lahoradigital.com
Edición testing    6 de marzo de 2021

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace un llamamiento a las Comunidades Autónomas para que mantengan las restricciones establecidas actualmente para frenar la expansión del virus en el país. Pese al descenso de la incidencia acumulada en las últimas horas a 584 casos por cada 100.000 habitantes, España sigue registrando cifras preocupantes respecto al número de contagios, agravado con las nuevas variantes del virus. Sanidad ya ha notificado 550 casos de la cepa británica, uno de la brasileña y dos de la sudafricana en el país, por lo que ruega proseguir con la mayor “preocupación y vigilancia” respecto a su evolución. Sin emabargo, hay regiones que ya están estudiando suavizar las restricciones a la movilidad lo que podría frenar la tendencia a la baja.

Esta decisión llega por una falta de estudios en el grupo de edad comprendido y no por problemas de seguridad del fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Europea

Siete países de la Unión Europea se han sumado a la decisión de reservar el fármaco desarrollado por AstraZeneca y Oxford para menores de 65 años ante la falta de información de este grupo de edad recopilada en los ensayos clínicos. Alemania fue el primer país en tomar esta decisión el pasado 28 de enero y le han seguido Francia, Polonia, Austria, Suecia, Italia y Países Bajos. España tomará la decisión hoy en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud aunque Fernando Simón ya señaló el lunes que “es probable” que se siga esta línea europea. El problema no viene por la seguridad del fármaco, comprobada en los ensayos clínicos y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, sino porque tan solo un 10% de los participantes en estos ensayos clínicos conformaban el grupo mayor de 55 años. La revista The Lancet, en un estudio independiente, observó un decrecimiento importante en la eficacia inmunológica que achacó a la diferencia en la cantidad de dosis administradas pero señalaba la necesidad de comprobar que este cambio no se debía a un factor de edad. Ahora, si España toma esta decisión, podría suponer un cambio en la estrategia de vacunación que en ningún momento afectaría a la población mayor considerada de máximo riesgo, que seguirá recibiendo las dosis pertinentes.

Sanidad anuncia al primer grupo diana de la segunda fase de vacunación en España. Las personas mayores de 80 años serán los primeros en recibir las primeras dosis para alcanzar la inmunidad contra la Covid-19. Desde marzo hasta junio, más de 2,85 millones de personas mayores -incluyendo las vacunadas- podrían contar con la inmunidad total. Una inmunidad de grupo que podría descender la incidencia acumulada de casos en el país antes de completar el resto de las fases. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se muestra satisfecho con los resultados obtenidos en esta primera fase de vacunación, y prevé que la llegada de nuevas vacunas pueda agilizar el proceso de vacunación.

El continuo incremento de contagios y el aumento de las muertes por coronavirus ponen en alerta a las distintas Comunidades Autónomas, que solicitan al Gobierno más herramientas jurídicas para ampliar las restricciones y combatir la tercera ola. En este sentido, los Gobiernos autonómicos aúnan esfuerzos para que el Ejecutivo modifique el Estado de alarma, con el fin de adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, como está fijado actualmente. Ya son 13 las autonomías que se han mostrado favorables a la reforma, y tan solo cinco no tienen clara su posición, por lo que dicha propuesta se debatirá este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para consensuar una decisión definitiva.

Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, anunciaba tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud el reparto de 17 millones de mascarillas para distribuir entre la población más vulnerable. Estos repartos los realiza el Gobierno periódicamente desde que comenzó la pandemia en colaboración con las administraciones en los distintos niveles territoriales, una cooperación que Darias considera indispensable “para mantener a raya al virus”. De esta forma, las entidades locales recibirán 7’2 millones de mascarillas quirúrgicas que se repartirán a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que las ONG y entidades sociales recibirán 9’8 millones de unidades. Cara a la Navidad la ministra ha recordado: “Ese es nuestro mejor regalo colectivo, regalar cuidados, regalar protección, en definitiva, regalar vida”-

Desde el Gobierno central el confinamiento domiciliario es el último recurso. Asturias, Ceuta y Melilla hacían a lo largo de la semana una petición oficial para decretar esta medida en sus regiones ante el avance del coronavirus, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha insistido en la importancia de esperar los periodos de 14 o 21 días marcados por los científicos para evaluar las restricciones que se han tomado estos últimos días y valorar si es necesario aumentarlas. Otras Comunidades como el País Vasco, Andalucía o Castilla y León también apoyaban la ampliación de las competencias regionales para que sea cada autonomía, y no el Ejecutivo central, la encargada de instaurar un confinamiento domiciliario. De momento, Sanidad lo descarta aunque mantienen que estudiarán la medida. Algunos líderes regionales quedaron insatisfechos con esta respuesta y reclaman un conjunto de medidas unificadas y coordinadas que no permitan casos como el de Madrid, que se saltó el decreto de Estado de Alarma para poder declarar un cierre perimetral por días.

