El anuncio el pasado 26 de enero de la administración Biden de una moratoria por parte del Departamento de Energía en los dictámenes pendientes respecto la concesión, o no, de permisos a operadores de plantas de Gas Natural Licuado (GNL) para exportación de este hidrocarburo a países con los que Estados Unidos no tiene un tratado de libre comercio(1), permite al gobierno estadounidense afirmar en la esfera doméstica e internacional su compromiso con el acuerdo alcanzado en la COP28 en Dubai, donde se instó a los países a “abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa”(2). Este paso puede interpretarse también como un guiño al votante demócrata y lobbies ecologistas de cara a las elecciones del próximo noviembre. Sin embargo, si se enfrenta el verdadero impacto de esta medida y se contextualiza dentro del marco del boom del gas de esquisto (shale gas) en Estados Unidos que viene desarrollándose desde el inicio del siglo, y que ha permitido a este país convertirse en un exportador de GNL desde 2016, y los réditos geopolíticos que esto implica, se puede temer que la moratoria no es sino un ejemplo más de “greenwashing”, es decir, de la difusión de una falsa imagen de responsabilidad ambiental y compromiso en la lucha contra el cambio climático.

 

Drill, baby drill

Esta fue la respuesta de Sarah Palin a Biden en un debate en la campaña presidencial de 2008, en la que el último afirmaba que todas las prospecciones que se estaban haciendo a lo largo del país en busca de petróleo y gas no darían frutos hasta pasados diez años. Biden ignoraba las grandes mejoras tecnológicas en el proceso de fracturación hidráulica y en la perforación horizontal de pozos que estaban sucediendo en ese momento, y que facilitaban enormemente la liberación de bolsas de petróleo de baja densidad (tight oil) y gas de esquisto, de manera que los pozos que se estaban perforando en Dakota del Norte y Texas permitían colocar en muy poco tiempo el producto en el mercado y con costes de inversión relativamente bajos; de unos 5 millones de dólares frente a los 200 ó 300 millones que podían implicar la construcción  y puesta en funcionamiento de una plataforma perforadora de aguas profundas en el Golfo de México(3).

 

Gráfico 1. Producción anual crudo Estados Unidos

Curiosamente Biden olvidaba así que en el desarrollo de la fracturación hidráulica algo habían tenido que ver las ayudas federales de los años 70´de siglo pasado, promovidas para reducir la dependencia del petróleo de Medio Oriente, y no era consciente que Estados Unidos estaba en la antesala de un nueva era de superabundancia en crudo, como se aprecia en el gráfico 1 (4). 

 

La revolución de la fracturación hidráulica promovió la formación de OPEC+, donde Arabia Saudí y Rusia alinearon sus estrategias para hacer frente a la inundación del mercado por el crudo de baja densidad americano. Desde un punto de vista de la producción de éste, existe una solución de continuidad desde el mandato de Trump al de Biden, a pesar de toda la retórica de este último en torno al Cambio Climático; la producción anual ha continuado creciendo independientemente del inquilino de la Casa Blanca, alcanzando sus máximas cotas en 2023, año en el que Estados Unidos ha alcanzado una capacidad de producción diaria (13 millones de barriles por día) (5) superior a la de la propia Arabia Saudí (12 millones de barriles por día) (6).

 

New kid in town

La producción de gas natural en Estados Unidos ha seguido una senda similar a la del petróleo de baja densidad, como puede apreciarse en el gráfico 2 (7), ya que la fracturación hidráulica y la perforación horizontal han permitido liberar grandes volúmenes de gas de esquisto atrapados en yacimientos no convencionales, lo que llevó en febrero de 2016 a este país a convertirse en un exportador neto de gas natural, al fletar rumbo Brasil un buque con 0.085 Bcm de gas natural licuado desde la planta de licuefacción Sabine Pass LNG de la compañía Cheniere. De repente, Estados Unidos contaba con un nuevo producto crítico que podía exportar.

 

 

La emergencia de Estados Unidos como una potencia exportadora de gas natural no puede entenderse sin considerar una serie de mejoras tecnológicas que han facilitado la distribución del gas por vías alternativas a la canalización a través de gasoductos, siendo éstos unas infraestructuras costosas y que implican proyectos de larga duración. Estas mejoras son (a) las vinculadas a las tecnologías de licuefacción del gas natural(8) que han permitido aumentar la capacidad de las plantas desde los 5 millones de toneladas al año (MTPA) hasta los 10 MTPA, (b) la normalización de estrategias de modularización en la construcción de estas plantas, que permiten ir aumentando progresivamente la capacidad de las mismas mediante la construcción consecutiva de trenes de refrigeración, y finalmente, (c) las mejoras en las tecnologías de plantas flotantes (offshore) de licuefacción/regasificación (FLNG en sus siglas en inglés)(9) que han permitido desvincular el gas natural de las caras infraestructuras terrestres y ,por consiguiente, de contratos de larga duración entre productor y consumidor, lo que ha revolucionado la estructura de precios del mercado al permitir la instalación de estas unidades en las costas de países productores que desean exportar su gas, o en las de países importadores. De hecho, en este último caso, las instalaciones FLNG han sido decisivas en la disminución de la dependencia de Europa del gas transportado por gasoducto desde Rusia(10). Para ilustrar el efecto en el coste de instalación, basta comparar los 330 millones de dólares que invirtió Lituania en 2014 en una planta de regasificación flotante, frente a la inversión 27 billones de dólares de la francesa TOTAL y la rusa Novatek, ese mismo año, para el desarrollo de la planta de Yamal en el Ártico(11)

