Es un empeño de quien escribe estas líneas poner de manifiesto y después insistir en que el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el acortamiento de las desigualdades y, en definitiva, un adecuado desarrollo de nuestra sociedad depende también de un funcionamiento sano del sistema jurídico del país, y de la administración de la justicia. Esto es, el aparato que crea y debe hacer cumplir las leyes y los contratos, las obligaciones que dimanan de aquellos y estos, y los derechos que asisten sus destinatarios.
Hemos de salir de la hibernación en que nos encontramos, que no solo es debida a que el ámbito de la justicia se ha convertido en campo de juego de la política, sino porque -con independencia de esto último- se detecta una clara falta de interés de los poderes públicos, las administraciones, los operadores económicos, que cala en la ciudadanía, una falta de interés digo, en afrontar la mejora del sistema de administración de la justicia y del sistema jurídico de que nos hemos dotado.
En ocasiones anteriores ya he efectuado alguna referencia a la seguridad jurídica. Manida por muchos, cuidada por nadie. Evocando de nuevo al profesor Pastor en lo tocante a un concepto tan difícil de asir, la seguridad jurídica es un rasgo central del sistema jurídico que exige que este proporcione, garantice, facilite, promueva o suministre, según los casos, seguridad a las personas y propiedades, estabilidad del marco institucional y previsibilidad o certeza acerca de los resultados de las decisiones que se adopten de forma que los operadores sepan “a qué atenerse” en cada momento.
El artículo 9.3 de la Constitución, entre los principios del estado de derecho garantiza el principio de la seguridad jurídica cuyas características han sido desarrolladas por la jurisprudencia constitucional como “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad” (STC 20.07.81).
No ayuda demasiado la afirmación del tribunal de garantías a los efectos de lo que aquí perseguimos. Se trata de delimitar el entorno en el que se identifica a la seguridad jurídica. Así, con Santos Pastor delimitamos parte de sus rasgos: conocimiento y certeza del derecho positivo, certeza de aplicación de ley por parte de los jueces, y del remedio en caso de incumplirla, certeza de la actuación administrativa, previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones propias o de terceros, y que las normas y actuaciones públicas sean resultado de un adecuado proceso de elaboración con participación del ciudadano.
Pues bien, una de las situaciones por las que la seguridad jurídica decae o se debilita se da cuando el sistema político resulta inestable lo que provoca que las normas sean excesivamente ambiguas e indeterminadas, o que la producción normativa sea excesiva y cambiante. Otras situaciones también producen dicho decaimiento, como una tutela judicial lenta, costosa, inefectiva e imprevisible, pero en ello no me detendré ahora, sin dejar dicho que en mi opinión esta última consecuencia también tiene su causa en la deficiente producción normativa.
El proceso de construcción de las normas desde el punto de vista de la técnica debe ser acometido por los técnicos expertos en ello, y no por los políticos o por los grupos de interés que son los que han de tener las ideas, en cuyas manos no debe caer la plasmación de las mismas en la gaceta legislativa.
Efectivamente, la producción normativa en nuestro sistema jurídico es mas que deficiente. No hay duda de que en parte la causa se encuentra en la inestabilidad política, en la fragilidad de las mayorías necesarias para conformar las normas, que a su vez deviene del oportunismo político presidido por la captación del voto. Aunque, a decir verdad, la producción normativa en periodos de mayor estabilidad, con mayorías suficientes, tampoco propició una adecuada producción normativa.
Así, el primer paso para llegar a la seguridad jurídica, que a su vez es una de las facetas de un sistema jurídico sólido, consistirá en lograr que la producción de nuestras normas se vea despojada de ambigüedad, de indeterminación, de excesiva generación y cambios constantes. En definitiva, se precisa de una técnica legislativa y normativa adecuada, que propicie claridad y concreción, que evite indeterminación y duda, y que impida el escapismo a su cumplimiento. El proceso de construcción de las normas desde el punto de vista de la técnica debe ser acometido por los técnicos expertos en ello, y no por los políticos o por los grupos de interés que son los que han de tener las ideas, en cuyas manos no debe caer la plasmación de las mismas en la gaceta legislativa.
Los ministerios y demás administraciones tienen secretarías generales técnicas encargadas de esta función, si bien me temo que no la desarrollan adecuadamente, y quiero entender que ello se debe a que carecen de los auténticos técnicos de que deberían estar compuestas.
Quizás habría que pensar en la creación de un órgano técnico, independiente, dotado de expertos, que velase ex ante de la adecuada técnica de confección de las leyes y las normas, a cuyo filtro estas estuvieran sometidas antes de la aprobación por los órganos correspondientes.
Tras la promulgación de leyes y normas claras, determinadas, concretas y por tanto comprensibles en cuanto a su finalidad y a su aplicación y cumplimiento, estaríamos dando el primer paso hacia la seguridad jurídica que se precisa para una adecuada administración de justicia, y que nos vaya llevando a una mejor convivencia y un mayor desarrollo económico y social.