lahoradigital.com
Edición testing    23 de enero de 2021

Ciudadanos

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo después de la polémica suscitada por su vacunación contra el coronavirus. Así lo ha anunciado el presidente murciano, Fernando López Miras, en una comparecencia sin preguntas junto a Villegas, horas después de que el propio consejero descartase su dimisión y pidiera disculpas. Además de Villegas, cerca de 400 funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS) han adquirido también la primera dosis de la vacuna, entre ellos la pareja del consejero, María Teresa Martínez Ros. Un caso similar se está viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta, donde la oposición está exigiendo “explicaciones convincentes” al Gobierno por la vacunación contra el coronavirus del consejero de Sanidad de la región, Javier Guerrero, así como de otros altos cargos y técnicos de su departamento.

Desde que el pasado 27 de diciembre se comenzara a administrar las vacunas contra el Covid19, las Comunidades Autónomas han distribuido el 67,5% del total de las 1.139.400 dosis recibidas y, el pasado domingo, comenzaron a inyectarse las segundas dosis. El Consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, junto con varios funcionarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de la Consejería se han colado entre los “grupos prioritarios” con la excusa de ser “sanitarios” para recibir la primera dosis. Como consecuencia de ello, los distintos partidos políticos, a excepción del PP que intenta justificar a su dirigente Villegas, piden la urgente dimisión ya que "no hay excusas que valgan y solo le queda una salida, dimitir" al abusar de su cargo y no cumplir con sus responsabilidades políticas.

Este lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº30 de Madrid ha notificado la suspensión cautelar de la retirada del nombre de la calle y el bulevar dedicado a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, respectivamente, atendiendo al recurso interpuesto por la Unión General de Trabajadores (UGT). A pesar de que el pasado mes de septiembre, fundamentándose en la Ley de Memoria Histórica (2007), Vox, PP y Ciudadanos presentasen la propuesta de retirar dichas calles al considerar que ambos líderes incentivaron la sublevación militar, el juzgado 30 de Madrid ha decidido admitir a trámite la petición del sindicato, que demuestra que ambos líderes representan una parte importante de la historia de España; no por avivar la Guerra Civil Española, sino por dedicar toda su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores y a evitar la guerra y la posterior Dictadura, lo que les supuso el exilio.

La pandemia del coronavirus, al igual que pasó en Galicia y en Euskadi, pone en riesgo la celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña convocadas ya para el próximo 14 de febrero. Los partidos independentistas que ostentan el poder en el Govern apuestan por atrasar la cita electoral hasta la primavera, allá por el mes de mayo. Los socialistas, que se han convertido en uno de los favoritos para ganar tras la presentación de Salvador Illa como candidato, se opone a un aplazamiento de tres meses y su contraoferta es situar la nueva fecha para finales de marzo, antes de Semana Santa.

"Joe Biden jamás será presidente de los Estados Unidos", dijo el miércoles una de las fieles de Donald Trump entrevistada en la calle para una televisión; mujer bastante madura, muy maquillada, ojos de investigadora de otros mundos, expresión de sibila dopada. "El presidente de los Estados Unidos será Donald Trump mientras él quiera", concluyó con una sonrisa triunfal. Mientras Trump quisiera, sus zombis seguían en el Capitolio de los Estados Unidos escalando paredes, rompiendo ventanas, probando tribunas y butacas de Senadores y Representantes, robando muebles, cartas, documentos. La señora sibilina estaba a la puerta de un hotel a punto de entrar. Se ve que se había cansado de cargar con la bandera durante el rally de Trump previo al asalto al Capitolio y había decidido dejar la parte más arriesgada de la aventura a sus correligionarios más brutos.

