Las normas y principios de derechos humanos son cada vez más cuestionados en todo el continente. El nacionalismo agresivo, las dificultades económicas y nuevas cuestiones sobre la seguridad y el terrorismo siguen fomentando tensiones y polarización, sobre todo cuando se manipulan nociones de identidad y mitos deformados sobre la supremacía de algunos grupos sobre otros. Esto suele ir acompañado de un lenguaje divisivo diseñado para estigmatizar “al otro”. La hostilidad hacia los derechos humanos como universales e indivisibles está alimentando una narrativa corrosiva. En su lugar, promueve ideas estáticas y a menudo arcaicas de naciones e identidades como fuerza motriz de un país y su preservación como objetivo supremo de un país.

 

Europa parece atrapada. Mijatović, la eurocomisaria de Derechos Humanos, afirma que “sabemos de dónde venimos pero no estamos seguros de hacia dónde ir” y en medio, la indiferencia e incluso la hostilidad interesada con la que nuevas tendencias miran los derechos humanos. Una de las causas de esta indiferencia es que muchas personas en Europa comparten un profundo sentimiento de frustración, incertidumbre e inseguridad. Este sentimiento suele ser generado y amplificado por las crecientes desigualdades, la percepción de amenazas a las identidades y el predominio de los intereses corporativos sobre los derechos sociales y económicos de grandes sectores de la población. Algunas personas tienen la impresión de que los derechos humanos no son relevantes para ellos ni para su vida diaria; que son sólo para grupos minoritarios específicos. Los gobiernos deben escuchar las preocupaciones legítimas de la gente, pero varias autoridades nacionales están interpretando erróneamente esta frustración y hasta luchan contra una impopularidad cada vez mayor adoptando la agenda de grupos claramente extremistas. Las agendas autoritarias que juegan con las divisiones y el alarmismo no son la respuesta a los reclamos legítimos de la gente. Estas respuestas superficiales han demostrado ser manifiestamente incapaces de garantizar el bienestar de cualquier sociedad.

 

El resurgimiento del antisemitismo y otras formas de racismo y discriminación es un indicador de la creciente aceptación política y social de estas peligrosas ideas. También muestra que los países europeos no han aprendido las lecciones de tragedias pasadas. Setenta y nueve años después de la liberación de Auschwitz y veintinueve años del genocidio de Srebrenica, el odio, la negación y la ignorancia siguen propagándose, profanando la memoria de millones de personas y vilipendiando a las víctimas que sobrevivieron. Esas tragedias no ocurrieron por casualidad. Comenzaron cuando los seres humanos fueron señalados por su identidad. Tomaron forma con un discurso público que deshumanizó “al otro” y marginó las voces críticas. Resultaron en actos deliberados destinados a destruir a un grupo de personas, ante la indiferencia de quienes no se sentían preocupados por la situación. Y, sin embargo, hoy en día los cementerios judíos son profanados periódicamente en varios países. Los delitos antisemitas y los ataques violentos contra judíos y símbolos judíos están aumentando, en particular en países donde los partidos de la ultraderecha son cada vez más populares. De la misma manera, los musulmanes también se encuentran entre los objetivos preferidos de los grupos extremistas y de algunos políticos tradicionales, con un largo listado de prácticas discriminatorias que dificultan que los musulmanes consigan un trabajo o la ciudadanía, con procedimientos excepcionales de detención y registro.

 

Los inmigrantes no son los únicos objetivos de este tipo de políticas “anti derechos”. Las mujeres también se están convirtiendo en víctimas de leyes y políticas regresivas en varios países europeos, con el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos y enfrentándose a un sinfín de casos de discurso de odio sexista. Amenazas de asesinato, agresión sexual o violación ocurren a diario en internet y fuera de él. El discurso de odio misógino también va de la mano de la violencia física contra las mujeres; una grave violación de los derechos humanos que sigue siendo un problema generalizado en todos los países europeos. Con el pretexto de defender “valores tradicionales”, nuevos grupos utilizan el Convenio de Estambul contra la violencia contra las mujeres para atacar la igualdad de género, así como los derechos humanos de las personas con distintas identidades y orientaciones sexuales y reforzar estereotipos dañinos sobre los roles que mujeres y hombres deberían tener en sociedad. Aparte, utilizan estrategias de oposición indirecta que instrumentalizan los derechos de las mujeres nativas para argumentar contra una supuesta “amenaza” de las personas musulmanas y las minorías racializadas para los derechos de las mujeres nativas, lo que Farris ha denominado “femonacionalismo”.

 

Nuestra propia libertad de hablar y manifestar nuestra disensión también está siendo cada vez más atacada. Podemos observar un retroceso preocupante en la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los periodistas y restricciones cada vez mayores a su capacidad para trabajar. Se enfrentan a diversas represalias, entre ellas acoso judicial, procesamiento, privación ilegal de libertad, controles y vigilancia abusivos, campañas de difamación, amenazas e intimidación. Esta atmósfera tóxica envenena la democracia. Los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos tienen un significado más amplio. Si los periodistas y los defensores de los derechos humanos no pueden trabajar con libertad y seguridad, será más difícil arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos, la corrupción o el abuso de poder. 

