La expansión de la deforestación y las plantaciones forestales también ha sido potenciada por la falta histórica del Estado, priorizando las plantaciones forestales y los intereses de la industria forestal, sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Repetidamente, vemos cómo el Estado fracasa en fomentar políticas públicas y tomar acción para proteger los bosques nativos y regularizar la industria forestal. Por ejemplo, entre 1974 y 2012, bajo el Decreto-Ley 701 se impulsó el desarrollo forestal de Chile a través de bonificaciones para plantaciones en suelos degradados. Aunque dentro de la ley se decretaron medidas para proteger los ecosistemas nativos, en muchos casos, el Estado subsidió la sustitución de ecosistemas naturales por plantaciones exóticas, llevando a un aumento en la cobertura de árboles, pero una pérdida en cuanto a bosque nativos . Otro ejemplo es como se ha reconocido a los bosques dentro de la legislación chilena y que significa eso en la implementación de esta. Sólo en 1998 se dio un concepto jurídico a “bosque” en el mismo Decreto-Ley 701, definido en base a una superficie y cobertura determinada, sin reconocer las especies autóctonas y su importancia, ni la contribución ecosistémica de los bosques . Esto ha dado espacio para amplia interpretación y así poder llevar a cabo actividades económicas en territorios que no cumplen con esta definición legal. 

 

Más allá de la legislación, es importante destacar la falta de recursos, regularización aislada y escasa fiscalización por parte del Estado en relación a la industria forestal. Por ejemplo, actualmente, en Chile sólo se exige someter proyectos de desarrollo forestal al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando estos se realizan sobre suelos frágiles o en terrenos cubiertos de bosque nativo. El sistema de evaluación de impacto ambiental es una de las pocas herramientas con las que el Estado cuenta para identificar y gestionar riesgos ambientales derivados de actividades económicas. Dados los impactos negativos que se han presentado repetidamente en los últimos quince a veinte años (no solo incendios forestales, sino también sequía y erosión de suelos), producto de las plantaciones forestales, lo lógico sería someter todo proyecto de desarrollo forestal al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

 

 En Chile, la política pública y su implementación ha sido, y sigue siendo, insuficiente para impedir los múltiples efectos adversos de la deforestación y la industria forestal. Hay varios proyectos de ley que podrían dotar a los bosque nativos y ecosistemas del país de mayor protección, como  el boletín 13976-12, que regula el cambio de uso de suelo con el fin de desincentivar los incendios intencionales; el boletín 11696-12, que busca someter a todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal a la evaluación de impacto ambiental; o el boletín 9404-12, que busca crear el Servicio Nacional de Biodiversidad. Sin embargo, estos proyectos están durmiendo en el Congreso y cuentan con poco apoyo.