimas del pasado de España, el Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2020 junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ambas instituciones financiarán 114 proyectos para localizar los cuerpos de todas aquellas personas que fueron enterradas en fosas comunes durante algunos episodios duros de la historia del país, como la dictadura. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha insistido en que realizará todas las negociaciones políticas posibles para lograr la aprobación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que se debatirá en breve en el Congreso de los Diputados.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha presidido la Conferencia Sectorial con Comercio y Turismo para organizar un plan conjunto de actuación junto a las Comunidades Autónomas para el rescate del sector. La ministra ha anunciado la llegada de ayudas directas muy reclamadas desde hostelería que irán de la mano de las comunidades y cada Gobierno regional anunciará próximamente. “Hemos visto la complementariedad de las ayudas y el compromiso de seguir reforzando en el ámbito de nuestras competencias los planes y medidas para que estos sectores estén protegidos y pueda partir de una mejor situación en la recuperación”, agradecía la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No obstante, desde estos sectores continúan las protestas considerando que el Gobierno debería impulsar un plan de rescate integral como han hecho en otros países de Europa.

Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, anunciaba tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud el reparto de 17 millones de mascarillas para distribuir entre la población más vulnerable. Estos repartos los realiza el Gobierno periódicamente desde que comenzó la pandemia en colaboración con las administraciones en los distintos niveles territoriales, una cooperación que Darias considera indispensable “para mantener a raya al virus”. De esta forma, las entidades locales recibirán 7’2 millones de mascarillas quirúrgicas que se repartirán a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que las ONG y entidades sociales recibirán 9’8 millones de unidades. Cara a la Navidad la ministra ha recordado: “Ese es nuestro mejor regalo colectivo, regalar cuidados, regalar protección, en definitiva, regalar vida”-

Sanidad ha acordado con ONGs y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el reparto de, aproximadamente, 30 millones de mascarillas de protección entre noviembre y diciembre. En concreto, la secretaria de Estado, Silvia Calzón, se ha reunido con representantes de la Cruz Roja, Cáritas y CERMI y, siguiendo sus peticiones, repartirá 7.800.000 mascarillas en noviembre y una cifra similar en diciembre entre estas entidades. Asimismo, Sanidad ha acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el reparto de otras 7.200.000 mascarillas tanto en noviembre como en diciembre para que las entidades locales se encarguen de su reparto entre las personas más vulnerables de los barrios y municipios. En total, el Gobierno ya ha repartido 43.432.047 unidades de mascarillas quirúrgicas, mascarillas de protección FFP2, guantes de nitrilo y soluciones hidroalcohólicas en un esfuerzo por proteger a la población más vulnerable de la pandemia. Esto se suma a la medida recogida ayer en el BOE que contempla la reducción de IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4%, dejándolas en un precio máximo de 0’62 euros.

El Gobierno de España ha apostado por una colaboración plena con todas las administraciones para atajar la crisis pandémica en materias de cooperación y colaboración. Hace dos días el presidente de la FEMP, Abel Caballero, celebraba su participación por primera vez en la XXIII Conferencia de Presidentes y valoraba de forma positiva la noticia de que el 50% de los proyectos del Plan de Recuperación financiados por los fondos europeos “irán de la mano de los ayuntamientos”. El ministro de Sanidad y la ministra de Política Territorial y de Función Pública se han reunido de manera telemática con Caballero y los alcaldes y alcaldesas miembros de la Federación para trabajar coordinadamente en las actuaciones contra el Covid – 19 a nivel local. Illa señala que la pandemia en España tiene un carácter territorial, por lo que es “fundamental el papel de las entidades locales". Abel Caballero está dispuesto a actuar ante la gravedad de la situación “con agilidad, desde la colaboración, la unidad y la sensatez”.

La suspensión de la regla del gasto acordada por el Ministerio de Hacienda, del Gobierno permitirá a los ayuntamientos tener una mayor libertad de decisión financiera respecto al gasto en sus municipios. Se estima que estos municipios pueden llegar a disponer de un total de casi 17 millones de euros, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma con mayor número de remanentes de tesorería. A la espera de una comparecencia ante los medios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido con el resto de los consejeros autonómicos con el objetivo de informarles sobre la decisión fiscal tomada por el Gobierno.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Ejecutivo descarta, de momento, cambios en el tiempo de cuarentena que hay que guardar hasta que no haya la suficiente evidencia científica que lo recomiende. Las palabras del ministro vienen a responder al debate abierto sobre la posibilidad de que sean 7 y no 14 los días que hay que permanecer en casa cuando se ha tenido contacto estrecho con un positivo por coronavirus.

El ministro del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, ha presentado en una videoconferencia el Documento de la Nueva Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que impulsará el transporte español en una dirección más medioambientalmente responsable, tecnológica, y basada en los cambios demográficos.

Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, coincidieron el pasado miércoles durante su encuentro en la necesidad de dar participación a los ayuntamientos en el modelo de cogobernanza que defiende el Ejecutivo central.

El pasado miércoles se reunieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para acordar una respuesta conjunta frente al Covid-19. Sin embargo, un solo día después del encuentro y de la visita de Pablo Casado a La Moncloa, donde también mostró su negativa a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para tumbar el pacto sobre fondos de los ayuntamientos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) permite que las instituciones locales que se adhieran a este mecanismo voluntario reciban 5.000 millones de euros procedentes de sus remanentes de tesorería . Además, supone la suspensión de la regla de gasto para 2020 y supone un ahorro en intereses. El Ejecutivo aprobó un Real Decreto que ahora debe ser convalidado por el Congreso para lo que el Gobierno necesita apoyos. La ministra insistió que el Gobierno no tiene 'plan B' y asegura que lo ofrecido es la única manera posible de posibilitar que los municipios puedan gastar ese montante de dinero.

La gran batalla política de este verano entre el PSOE y el PP se está desarrollando a cuenta del acuerdo firmado por el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para poner en marcha una fórmula por la que las Entidades Locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería para abordar la crisis del coronavirus. El artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica que lo desarrolla impide a los ayuntamientos reinvertir esos remanentes que ascienden a alrededor de 15.000 millones de euros y que numerosos consistorios mantienen en los bancos. El PP habla de ‘confiscación’ pero los más reacios al acuerdo son los ayuntamientos que no disponen de remanentes y dicen sentirse olvidados. Por eso, Casado dio orden a sus alcaldes de no sumarse al programa aprobado y ha comenzado una ofensiva legislativa con mociones en los próximos plenos para atacar al Ejecutivo. Desde el Gobierno insisten en que el Real Decreto aprobado significa poner en manos de los ayuntamientos 5.000 millones en dos años y recuperar el 100% de sus remanentes en 10 años. Además, detallan que los consistorios ahorrarán otros 70 millones anuales en concepto de intereses.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley de medidas financieras que incluye el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo central y la Federación de Municipios y Provincias por el que los entes locales por el que se movilizan alrededor de 5.000 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de los ayuntamientos y se destinarán a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y la promoción de la cultura. La medida permite aumentar la capacidad de gasto de los municipios sin que incurran en déficit y suma así a las administraciones más cercanas a los ciudadanos a la tarea de reconstrucción social y económica de España tras el impacto de la pandemia del coronavirus.