En los últimos días hemos visto como uno de los pilares de nuestra sociedad, la sanidad, ha protagonizado y protagoniza situaciones de conflictividad. La huelga de los servicios de urgencias no hospitalarias de Madrid, y la de los sanitarios de la atención primaria de Madrid, la convulsión en el sistema cántabro, las manifestaciones en apoyo del sistema sanitario en Madrid y ahora en Andalucía….
Se puede decir que hay preocupación y por tanto hay reacción. Reacción esta que no tiene que ver con las filiaciones políticas de unos y otros, no nos equivoquemos, sino que tiene relación directa con la percepción de deterioro del sistema que va adquiriendo la ciudadanía una vez que vamos pasando la pandemia y que todos hemos entrado en contacto con el sistema sanitario de modo directo (las vacunas), indirecto (las situaciones difíciles de nuestros familiares y allegados, y el acercamiento de que nos han provisto los medios de comunicación).
Como digo, preocupación y reacción de todos en la sanidad. También la hay, quizás de forma más latente en este momento en el ámbito de la educación. Ya comenzó el curso y bajó la presión. Cuando llegue el momento de la evaluación de los resultados indudablemente subirá.
Sin embargo, sigo sin salir de mi asombro por la falta de preocupación y, por tanto, de reacción en lo tocante al tercero de nuestros pilares: la justicia. Para que se me entienda, no me estoy refiriendo al gobierno de los jueces convertido en campo de juego de la controversia política, cuyo análisis merece reflexión aparte. No, me refiero a la administración de justicia. Y cuando me pregunto por la causa de la falta de preocupación y de reacción veo que, salvo los operadores jurídicos, a la ciudadanía la mantenemos ajena a la importancia de la administración de la justicia.
Quizás el problema surge de la manipulación del concepto seguridad jurídica, del cual uno de sus custodios es la administración de la justicia. Efectivamente, vemos cómo los representantes políticos hacen uso del concepto de modo caprichoso para justificar sus posturas, a veces de modo inaceptable. Según D. Santos Pastor, profesor de Análisis Económico del Derecho (a quien me habría placido mucho conocer) la seguridad jurídica es un rasgo central del sistema jurídico que exige que este proporcione, garantice, facilite, promueva o suministre, según los casos, seguridad a las personas y propiedades, estabilidad del marco institucional y previsibilidad o certeza acerca de los resultados de las decisiones que se adopten de forma que los operadores sepan “a qué atenerse” en cada momento. Para completar su definición marca su contorno describiendo las fuentes de la inseguridad jurídica, es decir lo que provoca su vulneración. Tales fuentes de la inseguridad jurídica las encontramos en un sistema político inestable (aquí no lo es, pero tenemos que vigilar que no lo sea), unas normas demasiado ambiguas (la calidad técnica de nuestras normas roza lo deficiente) y cambiantes (la profusísima generación normativa pone de manifiesto su escasa durabilidad), una actuación administrativa excesivamente discrecional y gravosa (la sola confusión del llamado silencio administrativo lo pone de manifiesto) y una tutela judicial lenta e inefectiva.
Un buen aprovechamiento de los medios pasa por una desburocratización de las normas procesales, que si es verdad que son instrumento para preservar las garantías constitucionales, especialmente del derecho de defensa, no pueden ser la causa que produce la burocratización.
Como se puede ver, el sistema de tutela judicial, la administración de la justicia a que me estoy refiriendo, es uno de los contrafuertes de la seguridad jurídica. Y lo es hasta el punto de que su carencia o su defecto explica en una parte considerable un crecimiento indebido del producto interior bruto, o si se quiere decir de otra manera, un buen sistema de administración de justicia redunda en el crecimiento del IPC.
¿Qué estamos haciendo para afrontar este reto? La respuesta se encuentra entre el poco y el muy poco. Es probable que los gobernantes pongan como causa la falta de presupuesto para la dotación de medios materiales y personales. Si algo hay de cierto en ello, no es menos cierto que no es el motivo principal. Es preciso un buen aprovechamiento y uso de los medios existentes, una reasignación de los mismos para obtener una gestión eficaz y un resultado efectivo. A título de ejemplo, en el país existen diversos sistemas de comunicación entre el representante del justiciable y el sistema judicial cuando uno solo sería mas económico, menos complejo y más seguro. Un mejor aprovechamiento de los medios es también transitar de la burocracia a la humanocracia -a que se referían Hamel y Zanini- dando un tratamiento a las personas involucradas mas creativo, autónomo y responsable, al tiempo que haciendo del sistema de normas reguladoras de la relación administrativa de aquellas compatible con la adaptación y la flexibilidad. Igualmente, un buen aprovechamiento de los medios pasa por una desburocratización de las normas procesales, que si es verdad que son instrumento para preservar las garantías constitucionales, especialmente del derecho de defensa, no pueden ser la causa que produce la burocratización.
¿Preocupación y reacción?