La Fiscalía Anticorrupción confirma a la SER que los bancos, y no el ayuntamiento de Madrid, fueron quienes denunciaron inicialmente el caso por el que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño percibieron 6,1 millones de dólares cuando el contrato por mascarillas, guantes y test Covid no llegaba a los 12 millones (11,9). La Fiscalía imputa a los dos empresarios los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
El coronavirus ha causado muchos estragos en la vida de todo el mundo. Decenas de personas se han visto obligadas a cerrar sus negocios, y otras, se han enriquecido gracias a las nuevas necesidades que surgieron, como la venta de mascarillas o material de protección frente al Covid-19.
Este es el caso, presuntamente, de Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Nati Abascal, y un amigo, Alberto Luceño, que consiguieron altas comisiones del Ayuntamiento de Madrid, con el que se pusieron en contacto gracias a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Medina y Luceño por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Según parece, los dos empresarios actuaron con ánimo de "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" por la venta un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes y 250.000 test de autodiagnóstico rápido al Ayuntamiento de Madrid. Según Anticorrupción, Luis Medina se llevó un millón de dólares y Alberto Luceño cinco, dinero que les ha permitido comprar coches de alta gama, relojes de lujo e inmuebles con dinero público, aprovechándose de "su condición de personaje conocido en la vida pública".
Lo llamativo es que no fue el Ayuntamiento de Madrid el encargado de alertar sobre una posible estafa, sino que los propios bancos, sorprendidos por los exagerados ingresos en cuenta de los comisionistas y las discutibles explicaciones que les ofrecieron, ya que incluso llegaron a falsificar facturas para argumentarlos, alertaron al servicio de prevención de capitales, el Sepblac, y éste a su vez advirtió a la Fiscalía Anticorrupción, que en noviembre de 2020 inició las investigaciones.