Ciudadanos y el Partido Popular se comportan en algunas ocasiones como dos equipos de fútbol que luchan por robarse a la estrella del momento. El año pasado, poco antes de las elecciones municipales, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, del PP, Ángel Garrido, abandonaba las filas de Díaz Ayuso y se presentaba bajo los colores naranjas de Ciudadanos. Hoy los populares devuelven el golpe en Cataluña y a ocho semanas de los comicios catalanes, Lorena Roldán anuncia su ‘traspaso’ desde Ciudadanos hacía el Partido Popular. En una carta publicada en su cuenta de Twitter la dirigente habla críticamente de la nueva posición del partido con la llegada de Inés Arrimadas y sitúa ahí su ‘excusa’ para sumarse al proyecto de Alejandro Fernández.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha transmitido que la nueva ley educativa LOMLOE, conocida coloquialmente como Ley Celaá, está teniendo un “amplio respaldo” de la comunidad educativa, al tiempo que la considera una ley “necesaria y urgente” para deshacerse de todos aquellos “abusos y desequilibrios” que presentaba la anterior LOMCE. Asimismo, ha recordado que mientras la LOMCE fue aprobada en “soledad absoluta” por el PP, la LOMLOE “viene respaldada por un gobierno de coalición y por la mayoría absoluta en el congreso y siete fuerzas políticas, muy diferentes todas ellas”. En este sentido, los dirigentes del PSOE, Martínez Seijo, Maravall y Gabilondo se han unido a las declaraciones de la ministra y han expresado el bienaventurado futuro que le espera a la nueva ley educativa, considerando que se trata de uno de los mejores progresos en educación que ha tenido el socialismo español y desestimando, de esta forma, la LOMCE creada en su día por el PP.

España se convierte en el sexto país en legislar la eutanasia, sumando un derecho más que permite elegir cómo morir en casos determinados y bajo unas circunstancias estipuladas y controladas. El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva legislación con una amplísima mayoría de 198 votos a favor llevando adelante la propuesta del Partido Socialista. Las derechas del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro han sido los únicos partidos que han votado en contra de la medida. Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley, que podría entrar en vigor a principios del próximo año.

Una encuesta realizada por SW Demoscopia para infoLibre posiciona al PSOE como el ganador de las elecciones con una diferencia de 30 escaños si se celebraran hoy. El partido gana dos asientos, aumentando a los 122, frente al 10N, mostrando que su estrategia de impulsar unos presupuestos progresistas con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas sí ha funcionado. Unidas Podemos, por el contrario, es el partido que se ve más afectado, perdiendo ocho escaños y pasando de un 13 a un 11’1% en cantidad de voto. La mayoría de estos votantes se transfieren al PSOE, un 16’7%. Mientras, la formación de ultraderecha Vox es la que más fidelidad de voto mantiene, un 74’2% de los votantes que apostaron por Abascal lo volvería a hacer. Ganarían un total de 7 diputados llegando a los 59, muchos votos transferidos del PP y Ciudadanos, mostrando que su estrategia de moción de censura para transferir opiniones sí funcionó. Las formaciones de derecha y ultraderecha superarían así al Gobierno de coalición actual, cosechando 158 escaños frente a 149, pero los progresistas seguirían gobernando con el apoyo de los partidos nacionalistas, que sería aun más clave que en las elecciones anteriores.

El Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, consiguió holgadamente la aprobación del poyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 en el Congreso de los Diputados. Con un Congreso más atomizado que nunca, Sáncez consiguió llevarse a su terrono casi doscientos votos (188) provinientes de once diferentes partidos políticos. Ocho diputados más que en la investidura. Con lo cual, Sánchez ha demostrado que sigue generando mayorías para sacar adelante la legislatura hasta 2023. Lo que dificulta la intención de PP y Vox, de tumbar al Gobierno y no permitirle que pase del periodo de la pandemia, la cual llevan aprovechando desde marzo, para desgastar al Presidente Sánchez y su Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado en qué consistirán las modificaciones previstas desde el Gobierno para el Código Penal. Campo ha defendido que, tras el proceso independentista en Cataluña de 2017, debe endurecerse el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, a la vez que deben “ajustarse” las sanciones sobre los delitos de rebelión y sedición a los ordenamientos jurídicos de los países cercanos. Aunque el plazo previsto para presentar el anteproyecto de reforma del Código Penal era a finales de año, el ministro ha afirmado que “no se sentirá en absoluto incumplidor” si se lleva a cabo más tarde.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo este domingo en La Sexta en la que ha respondido a las polémicas marcadas por la oposición a la Ley Celaá. La eliminación del castellano como lengua vehicular, los cambios en la escuela concertada y la supuesta eliminación de la educación especial han marcado las protestas apoyadas por Vox, PP y Ciudadanos. Celaá mantiene que la ley pretende acabar con “los desequilibrios” marcados por la anterior ley, la LOMCE, que permitía a algunos alumnos prosperar mientras dejaba a otros atrás. Mantiene que “no toda la concertada es igual” y que “la educación no es un negocio”. Por ello, la ley elimina los pagos de los padres para la escuela concertada por aquellos servicios educativos que son completamente gratuitos. Asimismo, la ministra ha señalado que, no solo no se van a eliminar los centros de educación especial, sino que se va a aumentar el apoyo para convertirlos en escuelas de referencia. El objetivo, en este caso, es hacer un trasvase de aquellos alumnos con necesidades especiales que se podrían incorporar a centros ordinarios si contarán con los medios expertos necesarios. Los centros “van a mantenerse con toda rotundidad”, ya que “es la obligación de las Administraciones Públicas” y se aumentará la inversión en la educación pública para lograrlo. “La educación es una inversión clarísima, una inversión en las personas, una inversión de futuro para una sociedad”, zanjaba.

Decía que la verdad no le interesa a casi nadie. Llamamos verdad a lo que coincide con los hechos racionalmente explicables y los hechos pueden resultar desagradables o aburrir mortalmente. ¿A quién le importa que miles enfermen y mueran? A sus familiares y amigos y a unos pocos empáticos.

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso, Martínez Seijo, ha respondido a las protestas que se celebraron este domingo en distintos puntos del país en contra de la nueva ley educativa, aprobada por mayoría en el Congreso la semana pasada. Estas manifestaciones, protagonizadas por PP, Ciudadanos y Vox, pusieron en el punto de mira “mentiras” que han sido difundidas por el PP de “forma irresponsable”. “No se puede consentir que sigan jugando con la vulnerabilidad de las familias, generando incertidumbre ante la educación de sus hijos”, zanjaba la portavoz ante los “posicionamientos extremistas” del partido de Pablo Casado que mantienen que la ley cerrará los centros concertados y de educación especial y que acabará con el castellano en las aulas. Seijo ha aseverado que la Ley Celaá proporciona “un modelo inclusivo y equitativo que garantiza el derecho a la educación para todos, refuerza la educación de 0 a 3 años y elimina cualquier tipo de segregación y garantiza la beca como derecho subjetivo” y que “garantiza el castellano, la educación concertada y la educación especial”. No obstante, el PP mantiene las amenazas de llevar la ley al Tribunal Constitucional y evitar su promulgación en las comunidades que gobierna ante lo que Seijo le ha recordado: “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso”.

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre, sigue colocando al PSOE como primera fuerza de Gobierno en el barómetro de noviembre y tendría el respaldo del 30,4% de los votantes en unas hipotéticas elecciones generales. Muy por detrás, sigue estandado el Partido Popular del Pablo Casado que no parece verse beneficiado se su ruptura con la ultraderecha. Precisamente Vox, sigue subiendo en intención de voto aunque aún está por debajo de lo conseguido en las pasadas elecciones de noviembre. Ciudadanos recupera terreno poco a poco y está ya cerca del 10% de los apoyos electorales. Y Unidas Podemos mantiene el tipo aunque sigue siendo la cuarta fuerza política. El Gobierno de Sánchez mantiene una ventaja de 11,8 y 17,2 puntos respecto al PP y Vox. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados señalan la crisis sanitaria del coronavirus como principal preocupación actual.