El Consejo de Ministros aprueba este 7 de julio el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, que deberá ser tramitado y ratificado por el Congreso posteriormente. Se trata de una ley que obligará a los supermercados e hipermercados a generalizar una práctica que algunos ya hacen de forma puntual: vender con precios rebajados alimentos 'feos' o con una fecha de caducidad próxima.

 

Con el mismo objetivo, tendrá que generalizarse una práctica ya extendida en muchos bares y restaurantes, como es ofrecer al cliente llevarse las sobras de la comida sin coste adicional. Las industrias, tiendas y restaurantes firmarán convenios con bancos de alimentos, ONG u organizaciones gestoras de comedores sociales para donarles los excedentes y asegurar su distribución, almacenamiento y uso seguro.

 

Esta ley intenta cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial. Y en España tenemos tarea por delante porque los hogares españoles tiran cada año a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona, según datos de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 

El trasfondo es que el problema del desperdicio alimentario no solo conlleva un coste económico y de recursos desaprovechados por los productores, distribuidores y consumidores; sino también ético, social y medioambiental. Para minimizar ambos impactos, la ley pretende establecer un modelo de buenas prácticas para reducir drásticamente el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo de toda la cadena, desde la cosecha en origen hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

 

El proyecto contempla un régimen sancionador que establece diferentes tipos de sanciones, de leves (2.000 euros) a muy graves y reincidentes (hasta 500.000 euros).