 

El mandado de Trump

En noviembre de 2018 The Economist incluía la frase “parece improbable superar la prevalencia del gas ruso transportado por gasoducto”(12) como subtítulo de un artículo en el que analizaba la eventual incursión del gas natural licuado estadounidense en el demandante mercado europeo. El principal argumento para esta afirmación se encontraba en el elevado coste del ciclo exportador, al incluir los costes del proceso de licuefacción en la instalación exportadora, del transporte marítimo y de la posterior regasificación en la instalación importadora. Por tanto, la publicación preveía que el shale estadounidense sería incapaz de competir contra el gas ruso conducido por tubería. De ahí que hasta el año 2021 las exportaciones al mercado asiático fueron las prevalentes, encontrando Trump en el gas natural una palanca negociadora con China. De hecho, en noviembre de 2017 viajó a Beijing acompañado del CEO de Cheniere, Jack Fusco(13), incluyendo la venta de gas natural al gigante asiático en su agenda. Parecía un acuerdo lógico, que permitía a China diversificar sus fuentes de suministro y consumir menos carbón reduciendo así sus emisiones, mientras que Trump encontraba una exportación con la que ayudar a equilibrar la balanza comercial y que beneficiaba directamente a un segmento del electorado proclive a brindarle su apoyo en las elecciones de 2020; drill, baby drill. Sin embargo, la creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia y China, facilitaron un acercamiento entre estas dos, que en lo que al gas se refiere se materializó con la puesta en servicio del gasoducto Power of Siberia en diciembre de 2019(14) con una capacidad de 38 Bcm/año frente a los aproximadamente 12 Bcm/año exportados a China como GNL por Estados Unidos. El prometedor futuro de este comercio(15) se veía frustrado sin desarrollar todo el potencial esperado.

 

Competición en la era de la interdependencia

La victoria electoral de Biden conllevó la sanción de una orden ejecutiva para limitar los permisos de perforación y exigir más rigor en el análisis del impacto ambiental de los proyectos. Ahora bien, nuevas innovaciones en el sector han permitido un aumento sustancial de la productividad de los pozos(16), de ahí ese incremento sostenido reflejado en el gráfico 1. Además, hay que sumar que los gigantes petrolíferos ExxonMobil y Chevron han desembarcado en la industria del fracking, con adquisiciones a lo largo de 2023 de empresas especializadas en el tight oil y el shale gas; Pioneer Oil en el caso de ExxonMobil, y Hess en el de Chevron (17). Estos movimientos conllevan importantes cambios, ya que, por un lado, se espera que la fuerza tecnológica de estas grandes petroleras aumente aún más la capacidad de producción de los pozos, pero por otro, no deja de ser una concentración del mercado que da mucho más poder a estas dos compañías del Big Oil. Y es justamente el poder y la geopolítica lo que en último término dicta las acciones de un gobierno respecto la transición energética y la lucha frente al cambio climático, y no los acuerdos alcanzados en foros internacionales altamente publicitados. 

 

Del mismo modo que las decisiones de Biden respecto la guerra de Ucrania probablemente hubieran sido distintas si no contase con el shale gas para mitigar cualquier eventual disrupción rusa del flujo de gas natural hacia Europa, su administración no va a desaprovechar los réditos que puede obtener al haberse convertido Estados Unidos en el principal productor de petróleo y gas natural en la “competición en la era de la interdependencia” con China, como denominó Jack Sullivan al momento actual en un ensayo en Foreign Affairs en octubre de 2023 (18). El peso de ExxonMobil y Chevron como garantes de la supremacía estadounidense en la exportación de hidrocarburos se verá eventualmente, en el momento que la administración Biden termine de definir si el hidrógeno azul por el que apuesta el Big Oil(19), que es aquel producido a partir de combustibles fósiles pero incluyendo una unidad de captura y almacenamiento de carbono, recibe las mismas exenciones fiscales que las previstas por el Inflaction Reduction Act para el hidrógeno verde, que se produce a partir de la electrolisis del agua empleando electricidad producida por fuentes renovables. Y es en este contexto y no en otro, en el que se demostrará si la moratoria del pasado 26 de enero es un mero acto de greenwashing orientado a las elecciones de noviembre, o una medida dirigida a mitigar las emisiones de metano inherentes a toda instalación de gas natural y, por consiguiente, un acto de compromiso en la lucha contra el cambio climático.