El juez Adolfo Carretero ha asumido la instrucción en torno a las comisiones ilegales cobradas por Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid por la compra de material sanitario. El magistrado ha destacado que los hechos investigados sucedieron en “el momento más álgido de la pandemia, con miles de fallecidos diarios”. Pese a ello el juez Carretero ha solicitado nuevas vías de embargo para Luis Medina al comprobar que en sus cuentas tan solo dispone de un saldo de 247,26 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció la pasada que la querella de la Fiscalía había sido admitida a trámite. En concreto se investigan posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y falsificación. Los dos empresarios habrían actuado “de común acuerdo” para “inflar artificialmente” los precios del material sanitario que vendían al consistorio y de esta forma “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”. Tal y como apunta el diario El País, las comisiones ascienden a un 60% en las mascarillas vendidas al Ayuntamiento, un 71% en los test y un 81% en los guantes.
Los beneficios millonarios fueron usados para comprar artículos de lujo, tal y como detalló la Fiscalía en su querella, entre ellos destacan una docena de coches de alta gama, relojes de oro, un yate y una vivienda valorada en más de un millón de euros. Sin embargo, el juez se encuentra ahora con que Luis Medina “sólo tiene saldo positivo en una de ellas por importe de 247,26 euros", en alusión a sus cuentas bancarias.
Ni rastro de los bonos bancarios por valor de 400.000 euros comprados por Luis Medina con las comisiones ilegales.
A raíz de esta nueva circunstancia, Adolfo Carretero ha solicitado a la Fiscalía y a las partes personadas que propongan nuevas medidas cautelares de carácter económico para que se aseguren las posibles responsabilidades civiles. Lo cierto es que el aristócrata hijo de la exmodelo Naty Abascal, había comprado, con las comisiones derivadas de su intermediación en la venta de material sanitario, dos bonos bancarios por valor de 400.000 euros.
El magistrado aceptó ayer al Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y como acusaciones particulares al PSOE y Podemos, a los que ha eximido de depositar fianza. Respecto a Rita Maestre y al Grupo Más Madrid, “no se tienen por personado como acción popular […], por no poder aportar el poder general para pleitos preceptivo, sin prejuicio de que puedan subsanar este defecto”.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se pronunció sobre la intermediación de su primo entre los empresarios y el consistorio. “He hablado con mi primo, pero no voy a decir qué he hablado con él. Me parece indignante en qué ha acabado el dinero de Madrid. Si el Ayuntamiento ha sido estafado, vamos a ejercer hasta las últimas acciones. ¿Alguien puede pensar que tuviéramos algún interés en cobrar más por las mascarillas?”, aseguró el alcalde que también argumentó que únicamente se contrató a “la empresa; no hicimos pagos a estas personas”.