La medida ha resultado del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos CCOO y UGT con motivo de dar respuesta a la situación económica del país, agravada por la guerra en Ucrania, así como la crisis energética derivada de esta, y la creciente inflación. La compensación adicional a los empleados públicos deberá hacerse efectiva "antes del 31 de diciembre de 2022, y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023", según refleja el Real Decreto.

 

El Real Decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, ha sido publicado en el BOE, en el que se establece que solo en el ejercicio del 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación por el importe equivalente necesario para hacer efectivo el incremento retributivo al personal del sector público.

 

Esta subida salarial, acordada en el marco de la Mesa General de Negociación de la Función Pública, tiene carácter retroactivo y será consolidada en el presente ejercicio. Por lo que este incremento se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año, con lo que la subida global para 2022 es del 3,5%. En lo que respecta al periodo 2022-2024, la mejora salarial alcanzará un porcentaje fijo del 8%, pudiendo incrementarse el mismo al 9,5%. Si se hacen cálculos en términos reales, la revalorización salarial puede alcanzar un 9,8%.

 

La subida quedará reflejada en las nóminas a partir del mes de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre del ejercicio en curso. Es así gracias al carácter retroactivo de la medida, ya que la subida inicial del 2% recogida en los PGE de 2022, lleva en vigor desde el 1 de enero de este año.