 

En mi época de estudiante en la Universidad de Estocolmo el metro me dejaba cada mañana en la parada de “Universitetet”, donde un enorme panel acechaba a cada lado del andén todos nuestros pasos presurosos y nuestras miradas de espera. Ese enorme panel representa los artículos, los principios, valores y normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como brújula para proteger nuestras libertades individuales y nuestras sociedades como lugares de diálogo, pluralismo y bienestar; como baluarte contra la opresión, el fanatismo y el totalitarismo. Los derechos humanos no entendidos como una lista seca de obligaciones legales sino como el modelo para una sociedad mejor que podamos construir juntos; una sociedad en la que cada uno de nosotros sea libre, respetado en nuestras diferencias y respetuoso de los demás, en la que estemos protegidos y en la que nadie quede atrás.

 

La educación en derechos humanos debería incluirse y enfatizarse sistemáticamente en las escuelas, haciendo reflexión, entrando al ámbito del debate público e interactuando con la sociedad en general para superar tergiversaciones y desacreditar prejuicios. Que sea una cuestión de convivencia, de bienestar e inclusión que trascienda del mero juego político para que los políticos, ante la insatisfacción y la inseguridad, tomen también la iniciativa y en lugar de asustar a sus seguidores como estrategia de obtención de votos, les capaciten para defender los derechos humanos de todos. De la misma manera, los medios de comunicación pueden ser parte de la solución mediante el uso de términos precisos que informen al público de manera factual y objetiva sobre todos los asuntos de interés público, evitando al mismo tiempo el sensacionalismo, el lenguaje inapropiado o la (des)información que pueda generar alarmas injustificadas.

 

Es importante que protejamos y promovamos la idea fundamental de que los derechos humanos son universales e indivisibles. Todos debemos trabajar para defender no sólo nuestros propios derechos sino también los de los demás. Si miramos hacia otro lado cada vez que se niegan los derechos humanos podríamos mantenernos a salvo nosotros mismos, pero dejar a otros en peligro. Y mañana ese “otro” podríamos ser nosotros. La defensa de los derechos humanos se trata de las grandes y pequeñas acciones que tomamos todos los días para defender la justicia. 

 

La violencia racista, a diferencia de otras formas de violencia, tiene un impacto destructivo más amplio sobre la dignidad humana y la cohesión social. El uso de discursos de odio y la participación en actividades racistas deberían ser la base para que los parlamentos y los partidos políticos impongan medidas disciplinarias serias y disuasorias a los parlamentarios. Tales actitudes erosionan los derechos humanos a los que se adhieren los países democráticos y socavan el Estado de derecho. Los Estados deben garantizar la protección de los derechos humanos mediante la erradicación de la impunidad, la protección efectiva de las víctimas y una labor de sensibilización sistemática y continua, especialmente, como decíamos, a través de la educación.

 

Entre los diversos colaboradores que publican en este número, cabe destacar su perfil sólido como docentes e investigadores abordando la realidad del fenómeno creciente de la ultraderecha y sus vasos comunicantes. Para ello, observan cómo esta tendencia se manifiesta en Europa y en América, con la realidad de la nueva derecha radical en América Latina y los nuevos movimientos en Estados Unidos que pertenecen a la galaxia nacionalista de la ultraderecha bautizada “Alt-Right”. Por otro lado, el liderazgo de Erdoğan en Turquía se analiza desde un enfoque claro en los derechos humanos, observando los sectores más desprotegidos de la población y el papel de las minorías. Otro artículo sobre comunicación política y redes sociales trata de contestar a la pregunta siguiente: “¿Por qué la nueva extrema derecha vive en estos años un auge y una creciente etapa de expansión y captación de seguidores, después de que a finales del siglo pasado era considerada una ideología caduca y residual y casi fuera de la vida política y social mundial? La doctrina del “principio de no regresión” subyace en cada análisis como mecanismo de derechos humanos capaz de proteger el ámbito de derechos creado contra nuevas leyes que supongan un retroceso.  

 

Asistimos a nuevos discursos que desde el extremismo trazan una separación moral entre los merecedores y los no merecedores de los servicios de bienestar y de la comunidad de derechos humanos, con la estigmatización y otredad. Los derechos humanos se han mantenido taxativos en la lucha contra la alta desigualdad y contra una pobreza abyecta entre su población. En esa separación no sólo es legítimo que los Estados no aborden la pobreza entre su población sino que abordar la pobreza pueda ser moralmente incorrecto. Evitar que los problemas pasen a verse como particulares desplegando así la responsabilidad en los individuos para resolver sus propios problemas es un reto activo en toda política de cohesión social ya que todo elemento de exclusión colisiona con el bienestar social y psicológico de los ciudadanos, la salud de las personas y su ser social. 

 

En palabras de Zambrano, todo extremismo destruye lo que afirma y todo nacionalismo es excluyente. No busca crear consensos sino que trata de romper con los previamente establecidos. 

 

El mundo virtual abraza la realidad de lo inmediato frente al contraste, la reflexión y el estudio y los actores que conforman (conformamos) la sociedad civil tienen (tenemos) una gran responsabilidad en el manejo de estas situaciones para las sociedades y su convivencia de hoy y de mañana. 

 

---

 

María José Vicente es profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del libro “Las nuevas extremas derechas en el mundo”, de la Ed. Tirant Lo Blanch.