Con las clases presenciales suspendidas en todos los ámbitos educativos desde hace más de un mes, los responsables en materia de educación de las CCAA españolas deben decidir acerca de qué cierre dan al conflicto ocasionado como consecuencia del coronavirus. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el personal docente se muestran reticentes a ofrecer un aprobado general como ha sucedido en Italia, y se inclinan más bien por evaluar los contenidos evaluados telemáticamente, pero esto podría dejar atrás a los colectivos más vulnerables, con mayores problemas a la hora de acceder a un ordenador e internet en sus domicilios.