El Gobierno de España ha apostado por una colaboración plena con todas las administraciones para atajar la crisis pandémica en materias de cooperación y colaboración. Hace dos días el presidente de la FEMP, Abel Caballero, celebraba su participación por primera vez en la XXIII Conferencia de Presidentes y valoraba de forma positiva la noticia de que el 50% de los proyectos del Plan de Recuperación financiados por los fondos europeos “irán de la mano de los ayuntamientos”. El ministro de Sanidad y la ministra de Política Territorial y de Función Pública se han reunido de manera telemática con Caballero y los alcaldes y alcaldesas miembros de la Federación para trabajar coordinadamente en las actuaciones contra el Covid – 19 a nivel local. Illa señala que la pandemia en España tiene un carácter territorial, por lo que es “fundamental el papel de las entidades locales". Abel Caballero está dispuesto a actuar ante la gravedad de la situación “con agilidad, desde la colaboración, la unidad y la sensatez”.

Sanidad ha llegado a un acuerdo con las comunidades en su Pleno común para establecer una serie de criterios comunes de actuación en función del escenario pandémico en el que se encuentre cada región. El documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” fija cuatro niveles de alerta, bajo, medio, alto y extremo, en función de una serie de indicadores, y ha sido aprobado por todas las comunidades con la excepción del País Vasco y Madrid, que considera que las medidas “llegan cuatro meses tarde”. Siguiendo estos umbrales, actualmente cinco comunidades se encuentran en nivel de alerta extrema, Navarra, Aragón, La Rioja, Melilla y Ceuta, superando los 250 casos acumulados por 100.000 habitantes en dos semanas. El texto no recoge actuaciones especificas para los territorios de máximo riesgo, pero sí recomienda reducciones de aforo, cierre de hostelería y de establecimientos no esenciales a partir de las 22 horas.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas establecen la creación de un comité científico independiente para evaluar la gestión de la Covid-19. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, será la encargada de presidirlo, contando con la cooperación de un representante por cada una de las Comunidades Autónomas. Este grupo de trabajo cuenta con un plazo de un mes para presentar una propuesta clara y efectiva ante el Consejo Interterritorial, el cual decidirá su formación definitiva.

La abogada estatal, Clotilde de la Higuera, ha firmado un informe en el que concluye que Madrid deberá acatar la nueva normativa establecida desde Sanidad por el Consejo Interterritorial de Salud a pesar de su rechazo a las mismas. El gobierno regional madrileño, a través de su presidenta Díaz Ayuso insistió en que el Consejo no tiene capacidades para imponer restricciones sobre la región. Otra soberana metedura de pata, ya que al cabo de pocas horos tuvo que reconocer que efectiamente, las normas son de“obligado cumplimiento con independencia del sentido de su voto”. Esta norma ya se ha publicado en el BOE y otorga 48 horas a la Comunidad de Madrid para aplicarla. Desde la capital española, Ayuso ha informado de que acatarán la ley, pero la llevarán a los tribunales para “defender los intereses legítimos de los madrileños”.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, detalló durante su comparecencia en el Senado un Plan de Preparación y Respuesta ante el COVID-19 que incorporará, entre otras medidas, una reserva estratégica de materiales críticos; planes de contingencia para reactivar los recursos sanitarios replegados, y una guía para el control de repuntes, brotes y una posible segunda ola.

Nota de Prensa de Moncloa

El Ministerio de Sanidad ha creado una nueva orden ministerial que regula las obligaciones de obtención de información para la vigilancia epidemiológica relacionada con el coronavirus durante el Plan de desescalada. La vigilancia de información epidemiológica exige diariamente datos completos y precisos para poder proceder a la toma de decisiones. Con estos datos se pretende elaborar un plan de trazabilidad para desarrolar la fase de desescalamiento y controlar a la pandemia.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado este martes un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el objetivo de ofrecer la información disponible y coordinar las medidas a tomar con todas las Comunidades Autónomas.

  • 1